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| Valdés y Gómez durante la sesión en el IFE. Foto: Eduardo Miranda |
MÉXICO, D.F. (apro).- Sólo los rebeldes cambian al país; los sumisos terminan por ser cómplices del poder.
Lo anterior fue, en síntesis, lo que Pablo Gómez, representante del Poder Legislativo ante el IFE dijo ante los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral, el pasado 5 de julio cuando denunció la ilegitimidad de la elección presidencial, la compra y coacción del voto y la violación al artículo 41 de la Constitución por no haber sido “libre” ni contar con la certeza.
El comentario viene a cuenta por la inacción de la Procuraduría General de la República, de la que depende la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), y del Partido acción Nacional en el tema de la triangulación de recursos ilícitos para la copra y coacción del voto en que incurrió el PRI, según denuncias públicas, documentos y videos que han circulado por las redes sociales.
El tema no es sólo si la Presidencia de la República queda en manos del PAN, el PRI o de la coalición de izquierda, sino la forma ilegal en que se pretende arrebatar la silla presidencial.
El punto es si el PAN, sabiendo de la triangulación de Monex para la emisión de tarjetas prepagadas “Sí Vale” que denunció desde junio, la llevó hasta la Fepade y le entregó la documentación.
El punto es si la PGR y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), investigaron o dejaron en un cajón la denuncia sobre los 56 millones de dólares que llegaron a banco Monex, presuntamente para pagar la promoción de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos a través de una empresa de José Aquino, empresario mexicanoa-mericano.
Y para rematar: el caso Soriana y la compra de votos a través de la entrega de tarjetas para canjearlas por despensa o artículos electrodomésticos.
Todas estás instituciones, incluido el PAN, tienen información, tienen documentos y todos han sido “omisos” y “sumisos” ante el candidato del PRI.
Ellos tienen la información. Por ejemplo, en el caso de los 56 millones de dólares, por obligación, el SAT y la Unidad de Fiscalización que da seguimiento al delito de lavado de dinero, debieron abrir una investigación y catalogar tal movimiento bancario como “operación sospechosa”.
El PAN debió entregar todo lo que tiene de Monex.
Sin embargo, ninguno de dichos entes ha actuado. El PAN, tímido en su dicho, cómplice en su actuar, ha decidido no pedir la invalidez de la elección presidencial, a pesar de que ha reconocido que estuvo plagada de violaciones a la Constitución, al Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).
El PAN ha aceptado que el PRI rebasó el tope de gastos de campaña; la compra y coacción de votos en que incurrió ese partido, y que se manipularon las encuestas para beneficiar a Peña Nieto; aun así, para Acción Nacional nada de ello es suficiente para invalidar la elección.
La democracia implica que una elección se realice sin coacción, sin compra de voto, sin presiones; que tenga la certeza y que sea libre el sufragio. Alegar lo contrario sólo evidencia sumisión y complicidad de quienes se alinean.
Por otro lado, hay quienes acusan a la izquierda y a su candidato, Andrés Manuel López Obrador de pretender incendiar al país, de intentar dividirlo, y todo porque han recurrido a su derecho de hacer valer la ley. De Exigir que se limpie la elección más sucia del país, al menos desde que tengo memoria.
Cuando en voz del perredista Pablo Gómez los consejeros electorales y representantes de otros partidos escucharon la palabra rebelión, se asustaron. Y como si hubiera invocado al diablo en tan puro e incólume lugar del IFE, se desgarraron las vestiduras. Las mentes más conservadoras se lo reclamaron, pero su respuesta fue, sin duda, certera.
Pablo Gómez les recordó a consejeros y a puritanos que Miguel Hidalgo y Francisco y Madero llamaron a la rebelión y cambiar para bien al país.
“Este país se ha hecho con rebeldes, no se ha hecho con sumisos ni con oportunistas, ni con arribistas, ni mucho menos con compravotos”, les restregó.
Por eso, quien no se atreve ser rebelde para defender a su país, termina cayendo en la sumisión para mal de la nación y en complicidad de quienes no ven más allá de sus intereses personales.
Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx
@jesusaproceso
Lo anterior fue, en síntesis, lo que Pablo Gómez, representante del Poder Legislativo ante el IFE dijo ante los nueve consejeros del Instituto Federal Electoral, el pasado 5 de julio cuando denunció la ilegitimidad de la elección presidencial, la compra y coacción del voto y la violación al artículo 41 de la Constitución por no haber sido “libre” ni contar con la certeza.
El comentario viene a cuenta por la inacción de la Procuraduría General de la República, de la que depende la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade), y del Partido acción Nacional en el tema de la triangulación de recursos ilícitos para la copra y coacción del voto en que incurrió el PRI, según denuncias públicas, documentos y videos que han circulado por las redes sociales.
El tema no es sólo si la Presidencia de la República queda en manos del PAN, el PRI o de la coalición de izquierda, sino la forma ilegal en que se pretende arrebatar la silla presidencial.
El punto es si el PAN, sabiendo de la triangulación de Monex para la emisión de tarjetas prepagadas “Sí Vale” que denunció desde junio, la llevó hasta la Fepade y le entregó la documentación.
El punto es si la PGR y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), investigaron o dejaron en un cajón la denuncia sobre los 56 millones de dólares que llegaron a banco Monex, presuntamente para pagar la promoción de Enrique Peña Nieto en Estados Unidos a través de una empresa de José Aquino, empresario mexicanoa-mericano.
Y para rematar: el caso Soriana y la compra de votos a través de la entrega de tarjetas para canjearlas por despensa o artículos electrodomésticos.
Todas estás instituciones, incluido el PAN, tienen información, tienen documentos y todos han sido “omisos” y “sumisos” ante el candidato del PRI.
Ellos tienen la información. Por ejemplo, en el caso de los 56 millones de dólares, por obligación, el SAT y la Unidad de Fiscalización que da seguimiento al delito de lavado de dinero, debieron abrir una investigación y catalogar tal movimiento bancario como “operación sospechosa”.
El PAN debió entregar todo lo que tiene de Monex.
Sin embargo, ninguno de dichos entes ha actuado. El PAN, tímido en su dicho, cómplice en su actuar, ha decidido no pedir la invalidez de la elección presidencial, a pesar de que ha reconocido que estuvo plagada de violaciones a la Constitución, al Cofipe (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales).
El PAN ha aceptado que el PRI rebasó el tope de gastos de campaña; la compra y coacción de votos en que incurrió ese partido, y que se manipularon las encuestas para beneficiar a Peña Nieto; aun así, para Acción Nacional nada de ello es suficiente para invalidar la elección.
La democracia implica que una elección se realice sin coacción, sin compra de voto, sin presiones; que tenga la certeza y que sea libre el sufragio. Alegar lo contrario sólo evidencia sumisión y complicidad de quienes se alinean.
Por otro lado, hay quienes acusan a la izquierda y a su candidato, Andrés Manuel López Obrador de pretender incendiar al país, de intentar dividirlo, y todo porque han recurrido a su derecho de hacer valer la ley. De Exigir que se limpie la elección más sucia del país, al menos desde que tengo memoria.
Cuando en voz del perredista Pablo Gómez los consejeros electorales y representantes de otros partidos escucharon la palabra rebelión, se asustaron. Y como si hubiera invocado al diablo en tan puro e incólume lugar del IFE, se desgarraron las vestiduras. Las mentes más conservadoras se lo reclamaron, pero su respuesta fue, sin duda, certera.
Pablo Gómez les recordó a consejeros y a puritanos que Miguel Hidalgo y Francisco y Madero llamaron a la rebelión y cambiar para bien al país.
“Este país se ha hecho con rebeldes, no se ha hecho con sumisos ni con oportunistas, ni con arribistas, ni mucho menos con compravotos”, les restregó.
Por eso, quien no se atreve ser rebelde para defender a su país, termina cayendo en la sumisión para mal de la nación y en complicidad de quienes no ven más allá de sus intereses personales.
Comentarios mjcervantes@proceso.com.mx
@jesusaproceso
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