Javier Duarte, actual gobernador de Veracruz.
Foto: Yahir Ceballos
Foto: Yahir Ceballos
Falta de voluntad, incumplimiento de la palabra empeñada, incompetencia, actos de intimidación, mentiras… He aquí lo que explica la falta de resultados en torno al asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Así, la procuraduría estatal utiliza a medios locales, siembra versiones falsas –“el crimen fue pasional”, pregona– y acosa al gremio periodístico. A este desaseo se suma el desdén del gobierno de Javier Duarte de Ochoa hacia las organizaciones civiles e instancias internacionales que le han exigido una solución pronta e imparcial del caso. Por ello, este semanario solicitó a la PGR atraer la investigación, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Ante la falta de resultados en torno al asesinato de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en Veracruz, ocurrido hace más de dos meses, y habida cuenta de las filtraciones del gobierno de Javier Duarte de Ochoa en torno al caso, este semanario solicitó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (Feadle) atraer la investigación.
La petición se hizo el 27 de junio último ante esa instancia de la Procuraduría General de la República (PGR) toda vez que desde el gobierno estatal se emprendió una campaña mediática para sembrar la idea de que se trató de un “crimen pasional”.
No sólo no ha habido resultados, sino que comenzaron las filtraciones de supuestos detalles del crimen “por motivos personales” y hasta se ubicó al presunto autor en el propio gremio periodístico, sin que la Procuraduría General de Justicia estatal (PGJ) haya investigado si el asesinato de Regina Martínez fue perpetrado en represalia por su labor informativa.
El crimen ocurrió la madrugada del 28 de abril en el domicilio de Regina, ubicado en la ciudad de Xalapa. Ella murió por asfixia. Desde el siguiente día, la directiva del semanario le expresó directamente al gobernador Duarte su desconfianza ante las promesas de una investigación pronta y seria (Proceso 1853).
Con la impunidad a cuestas y luego de que durante más de un mes la procuraduría estatal escatimó información a la propia PGR, funcionarios del gobierno veracruzano comenzaron a filtrar la versión del crimen pasional, al margen de la coadyuvancia de la Feadle y de la revista, valiéndose de la prensa local y de Carlos Loret de Mola, conductor de Primero Noticias, de Televisa, y columnista del diario El Universal.
La primera filtración fue a nivel nacional. El 21 de junio, justo una semana antes de que se cumplieran dos meses del crimen, Loret de Mola dio por terminada la investigación en su columna de El Universal: “El gobierno veracruzano está a punto de anunciar los resultados de su indagatoria sobre el asesinato de la periodista Regina Martínez Pérez. Seguramente despertará mucha polémica”, escribió.
Dos días después, el periódico Imagen, del puerto de Veracruz, fue utilizado para continuar con la campaña: “Versión: identifican asesino de Regina Martínez”. Una escueta nota sin firma, en primera plana, fue suficiente para difundir la idea de que se trató de un crimen pasional.
“La autopsia practicada al cuerpo de Regina Martínez Pérez reveló la marca de una mordida en el cuello de la víctima; este indicio llevó a los investigadores a ubicar al agresor… Con esta prueba pericial se estableció que se trató de un crimen pasional o ‘de motivaciones personales’”, informó el diario, con base en “fuentes extraoficiales”. La versión también fue esparcida en Veracruz por la agencia de noticias Imagen del Golfo.
Aunque el mismo diario publicó el 25 de junio, también en portada y sin firma, un comentario sobre “el gran malestar” que causó esa versión, acusando a “algún funcionario” de Duarte de “crear confusión” sobre el asesinato, la versión acerca del “crimen pasional” siguió extendiéndose.
Ese mismo día, el columnista del puerto jarocho Luis Velázquez publicó en el blog expediente.mx: “Todo indica que la Procuraduría de Justicia de Veracruz está a punto de esclarecer el primero de los nueve crímenes de reporteros y fotógrafos ocurridos en los últimos 18 meses”.
Abundó en la versión del diario al que perteneció: “A partir de la mordida, los expertos han seguido la pista… Es más, se habla de que el presunto homicida ya fue identificado y una nube de policías, agentes y detectives siguen la huella”.
Incluso, ubicó al supuesto asesino entre el gremio periodístico de Veracruz: “Por eso es que a varios trabajadores de la información de Xalapa, citados a comparecer, les han tomado una placa de su dentadura para cotejarla con la marca hallada en el cuello de la víctima”.
Prosiguió: “la noche del velorio y el día del sepelio el presunto homicida estuvo presente. Con toda la sangre fría… el asesino participó en el duelo de principio a fin. Desde luego, parando oreja. Días después, no obstante, y según las versiones, desapareció… hasta el momento actual en que nadie de los colegas da señales de sus días y noches.
“Se habla, incluso, de que su trabajo reporteril lo dejó tirado y de nadie se despidió. Simple y llanamente, voló. Por eso es que la procuraduría y la Agencia Veracruzana de Investigaciones, AVI, se está dilatando un poquito… Pero a diferencia del hazmerreír con el hijo del Chapo, y del michoacanazo aquel, la procu jarocha tiene no los pelos de la burra en la mano, sino la burra completa”.
Aseguró que en la procuraduría veracruzana “ya saben todo” del asesino y “tienen hasta fotografías del presunto”. En el mismo tono de advertencia del conductor de Televisa, escribió: “aun cuando resultará (todo indica) una bomba mediática y política, ni modo, la verdad se impone”.
La “versión oficial”
Con la idea del crimen pasional, que de acuerdo al columnista “corresponde más que a una vida privada, a una vida clandestina, pues la corresponsal de Proceso era una mujer discreta”, el gobierno de Veracruz descartó extraoficialmente cualquier relación del asesinato con el trabajo periodístico de Regina Martínez.
Esparcida la versión, salió a escena Marco Antonio Rodríguez Lobato, encargado de la Fiscalía Especializada en la Atención de Denuncias Contra Periodistas y Comunicadores de la PGJ y quien formalmente está a cargo de las investigaciones.
“La PGJ desarrolla la investigación ministerial 019/2012/PC, con distintas líneas de investigación, en las cuales se realizan acciones jurídicas para cubrir las mismas y hasta en tanto no haya una determinación legal final de la indagatoria, no pueden hacerse suposiciones sobre la misma”, escribió el encargado formal de la investigación en una carta enviada al periódico Imagen y a la agencia de noticias Imagen del Golfo.
“Si alguna confusión existe, ésta se origina con la publicación de notas que no identifican sus fuentes y con datos no veraces”, añadió en su escrito publicado como inserción.
La campaña para propalar esa versión ocurrió cuando apenas la PGJ le había solicitado a Proceso el protocolo internacional para investigar casos de ataques contra el ejercicio periodístico, instrumento que desde la primera semana de mayo la revista le pidió a la fiscalía veracruzana que utilizara en sus investigaciones.
Bajo esa petición, lo que hizo la PGJ fue citar a declarar a varios periodistas veracruzanos. En uno de los casos, los policías ministeriales entregaron el citatorio durante una marcha gremial realizada el 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión. Los policías ministeriales, literalmente, corrieron tras Norma Trujillo Báez, reportera de La Jornada Veracruz, para hacer el emplazamiento judicial.
Los policías le pidieron datos de otros periodistas, pues traían por lo menos otros seis citatorios, dice Trujillo. En su comparecencia, la PGJ le preguntó sobre hábitos personales de la corresponsal de Proceso. “Es algo que desconozco”, dice al reportero, y comenta que consideró un acto intimidatorio el hecho de que la procuraduría la citara con dos semanas de anticipación.
A los primeros colegas suyos que declararon, la PGJ no sólo les preguntó sobre sus relaciones con Regina Martínez y su vida personal; también les tomó las huellas dactilares de ambas manos. Los siguientes en comparecer se negaron a que les tomaran las huellas y a ser fotografiados con número, como si se tratara de una ficha signalética ordenada por un juez.
Intimidaciones al gremio
En lugar de indagar la eventual relación del crimen con el trabajo periodístico de Regina Martínez, la PGJ se valió de esos interrogatorios para indagar sobre la vida personal de la corresponsal de este semanario.
La idea del crimen pasional no es nueva. Apenas habían pasado unas horas cuando funcionarios de la propia PGJ así se lo hicieron saber a los familiares de la periodista. Luego siguió el interés de la procuraduría de orientar el asesinato hacia un robo, pues Regina vivía “en un barrio bravo”, según declaró a Proceso el procurador Felipe Amadeo Flores Espinosa.
Durante el primer mes, la PGJ se dedicó a interrogar a los vecinos de Regina Martínez, al poner énfasis en el robo de una televisión de plasma, una computadora y dos teléfonos celulares.
Ya en ese momento, el gobierno de Duarte hablaba de avances en “una línea concreta” de investigación, según declaró la vocera gubernamental, Gina Domínguez, el 23 de mayo.
Ya en ese momento, el gobierno de Duarte hablaba de avances en “una línea concreta” de investigación, según declaró la vocera gubernamental, Gina Domínguez, el 23 de mayo.
Sin embargo, para entonces la PGJ ni siquiera había entregado la información completa a la Feadle, que participa como coadyuvante en la investigación. Fue necesario que el 28 de ese mes viajaran a Xalapa la titular de la fiscalía especial, Laura Angelina Borbolla Moreno, y el subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, Miguel Ontiveros Alonso.
Reunidos con Flores Espinosa, los funcionarios federales comenzaron a hacer una relación de la información no entregada cuando los interrumpió Rodríguez Lobato. El encargado de la fiscalía especial del estado aseguró que la información acababa de ser entregada. Mintió.
Pasaron más de dos semanas para que la Feadle tuviera los datos sobre las huellas encontradas en el lugar. La PGJ sólo había entregado fotografías de las huellas y no la confrontación de las mismas con el banco de datos de Plataforma México, en el que se encuentran, entre otras, las huellas de personas detenidas en territorio nacional. La procuraduría estatal adujo problemas técnicos para la entrega de esa información.
Además, la PGJ había entregado a cuentagotas sus dictámenes, entre ellos el de criminalística de campo, en el que se indica la manera en que se encontraron el cuerpo y el lugar de los hechos. La Feadle aun no determina si admite o no la petición de Proceso para atraer el caso.
Los escarceos del gobierno veracruzano para investigar el asesinato desestiman las peticiones de organismos nacionales e instancias internacionales para esclarecer el crimen, además del seguimiento que le ha dado la prensa extranjera.
Desde que el asesinato de la periodista se difundió fuera del país, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU y la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidieron al gobierno de Duarte hacer una investigación pronta e imparcial para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
La relatora de la CIDH, Carolina Botero, recordó incluso que en Veracruz Proceso “ha sido objeto de la compra masiva de ejemplares por parte de quienes se sienten afectados por las publicaciones y en distintas oportunidades se ha visto en la necesidad de mantener en anonimato el nombre de los periodistas que cubren temas de seguridad”.
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