Alma E. Muñoz
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de marzo de 2012, p. 14
Democratizar los medios de comunicación se convirtió en una de las grandes batallas a librar en este país. Desde la perspectiva de diversos especialistas en la materia, la televisión comercial es una de las causas que abonan a la decadencia social, la mediocridad y la violencia.
Convocados a participar en Los grandes problemas nacionales, diálogos por la regeneración de México, organizado por el Movimiento Regeneración Nacional y Fundación Equidad y Progreso, Florence Toussaint, Virgilio Caballero, Fernando Escalante, Sócrates Vázquez y Alberto Montoya criticaron el protagonismo, inclusive en la política, de los monopolios televisivos y de las telecomunicaciones en la actualidad, mientras el Estado apenas si reserva pequeños espacios para lo educativo y lo cultural.
Advirtieron que a diferencia de las grandes utilidades que obtienen las dos grandes televisoras en este país, la mayoría de las medios comunitarios, educativos y culturales están bajo la figura del permiso, lo cual impide que comercialicen su tiempo, y no tienen recursos para transitar a la digitalización. Se requieren por lo menos 80 mil millones de pesos para los 54 sistemas de radio y televisión en esas condiciones.
En el Club de Periodistas, la investigadora Toussaint resaltó que México necesita una ley para reordenar el espectro en materia audiovisual, de radiodifusión y de telecomunicaciones, además de tomar en cuenta la convergencia tecnológica. Particularmente, habló de regular los servicios de triple play (televisión, telefonía e Internet). Y con ello, “Televisa (actualmente) con 70 por ciento de la audiencia en este país y 75 por ciento de los ingresos por publicidad, no podría ofrecer otro tipo de servicios, a menos que disminuya su cuota de mercado en televisión a 25 por ciento”.
Lo mismo, afirmó, ocurriría con Teléfonos de México, pues “para tener servicios de televisión, tendría que acotar a 25 por ciento del mercado su control en el sector de la telefonía (que oscila entre 60 o 70 por ciento)”. Entonces, 50 por ciento del mercado se abriría para otros jugadores.
Pero, lamentablemente, de acuerdo con Toussaint, los monopolios tienen en el Congreso “a sus personeros, a diputados y senadores que van a luchar porque las leyes se hagan en su favor” y la estrategia va más lejos, advirtió, porque en el Poder Ejecutivo, particularmente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de Gobernación, “hay ex empleados, ex asesores, ex funcionarios de Televisa, de Televisión Azteca, de MVS”.
Sócrates Vázquez, representante en México de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, lamentó que a diferencia de los monopolios, los pueblos indígenas luchen por tener sus propios medios de comunicación, como parte de su derecho al territorio.
“No podemos quedarnos atrás en esta etapa de la tecnología. En nuestros territorios podemos tener televisión, servicios de celulares, manejados por los propios comuneros” en lugar de discriminación, cierre de radios comunitarias, persecuciones, hostigamiento, encarcelamiento de locutores y que se nos deje de ubicar como clandestinas o piratas, tal y como ha ocurrido en los 10 años recientes.
En el mismo sentido se pronunció Fernando Escalante, director del Sistema Nacional de Productoras y Radioemisoras de Instituciones de Educación Superior, quien cuestionó que en el país haya 72 radios universitarias y “pareciera que no existimos”. Demandó trato igualitario para apoyar el proceso de digitalización.
Virgilio Caballero, a su vez, manifestó que es de alta prioridad estratégica concretar una reforma legal en la materia, porque tiene que ver con la cultura, la educación, la ciencia y la transmisión de conocimientos para los mexicanos.
Lamentó que los medios públicos estén “acorralados por la precariedad económica, la miseria y falta de recursos”, y ante ello se pronunció por dar “una batalla muy fuerte para hacer comprender que los medios son del Estado y no del gobierno”, más aún cuando –agregó– funcionan de acuerdo con “los administradores de los gobiernos”. Es decir, se convierten en “divulgadores de programas políticos cuando no les pertenecen”.
Ni jurídica ni políticamente puede “ni debe haber lugar a confusiones. El trabajo de los medios públicos debe orientarse a una sociedad que aspira a la democracia, a la creación y fortalecimiento de una conciencia social”, añadió.
Caballero sumó a los graves problemas nacionales la mediocridad. “Donde quiera los mediocres son los que dirigen, gobiernan y con ello llevan a la televisión”, aseveró.
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