L
a ciudad de México está rodeada por dos estados cuyos gobiernos, al viejo estilo, mantienen o pretenden retener el control de sus entidades con herramientas de fuerza, con elementos armados, o bien con poder económico en grandes cantidades, para tener tranquilos a los críticos comprables y también para exagerados gastos en publicidad e imagen.
El gobierno del estado de México, con el que compartimos los más amplios linderos y densas zonas conurbadas, funda su estilo de gobernar en desplantes declarativos de todo tipo, de vez en cuando autoritarios y en la profusión de gastos en viajes y campañas publicitarias. Ante la tragedia por la explosión de un transporte de gas en Xalostoc, la primera reacción del gobernador desde el Vaticano, cuando aun dudaba si regresar rápidamente o quedarse a la audiencia papal, fue que se castigaría a los responsables, aún antes de pensar en proteger o ayudar a las víctimas, posición que luego corrigió, pero que fue la primera y espontánea, que como saben los investigadores, es la que expresa la verdadera motivación de las acciones.
Por su parte, el gobernador de Morelos opinó que hay que usar el poder y la fuerza en contra de lo que llamó la
narco guerrilla, concepto que en México no es usual; además, ha calificado fuertemente y pedido mano dura contra la movilización social de maestros y otros grupos, lo que lo define como un gobernante proclive al uso de la fuerza en vez del diálogo.
En otro ámbito no geográfico sino político y sociológico, el gobierno de la capital también tiene forzosamente que convivir e interactuar con el federal, que entre otras marcas autoritarias, cuenta con un asesor en materia de seguridad, el militar colombiano experto en persecución de enemigos y sometimiento de poblaciones civiles que los acogen por temor o por convicción.
Un personaje así, no sólo por ser extranjero sino por su profesión, carece de sensibilidad, sentido de solidaridad y fraternidad con el pueblo del país al que llegó a prestar sus servicios por un pago, como a cualquier otro.
Así, la situación del gobierno del Distrito Federal no es nada cómoda, ante las graves divisiones de forma y de fondo de la izquierda, no cuenta con partidos de carácter nacional que lo apoyen y, por tanto, le quedan las fuerzas populares con las que ganó de manera incontrastable y la atención no electorera de los programas sociales que heredó de los gobiernos que lo precedieron y que ha sabido conservar e incrementar.
Está obligado a mantener relaciones formales indispensables con los demás gobiernos, especialmente con el federal y simultáneamente a demostrar a sus votantes, simpatizantes y seguidores, que tiene una línea de gobierno propia, como él mismo lo ha dicho, de izquierda y, por tanto, contraria a la corriente que prevalece.
En cuanto a la seguridad pública y a la constante presencia de manifestantes y disidentes de todo tipo que llegan a expresarse a calles y plazas de la capital, tendrá que escoger tarde o temprano entre dos estilos contrastantes: uno, el uso preferente de la fuerza; y el otro, el ejercicio de la tolerancia, el diálogo y principalmente la búsqueda de soluciones reales a los problemas que la gente plantea.
Los teóricos de la filosofía política distinguen entre autoridad y poder; se dice que cuando el que manda, los congresos, los jueces, el ejecutivo, cuentan con la aceptación o anuencia voluntaria y libre de los gobernados, el que manda tiene autoridad; cuando no hay esa anuencia y se obedece por temor o en forma obligada por el ejercicio directo de la fuerza, estamos ante un poder sin autoridad.
El gobierno de la capital del país tiene la autoridad que se genera por su propia historia y por la votación popular, pero tendrá lamentablemente y en forma frecuente la tentación provocada expresamente por quienes quisieran que fuera un gobierno igual a los otros, decaer en el ejercicio del poder sin autoridad.
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