Los sobrevivientes de la matanza de Acteal quieren que Ernesto Zedillo sea juzgado por su responsabilidad en ese asesinato masivo. El priista –a quien Felipe Calderón le arrojó un salvavidas en forma de solicitud de inmunidad– arguyó que la demanda en su contra es “una revancha política” amparada en el anonimato. Pero no es así: Los demandantes tienen nombre y apellidos. Ahora el expresidente inicia sus movimientos de defensa en Connecticut, quiere que Estados Unidos le dé el mismo trato que al exdictador filipino Ferdinand Marcos y dice de sí mismo que fue “el arquitecto de reformas históricas que llevaron a México a un nuevo amanecer de libertad electoral”.
El 22 de diciembre de 1997 Ernestina Pérez Luna apenas tenía 10 años. Esa mañana, junto con su familia y vecinos de la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de Chenalhó, participaba en la capilla local en una jornada de ayuno y oración por la paz en Chiapas cuando un grupo paramilitar los atacó con armas de alto poder.
Fueron asesinadas 45 personas: 18 mujeres –cinco de ellas embarazadas–, siete hombres, 16 niñas de entre ocho meses y 17 años y cuatro niños de entre dos y 15 años. Otras 26 personas, en su mayoría menores de edad, resultaron heridas. Cuatro con lesiones permanentes.
Fue el caso de una de las hermanas de Ernestina, Zenaida, quien a causa del ataque a mansalva con rifles R-14 y AK-47 quedó ciega a los cuatro años. Ernestina además perdió a su padre Miguel Pérez Jiménez, de 40 años, a su madre Marcela Luna Ruiz, de 35, y a sus hermanos Juana, Silvia y Alejandro, de 10, seis y 16 años.
Huérfana, Ernestina tuvo que hacerse cargo de Zenaida, afectada de por vida, y Rosela, de sólo dos años. Ahora, 15 años después, ella es una de las víctimas cuyo nombre aparece en la demanda civil en Estados Unidos contra el expresidente Ernesto Zedillo para que se le juzgue como responsable y encubridor de la masacre.
La demanda también fue presentada por Mariano Luna Ruiz, quien en esos hechos perdió a su esposa Juana Pérez Pérez, de 33 años, y a su hijo Juan Carlos Luna Pérez, de sólo dos.
En el juicio civil al que pretenden darle cauce en Estados Unidos también emplazaron a Jorge Madrazo Cuéllar, procurador general de la República en el gobierno de Zedillo. Los acusan de conspiración para encubrir la responsabilidad del entonces presidente antes, durante y después de la matanza.
Por tratarse de un juicio civil, lo que las víctimas buscan es la reparación en términos de un daño moral. Pretenden que una eventual sentencia en Estados Unidos se limite a decidir si procede o no el pago de una indemnización económica, no si Zedillo debe ser o no encarcelado por sus supuestos delitos de omisión o comisión. La reparación del daño la cifran en 50 millones de dólares.
Pero según Zedillo se trata de “un caso calumnioso” en el que la Corte Federal del Distrito de Connecticut carece de jurisdicción, según un documento que presentó el miércoles 19 a esa instancia judicial donde fue interpuesta la demanda y en el que para defender su inmunidad recuerda la que en su momento le dio Washington al exdictador de Filipinas, Ferdinand Marcos.
Acusa a sus demandantes de usar la Corte estadunidense “como un vehículo para la revancha política haciendo alegatos calumniosos detrás del velo del anonimato”.
Los culpables, libres
Ernestina lleva los mismos apellidos de Omar Pérez Luna, el abogado que los representa a ella y a Mariano Luna Ruiz en el juicio de amparo 1093/2012 que ambos promovieron el 25 de septiembre de este año en México contra la inmunidad solicitada en noviembre de 2011 por el gobierno de Felipe Calderón al Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los demandantes, cuyos nombres no se conocían hasta ahora, dicen en su escrito de amparo presentado en México: “El dieciséis de septiembre de 2011, demandamos al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en Estados Unidos de Norteamérica, como víctimas y familiares de la matanza de Acteal, Chiapas”.
La demanda en ese país fue presentada por 10 indígenas tzotziles –cuatro mujeres y seis hombres– que reclaman por la ejecución extrajudicial de sus padres y madres y por la comisión de diferentes delitos de lesa humanidad.
Bajo seudónimo, los familiares y sobrevivientes de la masacre demandaron a Zedillo en la Corte de Connecticut porque en esa ciudad vive el expresidente, ahora profesor del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale.
En su momento el gobierno de Zedillo hizo una investigación, consignó a los supuestos culpables y hasta publicó un “libro blanco” sobre la matanza, de la que responsabilizó a un grupo de indígenas también tzotziles, como parte de un conflicto intracomunitario de la organización conocida como Las Abejas. En total 83 fueron condenados a penas de entre 20 y 40 años.
Pero en agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 20 de ellos por considerar que fueron condenados con pruebas obtenidas de manera ilegal y por la fabricación de testimonios por parte del gobierno de Zedillo. Otros 17 han sido liberados desde entonces, además de que hay más casos en revisión.
En la búsqueda del amparo judicial, Ernestina Pérez Luna y Mariano Luna Ruiz aseguran que las víctimas y sus familiares no han podido obtener justicia en México, por lo que algunos de ellos han recurrido incluso a demandas penales contra los responsables en instancias internacionales.
Luna Ruiz ha declarado incluso que los liberados por la SCJN sí fueron responsables, pero el máximo tribunal, con la intermediación de la Clínica de Litigio de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, resolvió a favor de los presos por considerar que hubo violaciones en su procedimiento judicial.
Ante el argumento de falta de justicia, Ernestina Pérez y Mariano Luna decidieron ir por Zedillo a Connecticut, en un juicio civil solicitado por los despachos Matthew Dallas Gordon y Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess.
Pero el gobierno de Calderón gestionó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una solicitud de inmunidad a favor de Zedillo.
La petición fue tramitada en noviembre de 2011 por la embajada de México en Washington y casi un año después, el pasado 7 de septiembre, la administración de Barack Obama accedió al pedido y presentó la Sugerencia Ejecutiva de Inmunidad ante la Corte Federal de Connecticut con el argumento de que “si esas acciones fueron tomadas por Zedillo, lo fueron en su capacidad oficial”.
La respuesta de las víctimas vino casi tres semanas después.
El 25 de septiembre, Ernestina Pérez y Mariano Luna promovieron en México el amparo contra los actos de autoridad de Calderón, entonces presidente de México, su secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, y los aún hoy funcionarios de la SRE, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, y el subsecretario para América del Norte, Julián Ventura, al haber promovido ante el gobierno de Estados Unidos la solicitud de inmunidad diplomática a favor de Zedillo.
La demanda de amparo quedó radicada en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal y fue ampliada el pasado 23 de noviembre. En sus escritos, Pérez Luna y Luna Ruiz impugnaron la “falta de argumento legal y motivo” del gobierno de Calderón para pedir la inmunidad y “el memorando de puntos” presentado por Sarukhán al Departamento de Estado para pedir la inmunidad.
Argumentaron que las órdenes de Calderón y Espinosa y la solicitud de inmunidad contenida en la carta diplomática 07654 firmada por Sarukhán el 4 de noviembre de 2011 violan garantías previstas en la Constitución Política de México y se trata de actos que transgreden flagrantemente el derecho de acceso pleno a la justicia.
En su solicitud también responsabilizaron a esas autoridades de impedir su acceso a la justicia conforme a las leyes de otros países y de la justicia internacional, por lo que invocaron disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, adoptados por México.
En el caso de las órdenes verbales o por escrito de Calderón para proteger a Zedillo, acusaron al panista de “pretender utilizar un mecanismo de carácter político diplomático para violentar finalmente nuestros derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva”.
Lo responsabilizan de violar las garantías constitucionales de igualdad y la prohibición de todo tipo de discriminación, “en nuestra condición de integrantes de un pueblo indígena con derecho legítimo al reconocimiento por los daños y perjuicios generados por la actuación de servidores públicos del Estado mexicano”.
Tal y como sus abogados en Estados Unidos lo mencionaron a la Corte de Connecticut (Proceso 1885), en México también le dijeron al juez Decimosexto en Materia Administrativa que Zedillo “no debe ni puede” gozar de ningún tipo de inmunidad y menos de la diplomática en los términos de la Convención de Viena, ya que no tiene cargo o comisión alguno de esa naturaleza”.
Cuestionaron además la formalidad de los actos administrativos de la petición del gobierno mexicano, en particular de la embajada de México en Washington, como la falta de firmas autógrafas de los funcionarios “incompetentes” y los diferentes tipos de letra.
Según la demanda, esa circunstancia “propicia situaciones ambiguas que pueden traducirse en que autoridades sin competencia aprovechan una actuación de tipo genérico con una letra específica para añadir los datos relativos a un caso concreto de un administrado, con lo que serían ellas y no la autoridad competente quienes realizarían el acto de molestia” motivo del amparo, previsto en el artículo 16 de la Constitución.
Gestiones de la Cancillería
Más puntuales todavía fueron con las gestiones de Sarukhán. Lo acusaron de desconocer varios instrumentos internacionales, entre ellos el Tratado de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional y cuya jurisdicción es reconocida por México. Recordaron que uno de sus principios es la prohibición que tienen los Estados miembros de invocar o aducir cuestiones de inmunidad diplomática para impedir la aplicación del propio tratado.
También criticaron el argumento de soberanía mencionado por el diplomático:
“La preponderancia del respeto a los derechos humanos no puede estar sujeta a la determinación arbitraria de las autoridades que pretenden acudir al argumento de inmunidad diplomática o soberanía estatal cuando estos argumentos sólo evidencian la finalidad de entorpecer el acceso a la justicia y de cubrir con un manto de impunidad los actos de servidores públicos, impidiendo así que respondan por la reparación de los daños causados, que legítimamente les es exigible.”
El representante del Estado mexicano en Washington, en efecto, se refirió al “rechazo de mi gobierno a cualquier proceso interno que vulnere la soberanía”. Incluso advirtió que si se negaba la inmunidad, se “afectaría la relación bilateral entre México y Estados Unidos”.
En la ampliación de la demanda de amparo dicen que Sarukhán “omitió fundar y motivar en qué medida se daña la soberanía nacional, con la substanciación de un juicio civil en contra de un exmandatario que no se encuentra en funciones y que ya cesaron sus atribuciones como jefe de Estado”.
En el caso del subsecretario para América del Norte Julián Ventura, los promotores del amparo pidieron al juez mexicano que evite la “ampliación y/o modificación y/o difusión” del documento de la inmunidad a Zedillo, así como la recopilación, envío y difusión de sus datos personales en Estados Unidos, “para que esa nación vecina tome represalias en nuestra contra por haber promovido un juicio contra un expresidente mexicano”.
El Juzgado Decimosexto en Materia Administrativa con sede en el DF respondió el 18 de octubre a favor de los quejosos en relación con esta petición. El juez federal Ricardo Gallardo Vara prohibió a la Presidencia de la República y a la SRE ampliar, divulgar o modificar la carta de inmunidad diplomática y les ordenó no transmitir al gobierno de Estados Unidos los datos personales de los demandantes.
La medida estará vigente hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo. Según los demandantes, el recurso podría anular la petición de inmunidad. A partir de la resolución inicial del juez Gallardo, las víctimas y sobrevivientes de Acteal le dijeron al juez de la Corte de Connecticut que el Departamento de Estado fue “groseramente manipulado” por Sarukhán en la petición de inmunidad, que calificaron como un fraude al gobierno estadunidense.
Dijeron que “los errores” del Departamento de Estado llevaron a la administración Obama a emitir la Sugerencia Ejecutiva de Inmunidad, por lo que le piden al juez federal estadunidense ignorar la petición.
El pasado miércoles 19 Zedillo tuvo que presentar en la Corte de Connecticut un escrito contra esos argumentos. Apoyado en la Suprema Corte de Estados Unidos dijo que en las solicitudes de inmunidad al gobierno de ese país, las cortes federales renuncian a su jurisdicción. Argumentó también que ese país ha otorgado inmunidades a exjefes de Estado, como al exdictador de Filipinas Ferdinand Marcos.
Aseguró que cualquier decisión de un tribunal mexicano no le da jurisdicción a la Corte de Connecticut para actuar contra la inmunidad que ya ha sido aprobada por el Departamento de Estado, por lo que calificó de “irrelevante” el amparo de Pérez Luna y Luna Ruiz. Lo único que han logrado, dice, es la suspensión definitiva para que el gobierno mexicano no difunda sus nombres.
“Este juicio no es más que un esfuerzo equivocado para impugnar la reputación de un hombre ampliamente visto por líderes internacionales y académicos como el arquitecto de reformas históricas que llevaron a México a un nuevo amanecer de libertad electoral, respeto por los derechos humanos y una floreciente economía”, le dijo Zedillo al juez de Connecticut.
El 22 de diciembre de 1997 Ernestina Pérez Luna apenas tenía 10 años. Esa mañana, junto con su familia y vecinos de la comunidad tzotzil de Acteal, municipio de Chenalhó, participaba en la capilla local en una jornada de ayuno y oración por la paz en Chiapas cuando un grupo paramilitar los atacó con armas de alto poder.
Fueron asesinadas 45 personas: 18 mujeres –cinco de ellas embarazadas–, siete hombres, 16 niñas de entre ocho meses y 17 años y cuatro niños de entre dos y 15 años. Otras 26 personas, en su mayoría menores de edad, resultaron heridas. Cuatro con lesiones permanentes.
Fue el caso de una de las hermanas de Ernestina, Zenaida, quien a causa del ataque a mansalva con rifles R-14 y AK-47 quedó ciega a los cuatro años. Ernestina además perdió a su padre Miguel Pérez Jiménez, de 40 años, a su madre Marcela Luna Ruiz, de 35, y a sus hermanos Juana, Silvia y Alejandro, de 10, seis y 16 años.
Huérfana, Ernestina tuvo que hacerse cargo de Zenaida, afectada de por vida, y Rosela, de sólo dos años. Ahora, 15 años después, ella es una de las víctimas cuyo nombre aparece en la demanda civil en Estados Unidos contra el expresidente Ernesto Zedillo para que se le juzgue como responsable y encubridor de la masacre.
La demanda también fue presentada por Mariano Luna Ruiz, quien en esos hechos perdió a su esposa Juana Pérez Pérez, de 33 años, y a su hijo Juan Carlos Luna Pérez, de sólo dos.
En el juicio civil al que pretenden darle cauce en Estados Unidos también emplazaron a Jorge Madrazo Cuéllar, procurador general de la República en el gobierno de Zedillo. Los acusan de conspiración para encubrir la responsabilidad del entonces presidente antes, durante y después de la matanza.
Por tratarse de un juicio civil, lo que las víctimas buscan es la reparación en términos de un daño moral. Pretenden que una eventual sentencia en Estados Unidos se limite a decidir si procede o no el pago de una indemnización económica, no si Zedillo debe ser o no encarcelado por sus supuestos delitos de omisión o comisión. La reparación del daño la cifran en 50 millones de dólares.
Pero según Zedillo se trata de “un caso calumnioso” en el que la Corte Federal del Distrito de Connecticut carece de jurisdicción, según un documento que presentó el miércoles 19 a esa instancia judicial donde fue interpuesta la demanda y en el que para defender su inmunidad recuerda la que en su momento le dio Washington al exdictador de Filipinas, Ferdinand Marcos.
Acusa a sus demandantes de usar la Corte estadunidense “como un vehículo para la revancha política haciendo alegatos calumniosos detrás del velo del anonimato”.
Los culpables, libres
Ernestina lleva los mismos apellidos de Omar Pérez Luna, el abogado que los representa a ella y a Mariano Luna Ruiz en el juicio de amparo 1093/2012 que ambos promovieron el 25 de septiembre de este año en México contra la inmunidad solicitada en noviembre de 2011 por el gobierno de Felipe Calderón al Departamento de Estado de Estados Unidos.
Los demandantes, cuyos nombres no se conocían hasta ahora, dicen en su escrito de amparo presentado en México: “El dieciséis de septiembre de 2011, demandamos al expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León, en Estados Unidos de Norteamérica, como víctimas y familiares de la matanza de Acteal, Chiapas”.
La demanda en ese país fue presentada por 10 indígenas tzotziles –cuatro mujeres y seis hombres– que reclaman por la ejecución extrajudicial de sus padres y madres y por la comisión de diferentes delitos de lesa humanidad.
Bajo seudónimo, los familiares y sobrevivientes de la masacre demandaron a Zedillo en la Corte de Connecticut porque en esa ciudad vive el expresidente, ahora profesor del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale.
En su momento el gobierno de Zedillo hizo una investigación, consignó a los supuestos culpables y hasta publicó un “libro blanco” sobre la matanza, de la que responsabilizó a un grupo de indígenas también tzotziles, como parte de un conflicto intracomunitario de la organización conocida como Las Abejas. En total 83 fueron condenados a penas de entre 20 y 40 años.
Pero en agosto de 2009 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la liberación de 20 de ellos por considerar que fueron condenados con pruebas obtenidas de manera ilegal y por la fabricación de testimonios por parte del gobierno de Zedillo. Otros 17 han sido liberados desde entonces, además de que hay más casos en revisión.
En la búsqueda del amparo judicial, Ernestina Pérez Luna y Mariano Luna Ruiz aseguran que las víctimas y sus familiares no han podido obtener justicia en México, por lo que algunos de ellos han recurrido incluso a demandas penales contra los responsables en instancias internacionales.
Luna Ruiz ha declarado incluso que los liberados por la SCJN sí fueron responsables, pero el máximo tribunal, con la intermediación de la Clínica de Litigio de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, resolvió a favor de los presos por considerar que hubo violaciones en su procedimiento judicial.
Ante el argumento de falta de justicia, Ernestina Pérez y Mariano Luna decidieron ir por Zedillo a Connecticut, en un juicio civil solicitado por los despachos Matthew Dallas Gordon y Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess.
Pero el gobierno de Calderón gestionó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una solicitud de inmunidad a favor de Zedillo.
La petición fue tramitada en noviembre de 2011 por la embajada de México en Washington y casi un año después, el pasado 7 de septiembre, la administración de Barack Obama accedió al pedido y presentó la Sugerencia Ejecutiva de Inmunidad ante la Corte Federal de Connecticut con el argumento de que “si esas acciones fueron tomadas por Zedillo, lo fueron en su capacidad oficial”.
La respuesta de las víctimas vino casi tres semanas después.
El 25 de septiembre, Ernestina Pérez y Mariano Luna promovieron en México el amparo contra los actos de autoridad de Calderón, entonces presidente de México, su secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, y los aún hoy funcionarios de la SRE, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, y el subsecretario para América del Norte, Julián Ventura, al haber promovido ante el gobierno de Estados Unidos la solicitud de inmunidad diplomática a favor de Zedillo.
La demanda de amparo quedó radicada en el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal y fue ampliada el pasado 23 de noviembre. En sus escritos, Pérez Luna y Luna Ruiz impugnaron la “falta de argumento legal y motivo” del gobierno de Calderón para pedir la inmunidad y “el memorando de puntos” presentado por Sarukhán al Departamento de Estado para pedir la inmunidad.
Argumentaron que las órdenes de Calderón y Espinosa y la solicitud de inmunidad contenida en la carta diplomática 07654 firmada por Sarukhán el 4 de noviembre de 2011 violan garantías previstas en la Constitución Política de México y se trata de actos que transgreden flagrantemente el derecho de acceso pleno a la justicia.
En su solicitud también responsabilizaron a esas autoridades de impedir su acceso a la justicia conforme a las leyes de otros países y de la justicia internacional, por lo que invocaron disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, adoptados por México.
En el caso de las órdenes verbales o por escrito de Calderón para proteger a Zedillo, acusaron al panista de “pretender utilizar un mecanismo de carácter político diplomático para violentar finalmente nuestros derechos fundamentales de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva”.
Lo responsabilizan de violar las garantías constitucionales de igualdad y la prohibición de todo tipo de discriminación, “en nuestra condición de integrantes de un pueblo indígena con derecho legítimo al reconocimiento por los daños y perjuicios generados por la actuación de servidores públicos del Estado mexicano”.
Tal y como sus abogados en Estados Unidos lo mencionaron a la Corte de Connecticut (Proceso 1885), en México también le dijeron al juez Decimosexto en Materia Administrativa que Zedillo “no debe ni puede” gozar de ningún tipo de inmunidad y menos de la diplomática en los términos de la Convención de Viena, ya que no tiene cargo o comisión alguno de esa naturaleza”.
Cuestionaron además la formalidad de los actos administrativos de la petición del gobierno mexicano, en particular de la embajada de México en Washington, como la falta de firmas autógrafas de los funcionarios “incompetentes” y los diferentes tipos de letra.
Según la demanda, esa circunstancia “propicia situaciones ambiguas que pueden traducirse en que autoridades sin competencia aprovechan una actuación de tipo genérico con una letra específica para añadir los datos relativos a un caso concreto de un administrado, con lo que serían ellas y no la autoridad competente quienes realizarían el acto de molestia” motivo del amparo, previsto en el artículo 16 de la Constitución.
Gestiones de la Cancillería
Más puntuales todavía fueron con las gestiones de Sarukhán. Lo acusaron de desconocer varios instrumentos internacionales, entre ellos el Tratado de Roma que dio origen a la Corte Penal Internacional y cuya jurisdicción es reconocida por México. Recordaron que uno de sus principios es la prohibición que tienen los Estados miembros de invocar o aducir cuestiones de inmunidad diplomática para impedir la aplicación del propio tratado.
También criticaron el argumento de soberanía mencionado por el diplomático:
“La preponderancia del respeto a los derechos humanos no puede estar sujeta a la determinación arbitraria de las autoridades que pretenden acudir al argumento de inmunidad diplomática o soberanía estatal cuando estos argumentos sólo evidencian la finalidad de entorpecer el acceso a la justicia y de cubrir con un manto de impunidad los actos de servidores públicos, impidiendo así que respondan por la reparación de los daños causados, que legítimamente les es exigible.”
El representante del Estado mexicano en Washington, en efecto, se refirió al “rechazo de mi gobierno a cualquier proceso interno que vulnere la soberanía”. Incluso advirtió que si se negaba la inmunidad, se “afectaría la relación bilateral entre México y Estados Unidos”.
En la ampliación de la demanda de amparo dicen que Sarukhán “omitió fundar y motivar en qué medida se daña la soberanía nacional, con la substanciación de un juicio civil en contra de un exmandatario que no se encuentra en funciones y que ya cesaron sus atribuciones como jefe de Estado”.
En el caso del subsecretario para América del Norte Julián Ventura, los promotores del amparo pidieron al juez mexicano que evite la “ampliación y/o modificación y/o difusión” del documento de la inmunidad a Zedillo, así como la recopilación, envío y difusión de sus datos personales en Estados Unidos, “para que esa nación vecina tome represalias en nuestra contra por haber promovido un juicio contra un expresidente mexicano”.
El Juzgado Decimosexto en Materia Administrativa con sede en el DF respondió el 18 de octubre a favor de los quejosos en relación con esta petición. El juez federal Ricardo Gallardo Vara prohibió a la Presidencia de la República y a la SRE ampliar, divulgar o modificar la carta de inmunidad diplomática y les ordenó no transmitir al gobierno de Estados Unidos los datos personales de los demandantes.
La medida estará vigente hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo. Según los demandantes, el recurso podría anular la petición de inmunidad. A partir de la resolución inicial del juez Gallardo, las víctimas y sobrevivientes de Acteal le dijeron al juez de la Corte de Connecticut que el Departamento de Estado fue “groseramente manipulado” por Sarukhán en la petición de inmunidad, que calificaron como un fraude al gobierno estadunidense.
Dijeron que “los errores” del Departamento de Estado llevaron a la administración Obama a emitir la Sugerencia Ejecutiva de Inmunidad, por lo que le piden al juez federal estadunidense ignorar la petición.
El pasado miércoles 19 Zedillo tuvo que presentar en la Corte de Connecticut un escrito contra esos argumentos. Apoyado en la Suprema Corte de Estados Unidos dijo que en las solicitudes de inmunidad al gobierno de ese país, las cortes federales renuncian a su jurisdicción. Argumentó también que ese país ha otorgado inmunidades a exjefes de Estado, como al exdictador de Filipinas Ferdinand Marcos.
Aseguró que cualquier decisión de un tribunal mexicano no le da jurisdicción a la Corte de Connecticut para actuar contra la inmunidad que ya ha sido aprobada por el Departamento de Estado, por lo que calificó de “irrelevante” el amparo de Pérez Luna y Luna Ruiz. Lo único que han logrado, dice, es la suspensión definitiva para que el gobierno mexicano no difunda sus nombres.
“Este juicio no es más que un esfuerzo equivocado para impugnar la reputación de un hombre ampliamente visto por líderes internacionales y académicos como el arquitecto de reformas históricas que llevaron a México a un nuevo amanecer de libertad electoral, respeto por los derechos humanos y una floreciente economía”, le dijo Zedillo al juez de Connecticut.
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