Washington. El presidente Nicolás Maduro anunció este lunes la captura de un presunto mercenario extranjero involucrado en una supuesta trama para desestabilizar al país, mientras el principal líder opositor negó que vaya a reunirse con el mandatario.
"Acabamos de capturar a un mercenario traído del Medio Oriente" en el estado central de Aragua, unos 120 kilómetros al oeste de Caracas, dijo Maduro.
El gobernador oficialista de Aragua, Tareck El Aissami, identificó en un tuit al presunto mercenario como "JAYSSAM MOKDED MOKDED, con pruebas contundentes para perpetrar actos TERRORISTAS".
En otros mensajes indicó que a "JAYSSAM MOKDED se le incautó un vehículo blindado, 13 equipos electrónicos. Dispositivos de comunicación para EEUU y COLOMBIA... Tenía un artefacto explosivo, pólvora y logística para las guarimbas (barricadas)".
Por su parte, el líder opositor Henrique Capriles acusó a Maduro de ordenar la "represión" contra manifestantes que han participado en las protestas de los últimos días que han dejado un saldo de 15 fallecidos, y descartó su participación en la reunión de gobernadores y alcaldes en el palacio presidencial que convocó Maduro para el miércoles.
"No hay condiciones para ir" al Consejo Federal, dijo Capriles, señalando que no está dispuesto a avalar un "gobierno moribundo y represivo".
"Lo único que quería Maduro era un apretón de mano y una foto para decirle al mundo que todo está bien, cuando internacionalmente está siendo calificado como genocida. ¿Cómo con una violación de derechos humanos como la que se está viviendo en el país vamos a presentarnos en el Palacio de Miraflores (sede del gobierno) a discutir un tema administrativo?", se preguntó.
El ex candidato presidencial señaló que Miraflores "no es un escenario para convocar la paz en el país" porque allí es donde se "ordena la represión" contra los manifestantes.
"Exigimos el cese de la represión y la tortura y que se abran investigaciones transparentes", indicó Capriles tras reconocer que recibió una comunicación del Centro Carter en la que la organización estadounidense expresa preocupación por la situación del país.
El líder afirmó que "si el gobierno no da respuesta a los venezolanos y el gobierno no trabaja... (y viene) más escasez, aquí va a venir una población enardecida que se va a llevar todo por delante".
Horas antes, el capitán retirado José Vielma Mora, gobernador oficialista del estado de Táchira, afirmó que hubo "un exceso de los guardias nacionales" al contener las protestas callejeras que se registraron el 20 de febrero en la ciudad de San Cristóbal, e indicó que a consecuencia de esas acciones el alto mando militar acordó la destitución del jefe de la región de defensa integral de los Andes, mayor general Noel Darío Bermúdez Pirela.
Algunos opositores y activistas de derechos humanos también han denunciado excesos de los cuerpos de seguridad en el manejo de las manifestaciones que se han registrado en Caracas y otras ciudades del interior del país en las últimas semanas.
El gobernador cuestionó, en una entrevista en la emisora local Onda, la decisión de las autoridades de enviar el jueves aviones de combate a sobrevolar San Cristóbal y dijo que "eso fue un grave error".
"Estoy en contra. Yo me molesté mucho. Innecesario haber pasado unos aviones militares sobre la ciudad de San Cristóbal", agregó Vielma Mora, un capitán retirado del ejército que fue uno de los oficiales que acompañó al fallecido expresidente Hugo Chávez en su fallido golpe de estado en febrero de 1992.
El gobernador también criticó una propuesta que lanzó la semana pasada el presidente Maduro de declarar un posible estado de excepción en Táchira ante los incidentes violentos y dijo que es "innecesario, es contraproducente, un estado de excepción especial para el estado Táchira...o la suspensión de las garantías para el estado Táchira".
"Los derechos individuales y colectivos no pueden ser cercenados y menos viniendo de una situación que la hemos controlado a través de la paz", señaló Vielma Mora.
El gobernador oficialista planteó que para solventar la difícil situación que enfrenta el país se debe promover un proceso de paz en el que "todos los que están ahorita presos por cuestiones políticas ¡mándalos pa' su casa! ", y mencionó que tanto el dirigente opositor Leopoldo López, que fue apresado la semana pasada por sus supuestas vinculaciones con las protestas, como el ex comisario Iván Simonovis, preso desde hace nueve años, deben ser liberados.
Un hombre identificado como Wilmer Carballo, 34 años, falleció el lunes en la población central de Cagua, estado Aragua, tras recibir un disparo, anunció la Fiscalía General en un comunicado sin ofrecer más detalles. También el joven Jimmy Vargas murió este lunes luego de pasar varios días internado en un centro de salud de la ciudad suroccidental de San Cristóbal a donde ingresó tras ser herido cuando guardias nacionales contenían una protesta callejera con balas de goma y gases lacrimógenos.
Con la muerte de estas dos personas se elevan a 15 los fallecidos por los violentos incidentes que se han presentado en Caracas y otras ciudades del interior del país que han dejado 149 heridos.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz dijo en rueda de prensa 579 personas fueron arrestadas por los hechos de violencia, de las cuales sólo a 45 se les abrió un proceso y permanecen detenidas, entre ellas nueve funcionarios de los cuerpos de seguridad.
Entre las personas detenidas sujetas a proceso judicial están tres miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional —la policía política_, implicados en las muertes de dos personas en el centro de la capital en las violentas protestas del 12 de febrero. También fueron apresados tres guardias nacionales, dos integrantes de la policía del municipio capitalino de Chacao y un funcionario de la policía del estado Mérida, precisó la funcionaria.
La fiscal indicó que por el caso de las dos muertes ocurridas el 12 de febrero en el centro de Caracas las autoridades están tras la búsqueda de otras cuatro personas, cuyas identidades no reveló.
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