PUEBLA, Pue. (apro).- El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Francisco Ortiz Pedraza, confirmó que el gobierno de Rafael Moreno Valle inició la construcción de un distribuidor vial, cercano a la pirámide de Cholula, sin contar con permiso del Consejo Nacional de Arqueología.
Luego de las protestas de académicos, investigadores y sociedad civil, el funcionario insistió en que el oficio con el que se ampara el gobierno estatal para iniciar esa obra es apenas una “preautorización” sujeta a una serie de condiciones.
Sin embargo, una copia del escrito emitido por la delegación del INAH el 11 de noviembre de 2013, con el número OF. NO. 401-A-311 (742-7)-14-00611, no precisa las condiciones que impuso la delegación del INAH para autorizar al gobierno a iniciar la construcción del puente elevado, que estaría a menos de 500 metros de la pirámide de Cholula.
“Se autoriza proyecto de modernización del distribuidor vial Cholula según planos sellados por este instituto”, señala el oficio.
Lo único que especifica no es precisamente una condicionante, ya que en vez de asentar que el gobierno está obligado a someter el proyecto a la aprobación de la Comisión de Arqueología del INAH, sólo establece que la administración estatal tendrá que “notificar” en caso de que haga excavaciones.
“En caso de cimentación y obras de drenaje deberá notificar a la sección de Arqueología para que realice la supervisión correspondiente”, se menciona en el escrito firmado por el delegado del centro INAH-Puebla.
Sin embargo, en entrevista con los medios locales, Ortiz Pedraza aseguró que hasta ahora no existe un permiso definitivo, ya que primero tendrían que hacerse exploraciones para determinar si existen vestigios arqueológicos en el área en la que se edificará el puente elevado de 500 metros de longitud y unos 20 metros de altura.
El funcionario reconoció que el distribuidor desembocará en un área catalogada como protegida, que corresponde a la calle 12 Oriente de Cholula, sin embargo, justificó que es un “tramo pequeño” por lo que no lo consideraron como un obstáculo para otorgar la “prefactibilidad”.
También dijo que la obra podrá ser autorizada de manera definitiva una vez que cumpla con los requisitos que corresponden, y que sólo sería suspendida si se encontraran en el área vestigios significativos, como algún templo, plazuela o ruina de grandes dimensiones.
La única condicionante que precisó el delegado es que pedirían al gobierno del estado que suprima los tirantes que se proyecta colocar al puente, para evitar que afecte la visual de Cholula.
Las organizaciones civiles que se oponen al proyecto anunciaron que interpondrán dos amparos en busca de evitar que prosiga la construcción.
El Comité Defensor del Patrimonio Cultural, Histórico y Ambiental de Puebla, Fundación Manuel Toussaint y Colectivo de Ciclismo Urbano aseguran que la construcción de este distribuidor vial destruiría vestigios arqueológicos, atentaría contra el derecho de movilidad de peatones y ciclistas, y afectaría la actual visual que tiene la pirámide y el volcán Popocatépetl, entre otros efectos negativos.
Y en cambio, aseguran que en lugar de ayudar a mejorar el tráfico vehicular, generaría mayores problemas, ya que desembocaría en calles estrechas de Cholula.
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