Credito: Archivo
24-06-13.-El presidente de Ecuador, Rafael Correa, informó este lunes que tomará con "absoluta soberanía" la decisión que "creamos adecuada" sobre el asilo que solicitó el exempleado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por su sigla en inglés) Edward Snowden, quien es reclamado por Estados Unidos por filtrar a la prensa la existencia de un programa ultrasecreto de vigilancia de la NSA.
"Tengan la seguridad de que analizaremos muy responsablemente el caso Snowden y tomaremos con absoluta soberanía la decisión que creamos más adecuada", declaró Correa a través de su cuenta en Twitter @MashiRafael.
Más temprano, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, señaló que el Ejecutivo ecuatoriano considera dar asilo político al exempleado de la CIA, quien se encuentra en Rusia.
Patiño recordó que Snowden ha remitido a Ecuador una solicitud de asilo dirigido al presidente Correa, ante "el riesgo de persecución" de Washington y "sus agentes por hacer públicas graves violaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos, que está interceptando la mayoría de las comunicaciones en el mundo", tal como lo explicó el ciudadano estadounidense en su petición.
El canciller adelantó que Snowden "ha llegado a Rusia y el Gobierno de Ecuador ha mantenido contacto respetuoso y diplomático con el Gobierno ruso", de quien espera "tome la decisión más conveniente según sus leyes, políticas y normativas internacionales que pueda fijarse a ese caso".
Patiño reiteró que ante la solicitud de protección de Snowden, Ecuador pone "por encima de los intereses, los principios de la Constitución que determina la conducta del Gobierno ecuatoriano".
Snowden publicó en las páginas del diario británico The Guardian un programa secreto que le permite a la NSA ingresar directamente a los servidores de Google, Facebook, Skype, Microsoft y Apple, así como un sistema donde se detallan los países blancos de espionaje, tales como Irán, China, Pakistán y Egipto.
El pasado viernes, EE.UU. pidió su extradición para que responda a tres cargos de espionaje y robo de propiedad federal, presentados en un tribunal en Virginia (este), que podrían acarrearle hasta 30 años en prisión.
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