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| Periodistas protestan ante la indolencia gubernamental. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (apro).- Artículo 19 censuró la indolencia mostrada por el gobierno de Enrique Peña Nieto ante las agresiones a periodistas, además de que, añadió, mantiene cooptados algunos medios de comunicación y la opacidad en la difusión de la información continúa firme.
Durante la presentación del Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI), creado por Artículo 19 y México Infórmate, Darío Ramírez, director para México y Centroamérica de la primera organización, sostuvo que aun cuando han disminuido actos extremos de violencia contra la prensa, han crecido otro tipo de ataques que mantienen en alerta a los medios.
En entrevista con representantes de los medios de comunicación, Ramírez admitió que en 2013 disminuyeron en 80% los casos de homicidios y desapariciones de periodistas. La reducción es significativa tomando en cuenta que “la media que veníamos manejando en los últimos 10 años era de nueve a 10 periodistas asesinados”, apuntó.
Añadió:
“Lo que ha crecido en 43% es el número de otra violencia contra la prensa: intimidaciones, amenazas, violencia física y ataques cibernéticos a los medios de comunicación”.
Asimismo, reprobó que los instrumentos creados para proteger a periodistas no estén funcionando adecuadamente, dado que, subrayó, “hay una indolencia del Estado mexicano hacia la prensa. No le importa que los mismos periodistas tengan que buscar refugio porque el Estado mexicano está ausente y porque las medidas que ha tomado son ineficaces”.
Criticó que a siete años de la creación de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), aún no hay resultados efectivos en términos de combate a la impunidad, y en cuanto al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), “no toma en serio la protección a periodistas”.
Al citar como ejemplos la incursión de un comando armado en la casa de la periodista Anabel Hernández y los ataques a Carmen Olsen, reportera de Baja California, Ramírez señaló que ocurrieron “por negligencia del Mecanismo de Protección, y evidentemente ello preocupa gravemente”.
Tras recordar que fue el propio Peña Nieto quien se comprometió a establecer reglas claras en la distribución de recursos del gobierno para adquirir publicidad y evitar el condicionamiento de los medios, Ramírez resaltó que con el regreso del PRI al poder también volvieron las tradicionales prácticas de control de la prensa.
“El mecanismo priista pasa por la cooptación de los medios, por la relación comercial entre medios y autoridades, por la presión de controlar (…) No hay víctimas ni victimarios, lo que hay es una relación perversa en términos de opacidad entre algunos medios de comunicación, no todos, y autoridades a través de la opacidad en los contratos comerciales”, sostuvo.
En cuanto a la revisión de las oficinas de acceso a la información, durante la presentación del INOGDAI se destacó que 81% de los órganos estatales de transparencia no garantizan ese derecho, siendo San Luis Potosí el estado más opaco, con un índice de 20.1%, seguido por el Estado de México, con 39.2%. El mejor calificado fue Puebla, con apenas 70.2%.
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