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| El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Octavio Gómez |
A Raquel Tibol, artista de la agudeza y el rigor críticos.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La rapidez y el desaseo legislativo con que se aprobó la reforma energética lleva el sello indeleble de la casa priista, con un propósito claro: renovar una hegemonía que les permita permanecer en Los Pinos, si no otras siete décadas, por lo menos algunos sexenios más. Estamos ante la evidencia del proceso de restauración del antiguo régimen a través de la adaptación de las viejas artimañas del presidencialismo autoritario a la nueva realidad política del país: la de un pluralismo enteco, inmerso en la cultura del chanchullo.
En medio de una situación muy favorable, derivada del debilitamiento y de las pugnas internas de los dos principales partidos de oposición, los operadores políticos del gobierno y su partido echaron mano de su larga experiencia en el dominio de las malas artes de la política autoritaria para lograr, en un año, lo que no se consiguió durante los cuatro sexenios de Salinas, Zedillo, Fox y Calderón. Mediante un vertiginoso proceso legislativo plagado de irregularidades, el gobierno del presidente Peña cumplió su propósito fundamental de modificar el artículo 27 de la Constitución (además del 25 y el 28), pilar y último baluarte del nacionalismo revolucionario.
Nacido en y del poder, el PRI siempre estuvo acostumbrado a controlar la disidencia mediante las herramientas distintivas del autoritarismo presidencial: corporativismo, clientelismo y cooptación; sometimiento de los poderes Legislativo y Judicial, así como de los medios de comunicación, además del arte de la simulación, compra de voluntades, trampas y engaños, manipulación informativa (a la que ahora se agrega Twitter), violación de procedimientos legislativos y una novedad: la flagrante contradicción disfrazada en el texto de las reformas constitucionales.
La simulación jurídica se ha incrustado en la Constitución. Menciono un solo ejemplo: Mientras en el artículo 27 se mantiene que en cuanto a hidrocarburos “no se otorgarán concesiones”, en el artículo 4 transitorio de la reforma se permiten, “entre otros”, los contratos “de licencia”, que no es sino otra forma de llamar a las concesiones. No, pero sí. Argucia vil. (Diego Valadés, La Constitución desfigurada, Reforma, 10/12/13.)
Recordemos que, en la preparación para recuperar la Presidencia, los actuales detentadores del Poder Ejecutivo hicieron todo lo posible por implantar la cláusula de gobernabilidad que les permitiera tener una mayoría en el Congreso sin haberla obtenido en las urnas. Al no lograrlo, tuvieron que adaptarse a las incómodas reglas de la democracia. Lo que hemos visto en las últimas semanas es el resultado de la adecuación de añejos métodos y triquiñuelas a un pluralismo vulnerable y maleable.
Para beneficio del PRI, la defectuosa transición democrática está conformada por partidos débiles y proclives a ser cooptados. Tras el fracaso de la docena trágica, haber traicionado sus principios y ubicado como tercera fuerza, el PAN enfrenta divisiones y una implacable disputa por el poder. En ese campo, la rebatiña por el liderazgo partidario es aun más intensa y penosa en el PRD. Por su parte, ya se vio que Morena sin López Obrador es inviable y que su liderazgo carismático no es heredable. De los partidos rémora ni hablar. En esta coyuntura, la cooptación, en la que el PRI es experto, es pan comido.
En la reforma aprobada por los congresos federal y estatales prevaleció la propuesta del PAN, que permite una amplia variedad de participación del capital privado, nacional y extranjero en la exploración, extracción y venta de hidrocarburos (muy probablemente esto fue pactado por el PRI y el PAN desde antes de enviar sus respectivas propuestas al Congreso). Ello implica una transformación profunda de la soberanía del Estado mexicano sobre sus recursos naturales no renovables, así como la inhumación de lo que sobrevivía del nacionalismo revolucionario.
Ante ese hecho quedan dos opciones sensatas, no necesariamente excluyentes: Tratar de revertir la reforma energética mediante una consulta popular vinculatoria en 2015 o exigir que en la legislación secundaria se establezcan las normas regulatorias de transparencia, rendición de cuentas y auditoría, así como las sanciones a los corruptos.
Es indispensable que se definan, con rigor, claridad y de cara a la opinión pública, las nuevas funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía, así como del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
En el combate a la corrupción, un ejemplo indispensable a seguir es la empresa petrolera noruega Statoil, por su compromiso con la transparencia, la apertura y la tolerancia cero a la corrupción en sus operaciones. No basta con haber removido al sindicato del Consejo de Administración de Pemex. Asimismo, es imperativo que México se afilie a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés), cuyo propósito es promover la transparencia y la rendición de cuentas en las industrias petrolera, minera y de gas a escala mundial.
El gobierno y sus aplaudidores presentan la reforma como una panacea. Sin embargo, sabemos bien que la privatización de empresas públicas no es garantía de beneficio para la nación y la sociedad en su conjunto, como tampoco lo es compromiso frívolo de “administrar la abundancia”. Cuidado con las llamadas paradoja de la abundancia (paradox of plenty) o maldición de la profusión (resource curse), cuyo ejemplo paradigmático es Nigeria, donde a causa de la corrupción producida por la riqueza petrolera no creció la economía, descendió el desarrollo social y se produjeron inestabilidad y conflictos violentos. También hay que evitar la enfermedad holandesa (Dutch disease), en la que la afluencia de ingresos provenientes del petróleo ocasiona el sobrecalentamiento de la economía.
Ha quedado claro el estilo personal de reformar del presidente Enrique Peña Nieto. Están por verse sus consecuencias.
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