Mar de protestas empaña cambio de gobierno en Tabasco
VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- A menos de una semana del cambio de gobierno, un mar de protestas de empleados y jubilados del gobierno, así como de empresarios, sacuden la entidad y empañan la transición política después de 83 años sin interrupción de gobiernos priistas.
En este conflictivo escenario, diputados de la entrante 61 Legislatura rindieron protesta, así como los titulares de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del nuevo gobierno perredista que encabezará, a partir del 1 de enero, Arturo Núñez Jiménez.
En acuerdo con el mandatario electo, el gobernador saliente, el priista Andrés Granier Melo, entregó en palacio los nombramientos a los nuevos titulares de la PGJE y de la SSP, Fernando Valenzuela Pernas y el general retirado Audomaro Martínez Zapata.
Mientras en el Congreso los 35 nuevos diputados (19 de PRD, ocho de PRI, dos de PAN, dos de PT, dos del Movimiento Ciudadano, uno de Nueva Alianza y uno del PVEM) rindieron protesta para iniciar el primer periodo de sesiones el próximo 1 de enero y concluir en diciembre de 2015.
Y tocó al nuevo procurador Fernando Valenzuela enfrentar la primera manifestación de más de 50 peritos, agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos y otros empleados de la dependencia por la falta de pagos de compensaciones y la certificación.
En protesta frente a las instalaciones de la PGJE, los empleados denunciaron la falta de pago de 12 mil pesos correspondientes a aquellas prestaciones, razón por la que amagaron con parar labores si no se les liquida antes del sábado 29.
Valenzuela Pernas recibió a los inconformes en grupos de diez y ofreció gestionar sus reclamos ante la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.
Por su lado, decenas de proveedores se manifestaron frente a la misma dependencia para exigir pagos, en muchos casos atrasados desde mediados de año, por materiales de limpieza, papelería, cómputo y otros artículos.
Los empresarios se quejaron de que se les negó el acceso para hablar con los responsables del área de pago, por lo que amagaron con regresar a protestar este viernes, al tiempo que convocaron a otros proveedores para que se sumen al movimiento de reclamo.
“Desde mediados del año no podemos cobrar lo que ya surtimos y facturamos. Esto nos ha ocasionado un quebranto en nuestros negocios al tener que estar pagando intereses de tarjeta, de bancos”, denunció Víctor Morales, uno de los afectados.
En su caso, abundó, exige el pago de unos 200 mil pesos, aunque la deuda total de los inconformes, micros, pequeños y medianos empresarios, rondaría los 20 o 30 millones.
Por su lado, burócratas jubilados bloquearon la céntrica avenida 27 de Febrero y accesos a las oficinas centrales del Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSET), en demanda del pago de pensiones y aguinaldos.
El sindicato de trabajadores del ISSET, por su parte, anunció que mañana, a partir de la 6:00, iniciará un paro en todo el servicio médico y oficinas administrativas, en protesta también por falta de pago de salarios y aguinaldos.
Lo anterior se suma a la grave crisis financiera que enfrentan los cinco hospitales de alta especialidad de esta capital –de la Mujer, del Niño, Juan Graham Casasús, Gustavo Rovirosa y Psiquiátrico–, los cuales continúan sin productos básicos para atender pacientes.
El diputad federal del PRD, Marco Rosendo Medina Filigrana, reveló que los bancos se han negado a otorgar el crédito que el Congreso estatal autorizó al gobierno de Andrés Granier por 4 mil 130 millones de pesos, debido a que temen a que la próxima administración perredista desconozca la deuda.
“Los bancos se han negado a otorgar el crédito debido a la falta de transparencia que existe al respecto”, aseguró el legislador federal, quien anunció que esta información fue dada a conocer durante la última sesión del Congreso de la Unión.
Después de que el Congreso local autorizó el referido empréstito a Granier Melo, el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano (MC) presentó en el Congreso de la Unión una solicitud para que los diputados federales pidieran a los bancos no otorgar al gobernador Andrés Granier el préstamo de 4 mil 130 millones de pesos, ya que el crédito sería impugnado constitucionalmente.
En este conflictivo escenario, diputados de la entrante 61 Legislatura rindieron protesta, así como los titulares de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del nuevo gobierno perredista que encabezará, a partir del 1 de enero, Arturo Núñez Jiménez.
En acuerdo con el mandatario electo, el gobernador saliente, el priista Andrés Granier Melo, entregó en palacio los nombramientos a los nuevos titulares de la PGJE y de la SSP, Fernando Valenzuela Pernas y el general retirado Audomaro Martínez Zapata.
Mientras en el Congreso los 35 nuevos diputados (19 de PRD, ocho de PRI, dos de PAN, dos de PT, dos del Movimiento Ciudadano, uno de Nueva Alianza y uno del PVEM) rindieron protesta para iniciar el primer periodo de sesiones el próximo 1 de enero y concluir en diciembre de 2015.
Y tocó al nuevo procurador Fernando Valenzuela enfrentar la primera manifestación de más de 50 peritos, agentes del Ministerio Público, asesores jurídicos y otros empleados de la dependencia por la falta de pagos de compensaciones y la certificación.
En protesta frente a las instalaciones de la PGJE, los empleados denunciaron la falta de pago de 12 mil pesos correspondientes a aquellas prestaciones, razón por la que amagaron con parar labores si no se les liquida antes del sábado 29.
Valenzuela Pernas recibió a los inconformes en grupos de diez y ofreció gestionar sus reclamos ante la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado.
Por su lado, decenas de proveedores se manifestaron frente a la misma dependencia para exigir pagos, en muchos casos atrasados desde mediados de año, por materiales de limpieza, papelería, cómputo y otros artículos.
Los empresarios se quejaron de que se les negó el acceso para hablar con los responsables del área de pago, por lo que amagaron con regresar a protestar este viernes, al tiempo que convocaron a otros proveedores para que se sumen al movimiento de reclamo.
“Desde mediados del año no podemos cobrar lo que ya surtimos y facturamos. Esto nos ha ocasionado un quebranto en nuestros negocios al tener que estar pagando intereses de tarjeta, de bancos”, denunció Víctor Morales, uno de los afectados.
En su caso, abundó, exige el pago de unos 200 mil pesos, aunque la deuda total de los inconformes, micros, pequeños y medianos empresarios, rondaría los 20 o 30 millones.
Por su lado, burócratas jubilados bloquearon la céntrica avenida 27 de Febrero y accesos a las oficinas centrales del Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSET), en demanda del pago de pensiones y aguinaldos.
El sindicato de trabajadores del ISSET, por su parte, anunció que mañana, a partir de la 6:00, iniciará un paro en todo el servicio médico y oficinas administrativas, en protesta también por falta de pago de salarios y aguinaldos.
Lo anterior se suma a la grave crisis financiera que enfrentan los cinco hospitales de alta especialidad de esta capital –de la Mujer, del Niño, Juan Graham Casasús, Gustavo Rovirosa y Psiquiátrico–, los cuales continúan sin productos básicos para atender pacientes.
El diputad federal del PRD, Marco Rosendo Medina Filigrana, reveló que los bancos se han negado a otorgar el crédito que el Congreso estatal autorizó al gobierno de Andrés Granier por 4 mil 130 millones de pesos, debido a que temen a que la próxima administración perredista desconozca la deuda.
“Los bancos se han negado a otorgar el crédito debido a la falta de transparencia que existe al respecto”, aseguró el legislador federal, quien anunció que esta información fue dada a conocer durante la última sesión del Congreso de la Unión.
Después de que el Congreso local autorizó el referido empréstito a Granier Melo, el grupo parlamentario del Movimiento Ciudadano (MC) presentó en el Congreso de la Unión una solicitud para que los diputados federales pidieran a los bancos no otorgar al gobernador Andrés Granier el préstamo de 4 mil 130 millones de pesos, ya que el crédito sería impugnado constitucionalmente.
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