Escrito por Jenaro Villamil el 04 marzo 2012 a las 12:24 pm en Destacadas, Medios, Telecomunicaciones
Cuando el gobierno federal decidió licitar la banda 1.7Ghz, en 2010, Grupo Iusacell emprendió una batería de demandas contra la sociedad formada por Nextel-Televisa para anular la concesión de 30 Mhz. Más de 60 demandas interpuestas en varios tribunales marcaron la animosidad de la empresa telefónica de Ricardo Salinas Pliego.Para sorpresa de muchos, pero no de aquellos que conocen los métodos de extorsión y presión del segundo consorcio mediático más poderoso del país, desde diciembre de 2010 comenzó una negociación con Grupo Televisa para venderle la totalidad o el 50 por ciento de la deuda de Iusacell, convertible en acciones.
La alianza se selló, en secreto y por encima de los accionistas bursátiles, el 21 de diciembre, el mismo día que Telmex y Telefónica, los enemigos en apariencia irreconciliables firmaron un convenio de interconexión.
En enero de 2011 el columnista Miguel Angel Granados Chapa hizo una revelación que mereció la airada reacción de rechazo de Televisa y de TV Azteca. Publicó que Televisa emprendía una operación para comprar la “totalidad” de Grupo Iusacell, la cuarta empresa de telefonía móvil en el país.
La operación se confirmó en abril del mismo año. Ni siquiera le pidieron una disculpa al periodista y, mucho menos, se molestaron en explicar por qué una decisión de este tipo se hacía de espaldas a los inversionistas bursátiles. Era el espíritu del Chiquihuitazo que se apropió de ambas televisoras. No tenían nada qué explicar. Simplemente anunciaron que la empresa de Emilio Azcárraga Jean había comprado títulos de deuda que Iusacell tenía con el financiero David Martínez, a cambio de convertirlos en acciones. La operación equivalía a 1,600 millones de dólares. Televisa se convertía en propietario del 50 por ciento de la empresa telefónica de Grupo Salinas.
El anuncio se dio a conocer en medio de la guerra más dura desatada desde febrero de ese mismo año entre las televisoras y la dupla Telmex-Telcel, de Carlos Slim. Grupo Carso suspendió su publicidad en ambas televisoras. TV Azteca argumentó que no le aceptaría anuncios a ambas empresas hasta que bajaran las tarifas de interconexión.
No se trataba de un pleito arreglado. Era la disputa corporativa más dura protagonizada por los titanes de la radiodifusión y de las telecomunicaciones, sin que el gobierno de Felipe Calderón intentara regular mínimamente esta disputa. Incluso, parecía que desde la SCT se alentó este pleito para avalar la futura sociedad en Iusacell que convertía a Televisa en la única empresa con posibilidades de dar servicios de total play.
La Fusión Pospuesta
En enero de 2012, Televisa completó la inversión de 1,600 millones de dólares en Grupo Iusacell. Estaba pendiente aún, la aprobación, rechazo o condicionamiento de la Comisión Federal de Competencia, el organismo antimonopolio.
Días antes de que se realizara el pleno de los cinco comisionados de CFC, Televisa y TV Azteca unificaron sus contenidos para criticar al presidente de este organismo, Eduardo Pérez Motta. La sintonía era similar a la ocurrida en otros casos, como cuando emprendieron un linchamiento contra Isaac Saba, inversionista de la frustrada tercera cadena de televisión, o cuando se erigieron en paladines de la libertad de expresión para protestar en contra de la reforma electoral de 2007.
A pesar de las fuertes presiones y amenazas, 3 de los 5 comisionados de la CFC rechazaron la fusión de Televisa y Grupo Iusacell, argumentando que esta operación constituía un incentivo para asociarse en el mercado de la televisión abierta. Pérez Motta y otros comisionados advirtieron que si Televisa hubiera adquirido el 100 por ciento de Iusacell no se daban los incentivos de prácticas monopólicas.
De inmediato, desde el 1 de febrero, Grupo Iusacell criticó la resolución de la CFC y emprendió una contracampaña que llevó al extremo de presentar como un agravio la notificación del organismo regulador en las instalaciones de la empresa telefónica.
Grupo Iusacell señaló que la resolución de la Comisión Federal de Competencia “es cuestionable, ya que está basada en suposiciones y presunciones hipotéticas”. Acto seguido, emprendió una guerra informativa en contra del “monopolio” de Carlos Slim –que nunca vieron cuando antes estaban cercanos al magnate de Telmex-Telcel-, y después la emprendieron en desplegados y en notas en Hechos contra el Grupo Reforma. Desde mediados de febrero abrieron otro flanco conflictivo contra las empresas de TV por cable, afiliadas a PCTV, por mayoría accionaria dominadas por su presunto socio, Televisa.
El método del Chiquihuitazo revivió. En el segmento informativo nocturno de Canal 13, en emisiones de Proyecto 40 y con sus replicantes en la prensa, Grupo Salinas emprendió una campaña contra el Grupo Reforma, editor de los periódicos Reforma, Metro, Muro, entre otros.
“La verdadera cara del Grupo Reforma” fue el título de los segmentos de linchamiento televisivo. TV Azteca repitió y enriqueció el guión que meses atrás aplicó Televisa para atacar al periódico de Alejandro Junco de la Vega. No era sólo un ataque a Grupo Reforma. Era un efecto demostración de lo que pueden hacer contra otros medios de comunicación que decidan criticar o atacar sus planes de negocios.
No terminaba su guerra punitiva contra Reforma cuando se le abrió otro frente conflictivo a la televisora de Ricardo Salinas Pliego que representa, en apariencia, un distanciamiento con Televisa: el cártel de las empresas de televisión por cable, afiliadas o filiales de la empresa de Emilio Azcárraga Jean, se negaron a pagarle a TV Azteca su paquete de canales en señal abierta.
Las empresas que excluyeron la señal del canal 13 y del canal 7 son Cablevisión Monterrey, Cablemás y Cablecom, estas tres últimas filiales de Grupo Televisa, así como Megacable, la empresa más grande de televisión por cable, asociada a Televisa en la estrategia de triple play conocida como Yoo.
Lo que ha hecho TV Azteca es lo mismo que ha realizado Televisa: “empaquetar” sus canales de televisión abierta a otros canales, lo cual se traduce en ventas atadas. Una práctica típica cuando no existe ninguna regulación en materia de must offer, es decir, la obligación de todas las empresas de televisión restringida de retransmitir las señales radiodifundidas, entre ellas, las de televisión abierta.
TV Azteca canceló el convenio con las empresas cableras que les ofrecía sus señales de televisión abierta de manera gratuita y ahora pretende cobrarles entre 65 y 80 centavos de dólar por usuario. En otros casos, cobra entre 1.65 y hasta 2 dólares a otros grupos, como Dish, filial de MVS, para darles sus señales abiertas.
El Ataque al IFE
En realidad, la disputa con las empresas de televisión por cable puede constituir una puesta en escena para argumentar que, a pesar de su sociedad en Iusacell, Televisa y TV Azteca van a competir en mercados como el de la televisión restringida. En otros terrenos están perfectamente sincronizados.
Fue el caso de la rebelión de la CIRT, alentada por Televisa y TV Azteca, contra el IFE porque “restringe la libertad de expresión”, impedirá los debates en las campañas presidenciales y podrá sancionar a sus comunicadores.
No es la libertad de expresión lo que les preocupa. Nunca les ha preocupado. Es su libertad de ponerle precio y mercantilizar la información ahora que vienen las campañas electorales y también la mercantilización de las señales de televisión abierta que son concesiones públicas.
El verdadero rostro de las pantallas de la “señal con valor” y del “canal de la familia mexicana” se observa con toda su crudeza sin que ninguna autoridad les ponga un alto, un mínimo extrañamiento.
Para otros observadores, la rebelión de las televisoras tiene un objetivo: presionar a la clase política en la medida que se acerquen los comicios del 2012. En especial, al gobierno federal para revertir la decisión de la CFC en el caso de la fusión Iusacell-Televisa.
Los tiempos electorales juegan a favor de ambas. Desde el 1 de febrero, las empresas tienen 30 días hábiles para responderle a la CFC. A su vez, el organismo regulador tendrá 60 días hábiles para analizar los alegatos. Estamos hablando de que en junio de este año, un mes antes de la elección federal, el tema de la fusión Iusacell-Televisa retomará fuerza.
Hacia ese escenario se están preparando. Si no se les cumple, queda la opción del Chiquihuitazo. El mismo método que ensayaron apenas el 20 de febrero, cuando guardias armados de Grupo Salinas desalojaron a unos vecinos de Azcapotzalco que protestaban por la apropiación de la Arena México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario