Un mal profundo. Jesusa Cervantes

24 de agosto de 2012 · Análisis

 

MÉXICO, D.F. (apro).- “El mal es hoy tan profundo que no es seguro que la elección del señor Peña Nieto cambie algo: significa el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó la vida política del país durante décadas con un trasfondo de corrupción y complacencia hacia los narcotraficantes”.

La cita es del diario francés Le Monde; sin embargo el fraseo bien puede ser de cualquier mexicano que tenga memoria, claro, con excepción de los consejeros electorales que ni ven ni oyen las tropelías de muchos priistas, en especial de Peña Nieto y su equipo.
Hace dos semanas supimos de la detención del priista y exprecandidato a diputado federal, Rafael Celaya Valenzuela, en España por sus vínculos con Joaquín Guzmán Loera, El Chapo; hace un par de meses, de la indagación que Estados Unidos abrió contra los exgobernadores priistas de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Hernández, por presunto “lavado dinero del narcotráfico”.
Hace dos años, cuando Proceso indagaba sobre legisladores federales en activo con posibles vínculos con el crimen organizado, se nos aseguró que Baltasar Hinojosa, diputado federal por Tamaulipas, “llevaba la lana a Rogelio Montemayor Seguy y a Tomás Yarrington que Osiel Cárdenas (entonces líder del cártel del Golfo y creador de Los Zetas), les enviaba”. El señalamiento no se publicó debido a que no había averiguación previa en donde se le acusara.
Sin embargo, apenas la semana que terminó, el diario Reforma nos regaló una joya informativa: Parte de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/ 012/2009, y en donde se establece por un testigo protegido que Osiel Cárdenas financió campañas de ediles priistas en Tamaulipas a cambio de nombrar a los jefes policiacos. Entre los presidentes municipales mencionados está justamente Baltasar Hinojosa.
La lista de priistas involucrados con el narco es interminable, además de ser parte del vox populi, sin embargo, los nombres de conocidos o desconocidos miembros del PRI señalados como cercanos a grupos de narcotraficantes y operadores de Enrique Peña Nieto, apenas empieza a conocerse.
Baltasar Hinojosa, expresidente municipal de Matamoros, cercano colaborador de Tomás Yarrington, dejará el cargo de diputado federal el próximo 29 de agosto y… el fuero. Podría ser investigado si la Procuraduría General de la República se lo propusiera, pero… ¿alguien cree que el coordinador regional de campaña de Peña Nieto en la primera circunscripción será investigado?
Hinojosa fue operador electoral de Peña Nieto en la Primera Circunscripción. A él, el candidato priista le encargó organizar la campaña presidencial en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Jalisco, Sinaloa y Nayarit… Difícilmente será investigado. No hay que olvidar también que Rafael Celaya Valenzuela, también operador de Peña Nieto, pero en el distrito federal 1 de Sonora –por cierto, vecino de Baja California–, fue detenido por la Policía española por sus vínculos con El Chapo.
El diario francés Le Monde duda de la capacidad de Peña Nieto para cambiar este “mal endémico”, como le llama a la “barbarie” que se vive en México, la presencia del narcotráfico, sus actividades, ejecuciones y grado de violencia.
Lo que no dice Le Monde, es que parte de los mexicanos no dudamos de este nuevo sector de la vida pública, los narcopolíticos.
La vida social, política, financiera y de gobierno cuenta ya con una mezcla de políticos y narcos, sea por amenaza, por gusto o por interés. El resto del mundo lo sabe. En México existen dudas sobre si en la campaña electoral del Peña Nieto hubo lavado de dinero, incluido el del narcotráfico. Los taxistas, estudiantes, amas de casa, trabajadores, empleados públicos, maestros, todos tienen la duda. Parece que los únicos que no se atreven siquiera a cuestionarlo son los funcionarios electorales.
Quizá en México suceda lo que en Colombia con Ernesto Samper, que la sospecha se mantenga durante la gestión de gobierno y no sea hasta el final cuando la duda se disipe. Por el bien de México esto no debería de ocurrir.
A 11 días de que el Tribunal Electoral determine si fueron válidas o no las elecciones presidenciales, los magistrados deberían ponerse a pensar que no sólo se trata de que un grupo político se robe la Presidencia de la República, sino más bien de la forma en que pudieran robarla, con el apoyo del narcotráfico.
Dice Peña Nieto: “Lo que menos podemos permitir es que se haga de la democracia una forma que divida y genere encono en la sociedad mexicana”.
No entiende Peña Nieto que no es “la democracia” la que divide, sino su incumplimiento. No se le puede pedir a “la democracia” que no divida, se le debe exigir a los políticos y a los funcionarios electorales que tengan vergüenza, que no sean cínicos y, sobre todo, que tengan ética y no violen las leyes; hacer lo contrario sí que divide y genera encono.
Si los magistrados electorales van a actuar como los consejeros electorales, no quedará otra que “cercarlos”, que plantarse afuera del Tribunal para que en caso de validar la elección y a Peña Nieto y sus socios, den la cara a la sociedad que afuera los estará esperando.
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