GUADALAJARA, Jal. (Proceso Jalisco).- Por fin se pudo saber cuánto le pagó el gobierno de Emilio González Márquez a Héctor Aguilar Camín por la realización de un pretendido estudio sobre la situación del narcotráfico en Jalisco y el cual le fue contratado al director de la revista Nexos en el verano de 2011. Cobró 2 millones quien desde hace tiempo puede presumir de ser uno de los intelectuales mexicanos que ha hecho los mejores negocios –también los más ventajosos– con el sector oficial del país. Y es que desde los tempranos años ochenta Aguilar Camín ha realizando toda clase de business, no sólo con diversas administraciones del gobierno federal, sino también con los de los ámbitos estatal y municipal, y sin que hayan escapado de su cartera de clientes ni universidades públicas ni organismos no gubernamentales o ciudadanizados.
Todo hace pensar que esos 2 millones de pesos, cobrados por Aguilar Camín a través de una de las razones sociales que regentea (Nexos Sociedad Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.), no incluyen la publicación de un libro colectivo, con un tiraje de 5 mil ejemplares, titulado Jalisco: más allá de la guerra de las drogas, que aparece con el sello de Cal y Arena, editorial de la que, casualmente, Aguilar Camín también es propietario. Y tampoco se incluyen, con toda seguridad, los gastos que generaron las aparatosas presentaciones de dicho libro tanto en Guadalajara (el 18 de octubre) como en la Ciudad de México (el 23 de octubre), a las que asistieron los participantes en el “estudio” y funcionarios estatales del ramo de seguridad, el primer grupo encabezado por Aguilar Camín y el segundo por el gobernador González Márquez.
En otras palabras, si a los 2 millones de pesos cobrados por Aguilar Camín por concepto de “honorarios profesionales” se suman los boletos de avión, los gastos de hospedaje y viáticos tanto suyos como de sus colaboradores en las repetidas visitas que hicieron a Guadalajara, así como el costo que para el gobierno de Jalisco representó el traslado de diversos funcionarios a la Ciudad de México, no sería exagerado estimar que el encargo de González Márquez a Aguilar Camín sobrepasó holgadamente los 3 millones de pesos. ¿A cambio de qué? A cambio de rizar el rizo, de ofrecer un “estudio” sobre el problema de las drogas con las conclusiones obvias y propuestas ídem que podría hacer cualquier hijo de vecino, como la de “abrir al debate la legalización” de algunas drogas (Mural, 19 de octubre).
Con este nuevo parto de los montes, las arcas estatales podrían haberse ahorrado perfectamente los millones que se gastaron en Aguilar Camín y colaboradores, suma que pudo haber sido utilizada para atender alguna de las múltiples necesidades de la sociedad jalisciense.
¿Qué llevó al panista Emilio González Márquez a contratar los servicios de quien fuera el intelectual favorito de los regímenes priistas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari? ¿Por qué tenía que ser un gobierno estatal, como el de Jalisco, y no la federación, el que encargara un estudio sobre las drogas? ¿Y qué llevó a pensar al gobernador González Márquez que Aguilar Camín era la persona indicada para realizar ese estudio sobre el consumo y el tráfico de enervantes en Jalisco, si se considera que el historiador que devino novelista es por completo ajeno a la realidad de nuestro estado?
Todo comenzó hacia mediados del año pasado, cuando González Márquez acariciaba la idea de convertirse en el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de la República. Para ello ya tenía una carta fuerte a nivel nacional: los Juegos Panamericanos, que se celebrarían en octubre siguiente, y cuya inminente realización le daba un buen pretexto para recorrer buena parte de la geografía del país.
Y con el argumento de ir a promover los Panamericanos a distintas entidades, el mandatario estatal se dedicaba sobre todo a llevar agua a su molino político particular, a hacer proselitismo para su precandidatura presidencial, comparando, según él, su “exitosa” gestión al frente del gobierno de Jalisco con los “pobres” y “malos” resultados de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, al que vislumbraba entonces como su principal adversario en la carrera presidencial.
Pero González Márquez sentía que le faltaba otra carta fuerte para llamar la atención del electorado nacional y, ya sea por cuenta propia o por recomendación de alguna persona cercana a él, decidió que un asunto tan caliente como el del problema del narcotráfico en el país podría ser esa carta fuerte que andaba buscando. La elección de Héctor Aguilar Camín se hizo más por el renombre mediático del personaje que por su conocimiento en cuestiones de narcotráfico. Realizar un estudio, con muchos cuadros estadísticos y cifras y datos mareadores sobre el particular, y a partir de ello hacer propuestas para tratar de salir del problema, respaldándolo todo con un personaje de renombre como el director de la revista Nexos, era algo que parecía venirle como anillo al dedo a quien se le quemaban las habas por estar presente en el ánimo de los votantes del país.
En otras palabras, el pretendido estudio sobre el narcotráfico en México y particularmente en Jalisco no surgió como un fin en sí mismo (como un deseo auténtico y políticamente desinteresado para buscarle una salida razonada al atosigante problema del consumo y el tráfico de drogas), sino como un medio para atraer los reflectores sobre quien más se venía moviendo en la pasarela prelectoral del país.
Una prueba de que ese “estudio” sobre el problema del narcotráfico era para favorecer las aspiraciones e intereses políticos inmediatos de González Márquez se tiene en el plazo inicial en que debió haber estado concluida esa sesuda narco-investigación: en la segunda quincena de noviembre de 2011, es decir, pocos días después de que se clausuraran los Juegos Panamericanos, y en vísperas de que los panistas eligieran a sus precandidatos presidenciales. El problema fue que como los tiempos prelectorales del PAN se adelantaron y para entonces los Juegos Panamericanos ni siquiera habían sido inaugurados. Ante ello, González Márquez se vio precisado a anunciar que siempre no intentaría ser el candidato de su partido a la presidencia de México.
Pero como Aguilar Camín ya había sido contratado para coordinar el pretendido estudio sobre el narcotráfico, ese proyecto no se canceló. Lo único que cambió fue el plazo de la entrega: de noviembre de 2011, como había sido anunciado en un principio, se pasó a octubre de 2012. Casi un año adicional para que los estudiosos de asuntos sobre narcotráfico convocados por Aguilar Camín echaran choro más reposadamente e insistieran en lo que medio mundo se ha venido pronunciando desde hace años: en la necesidad “impostergable” de que el gobierno convoque a una discusión seria sobre la conveniencia de legalizar el comercio de algunas drogas, en lo aconsejable que sería no considerar al adicto como un delincuente, sino como un enfermo que debe ser atenido y, por lo mismo, en que es preciso promover la despenalización del consumo de drogas.
Estos y otros lugares comunes aparecen a destajo y sin mayores variantes en el pretendido estudio Jalisco: más allá de la guerra de las drogas, el cual en esencia es un trabajo redundante y ocioso, pues no va más allá de rizar el rizo, aun cuando la persona que encargó (¿eres tú, Emilio?) tan ociosa tarea se haya gastado en ello varios millones de pesos del dinero de los contribuyentes.
Todo hace pensar que esos 2 millones de pesos, cobrados por Aguilar Camín a través de una de las razones sociales que regentea (Nexos Sociedad Ciencia y Literatura, S.A. de C.V.), no incluyen la publicación de un libro colectivo, con un tiraje de 5 mil ejemplares, titulado Jalisco: más allá de la guerra de las drogas, que aparece con el sello de Cal y Arena, editorial de la que, casualmente, Aguilar Camín también es propietario. Y tampoco se incluyen, con toda seguridad, los gastos que generaron las aparatosas presentaciones de dicho libro tanto en Guadalajara (el 18 de octubre) como en la Ciudad de México (el 23 de octubre), a las que asistieron los participantes en el “estudio” y funcionarios estatales del ramo de seguridad, el primer grupo encabezado por Aguilar Camín y el segundo por el gobernador González Márquez.
En otras palabras, si a los 2 millones de pesos cobrados por Aguilar Camín por concepto de “honorarios profesionales” se suman los boletos de avión, los gastos de hospedaje y viáticos tanto suyos como de sus colaboradores en las repetidas visitas que hicieron a Guadalajara, así como el costo que para el gobierno de Jalisco representó el traslado de diversos funcionarios a la Ciudad de México, no sería exagerado estimar que el encargo de González Márquez a Aguilar Camín sobrepasó holgadamente los 3 millones de pesos. ¿A cambio de qué? A cambio de rizar el rizo, de ofrecer un “estudio” sobre el problema de las drogas con las conclusiones obvias y propuestas ídem que podría hacer cualquier hijo de vecino, como la de “abrir al debate la legalización” de algunas drogas (Mural, 19 de octubre).
Con este nuevo parto de los montes, las arcas estatales podrían haberse ahorrado perfectamente los millones que se gastaron en Aguilar Camín y colaboradores, suma que pudo haber sido utilizada para atender alguna de las múltiples necesidades de la sociedad jalisciense.
¿Qué llevó al panista Emilio González Márquez a contratar los servicios de quien fuera el intelectual favorito de los regímenes priistas de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari? ¿Por qué tenía que ser un gobierno estatal, como el de Jalisco, y no la federación, el que encargara un estudio sobre las drogas? ¿Y qué llevó a pensar al gobernador González Márquez que Aguilar Camín era la persona indicada para realizar ese estudio sobre el consumo y el tráfico de enervantes en Jalisco, si se considera que el historiador que devino novelista es por completo ajeno a la realidad de nuestro estado?
Todo comenzó hacia mediados del año pasado, cuando González Márquez acariciaba la idea de convertirse en el candidato del Partido Acción Nacional al gobierno de la República. Para ello ya tenía una carta fuerte a nivel nacional: los Juegos Panamericanos, que se celebrarían en octubre siguiente, y cuya inminente realización le daba un buen pretexto para recorrer buena parte de la geografía del país.
Y con el argumento de ir a promover los Panamericanos a distintas entidades, el mandatario estatal se dedicaba sobre todo a llevar agua a su molino político particular, a hacer proselitismo para su precandidatura presidencial, comparando, según él, su “exitosa” gestión al frente del gobierno de Jalisco con los “pobres” y “malos” resultados de Enrique Peña Nieto en el Estado de México, al que vislumbraba entonces como su principal adversario en la carrera presidencial.
Pero González Márquez sentía que le faltaba otra carta fuerte para llamar la atención del electorado nacional y, ya sea por cuenta propia o por recomendación de alguna persona cercana a él, decidió que un asunto tan caliente como el del problema del narcotráfico en el país podría ser esa carta fuerte que andaba buscando. La elección de Héctor Aguilar Camín se hizo más por el renombre mediático del personaje que por su conocimiento en cuestiones de narcotráfico. Realizar un estudio, con muchos cuadros estadísticos y cifras y datos mareadores sobre el particular, y a partir de ello hacer propuestas para tratar de salir del problema, respaldándolo todo con un personaje de renombre como el director de la revista Nexos, era algo que parecía venirle como anillo al dedo a quien se le quemaban las habas por estar presente en el ánimo de los votantes del país.
En otras palabras, el pretendido estudio sobre el narcotráfico en México y particularmente en Jalisco no surgió como un fin en sí mismo (como un deseo auténtico y políticamente desinteresado para buscarle una salida razonada al atosigante problema del consumo y el tráfico de drogas), sino como un medio para atraer los reflectores sobre quien más se venía moviendo en la pasarela prelectoral del país.
Una prueba de que ese “estudio” sobre el problema del narcotráfico era para favorecer las aspiraciones e intereses políticos inmediatos de González Márquez se tiene en el plazo inicial en que debió haber estado concluida esa sesuda narco-investigación: en la segunda quincena de noviembre de 2011, es decir, pocos días después de que se clausuraran los Juegos Panamericanos, y en vísperas de que los panistas eligieran a sus precandidatos presidenciales. El problema fue que como los tiempos prelectorales del PAN se adelantaron y para entonces los Juegos Panamericanos ni siquiera habían sido inaugurados. Ante ello, González Márquez se vio precisado a anunciar que siempre no intentaría ser el candidato de su partido a la presidencia de México.
Pero como Aguilar Camín ya había sido contratado para coordinar el pretendido estudio sobre el narcotráfico, ese proyecto no se canceló. Lo único que cambió fue el plazo de la entrega: de noviembre de 2011, como había sido anunciado en un principio, se pasó a octubre de 2012. Casi un año adicional para que los estudiosos de asuntos sobre narcotráfico convocados por Aguilar Camín echaran choro más reposadamente e insistieran en lo que medio mundo se ha venido pronunciando desde hace años: en la necesidad “impostergable” de que el gobierno convoque a una discusión seria sobre la conveniencia de legalizar el comercio de algunas drogas, en lo aconsejable que sería no considerar al adicto como un delincuente, sino como un enfermo que debe ser atenido y, por lo mismo, en que es preciso promover la despenalización del consumo de drogas.
Estos y otros lugares comunes aparecen a destajo y sin mayores variantes en el pretendido estudio Jalisco: más allá de la guerra de las drogas, el cual en esencia es un trabajo redundante y ocioso, pues no va más allá de rizar el rizo, aun cuando la persona que encargó (¿eres tú, Emilio?) tan ociosa tarea se haya gastado en ello varios millones de pesos del dinero de los contribuyentes.
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