Marco Antonio Huerta Medina, agente de la Policía Judicial Federal (PJF) que trató de impedir la labor de reporteros.
Foto: José Luis de la Cruz
Foto: José Luis de la Cruz
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Los dirigentes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Gonzalo Juárez Ocampo y Minervino Morán Hernández, acudieron esta mañana a la sede del Juzgado Séptimo de Distrito para ratificar su solicitud de amparo, recurso que les fue concedido para no ser detenidos y enfrentar en libertad el proceso penal que existe en contra de ellos y 22 miembros más del magisterio disidentes.
De manera paralela, el magisterio disidente marchó y realizó un mitin en el centro de esta capital para conmemorar de manera pacífica el Día del Maestro.
El martes 14 Apro reveló que jueces de primera instancia de Acapulco y de esta capital libraron órdenes de aprehensión contra 24 miembros de la CETEG, acusados por la Procuraduría local de sedición, motín, ataques a las vías de comunicación y daños en agravio del gobierno del estado, Secretaría de Educación estatal y la sociedad.
De acuerdo con un informe oficial, las imputaciones contra los cetegistas están radicadas en siete causas penales, seis de ellas integradas este año y una en 2012, de las que tres se encuentran en los juzgados 1 y 10 en materia penal de primera instancia en Acapulco, y las cuatro restantes en los juzgados 1, 2 y 3 con sede en esta capital.
Juárez Ocampo y Morán Hernández cuentan con tres órdenes de aprehensión cada uno, mismas que fueron libradas a principios de marzo y mediados de abril por los jueces de primera instancia de Chilpancingo.
No obstante, la juez séptima de distrito, María Soledad Rodríguez González, otorgó un amparo a ambos para que enfrenten su proceso penal sin ser detenidos, recursos que fue ratificado este día durante una audiencia realizada por la mañana en la sede que alberga los juzgados 1 y 7 de distrito, en el centro de esta capital.
En este lugar, Marco Antonio Huerta Medina, agente de la Policía Judicial Federal (PJF) y quien se ostentó como “jefe de seguridad” de los juzgados de distrito, agredió física y verbalmente al fotógrafo José Luis de la Cruz –colaborador de Proceso– y a este corresponsal, con el propósito de impedir la labor periodística argumentando que “no se podía” tomar fotos al edificio público y mucho menos “a las personas”.
El hecho se registró cerca de las 10:00 horas, cuando los reporteros que estaban frente al edificio del PJF –sobre la calle 5 de Mayo, debido a que los jueces de distrito han prohibido el acceso a la prensa– comenzaron a documentar la salida de los dirigentes cetegistas.
Enseguida, un sujeto vestido de civil –playera azul y pantalón de mezclilla– se lanzó contra los reporteros exigiendo a gritos que no se tomaran fotografías; luego bloqueó con su mano el lente de la cámara de José Luis de la Cruz, al tiempo que exigía a quienes cubríamos los hechos que nos identificáramos.
Este corresponsal reprochó la actitud del agente federal, al argumentar que estaba obstruyendo nuestra labor informativa, sobre todo porque nos encontrábamos en la calle y no en una zona restringida y, cuando se le preguntó de quién se trataba, se asumió como jefe de seguridad de los juzgados.
Sin embargo, el sujeto portaba una credencial colgada al cuello que lo acredita como agente de la PJF, adscrito a la oficina de enlace regional Chilpancingo de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).
El incidente se convirtió en un altercado luego de que este reportero retiró la mano del federal que bloqueaba la cámara fotográfica del colaborador deProceso; en respuesta, el policía vestido de civil lanzó un golpe al corresponsal de Apro.
Enseguida, otros compañeros reporteros intervinieron para tratar de apaciguar el conflicto y Huerta Medina ordenó, en tono iracundo, a los policías estatales que resguardan habitualmente la sede de los juzgados de distrito que detuvieran al corresponsal.
Sin embargo, los uniformados se negaron y, molesto, el agente federal exigió que se llamara a los policías municipales. Cuando arribaron estos últimos, el agente federal exigió que se llevaran detenido a este corresponsal, alegando que había sido “agredido”, pero los uniformados se retiraron porque Huerta Medina se negó a presentar cargos formales en contra del reportero.
Sin embargo, lo que sí hizo Marco Antonio Huerta fue lanzar una serie de insultos y amenazas en contra del corresponsal de Apro:
“Si no fuera por tus amigos que traen camaritas ya te hubiera llevado la chingada, hijo de tu puta madre”, advirtió el policía judicial federal.
Luego de manera reiterada y con la clara intención de montar una provocación, el federal calificaba a este reportero y los colegas que estaban en el lugar como “pinches mugrosos muertos de hambre”, expresiones utilizadas comúnmente por integrantes de la delincuencia organizada.
El corresponsal optó por retirase del lugar para que el incidente no pasara a mayores y evitar poner en riesgo al resto de los comunicadores, debido a que el agente federal comenzó a solicitar “refuerzos” a través de su teléfono móvil.
El policía judicial federal vestido de civil formaba parte de un grupo de agentes que vigilaban la zona donde acudieron los dirigentes cetegistas a ratificar su solicitud de amparo.
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