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Memorial por los muertos en la guerra contra el narco en la Plaza de la Constitución. Foto: AP / Marco Ugarte |
MÉXICO, D.F. (apro).- Quienes sufren la desaparición forzada de un ser querido dicen que es un infierno. Desde el momento de su desaparición no hay un solo instante de sosiego, tranquilidad o de vida “normal”. Contrario a ello, todo el tiempo, día y noche, piensan cómo y dónde estará, qué le habrá pasado, si sufre, si tiene frío, hambre o sed, si está siendo torturado, si sigue con vida o está muerto.
Desde 1970, México sufre este fenómeno de la desaparición forzada de personas, propia de regímenes autoritarios. El grupo Eureka, encabezado por Rosario Ibarra, tiene una lista de mil 500 personas que fueron desparecidas por fuerzas gubernamentales durante la llamada “guerra sucia”, cuando se desató una persecución contra integrantes de la guerrilla, líderes sociales e incluso intelectuales y artistas inconformes con el régimen priista.Esta deuda histórica nunca ha sido saldada. Al arranque del gobierno de Vicente Fox se creo una fiscalía especial para investigar estos casos, pero no hubo ningún resultado tangible. Los responsables de esa barbarie, entre ellos el expresidente Luis Echeverría, nunca fueron juzgados y los cuerpos de los desaparecidos no fueron hallados.
Desde hace más de cinco años, con el gobierno de Felipe Calderón, este fenómeno ha tomado un nuevo impulso con la aparición del crimen organizado y las autoridades gubernamentales coludidas con las distintas bandas.
De 2006 a lo que va de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha registrado 5 mil 397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes, sin embargo el número de denuncias sobre desapariciones forzadas pasó de cuatro en 2006 a 346 en 2010, mediante el Programa de Personas Desaparecidas.
Otras instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública federal mantiene en su registro 2 mil 44 casos de personas extraviadas o desaparecidas, en tanto que la Procuraduría General de la República registra 4 mil 800 expedientes, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Distrito federal acusa un número de 5 mil 229 personas extraviadas en todo el país.
Un grupo de organizaciones sociales entregó recientemente su Informe sobre la desaparición forzada en México 2006-2011, en el que señalan que han documentado 3 mil casos, entre los cuales hay 30 de defensores de derechos humanos.
A la par de estas cifras, hay otra que manejan distintas agrupaciones y que no está corroborada, y según la cual habría más de 10 mil desaparecidos en todo el país, muchos de los cuales no han sido reportados a las autoridades ni a organizaciones de derechos humanos.
Y es que no hay un registro oficial de muertos y desaparecidos, y el gobierno mexicano no ha reconocido la gravedad de este problema de violencia y muerte, que a nivel internacional ha llamado la atención, además de que expresa la situación de emergencia que existe en el país, con un registro de 50 mil muertos desde 2006 a la fecha.
La cifra es realmente preocupante si tomamos en cuenta que durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, entre 1973 y 1990, hubo un saldo trágico de más de 3 mil muertos y desaparecidos, mientras que en Argentina los datos oficiales hablan de 9 mil desapariciones y las organizaciones civiles contabilizan hasta 30 mil de 1976 a 1983.
Ni con la suma de víctimas de ambas dictaduras se alcanza la cifra histórica de muertes y desapariciones en México durante el sexenio de Felipe Calderón.
De ahí la necesidad de crear la Ley de Víctimas por la que está propugnando el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en el sentido de reforzar tanto la Procuraduría de Atención a Víctimas, creada al vapor por el gobierno federal, como la recientemente aprobada Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Perdidas, mismo que podrá ser consultado por el público en general.
El creciente número de víctimas de la violencia generada por el crimen organizado y la guerra que le declaró el gobierno de Felipe Calderón debería, por sí sólo, poner a reflexionar a los tres candidatos presidenciales –Josefina Vázquez Mota, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto– sobre la pertinencia de seguir la misma estrategia de combate basada y centrada en el uso de la fuerza armada, policiaca o militar.
Los costos humanos del fracaso de esta estrategia se miden no sólo por los muertos y desaparecidos, sino también por el efecto que tiene en la sociedad con el rompimiento del tejido social en ciudades enteras como Monterrey, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Michoacán y Acapulco, que tardará mucho tiempo en rehacerse.
Los tres candidatos tendrían que mirar desde la perspectiva social, no sólo militar, el combate al crimen organizado, y replantear la intención de terminar con un problema que es internacional y de largo plazo.
También tendrán que tomar en cuenta la denuncia de organismos internacionales, en el sentido de que en muchos de los casos de muertos y desaparecidos están involucradas autoridades, lo que implica que existe una estrategia de limpieza social o de simbiosis entre éstas y el crimen organizado.
El reto es vital y no hay manera de evadirlo. De seguir la misma estrategia militar y policiaca, sin tomar en cuenta la parte política y financiera del fenómeno, la violencia crecerá y veremos un país de miles de muertos y desaparecidos como no se veía desde hace un siglo, en los tiempos convulsos de la Revolución.
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