Por cobardía, la Corte no enjuició a los represores, acusa Pablo Gómez

 

México, único país de AL que mantiene en la impunidad a terroristas de Estado, dice

Una vergüenza, que el Estado no haya sancionado a Nazar y otros, señala Pablo GómezFoto Francisco Olvera

 

Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Domingo 29 de enero de 2012, p. 3

Es una vergüenza que el Estado mexicano no haya sancionado a los responsables de tortura, desaparición forzada y homicidio de miles de ciudadanos durante la llamada guerra sucia de los años setenta, afirmó el senador perredista Pablo Gómez.

Participante en el movimiento estudiantil de 1968, preso por esa razón durante varios años, recalcó que México es el único país de América Latina que insiste en mantener a los responsables de terrorismo de Estado en la impunidad, ya que hasta Guatemala ajustó cuentas a los represores.
Esa actitud, agregó, es violatoria de criterios y tratados internacionales obligatorios para el país.
En entrevista, resaltó que tanto el recién fallecido Miguel Nazar Haro como Fernando Gutiérrez Barrios y Luis Echeverría, entre otros, debieron ser sentenciados por los crímenes cometidos. No sólo el gobierno federal está en falta, sino también el Poder Judicial, especialmente la Suprema Corte, que ha actuado de manera cobarde. Sólo así se explica, agregó, que no haya atraído los casos.
A su juicio, el Poder Judicial ha desempeñado uno de los más lamentables papeles, no sólo en la historia de México, sino de América Latina. “Desde el 68 no se ha hecho nada. Ni por la matanza del 10 de junio de 1971 ni por la guerra sucia. Los cambios que se dieron no fueron de fondo, y el PAN en el gobierno resultó un fiasco como renovador de la vida nacional. Tenemos entonces estos resultados tan lamentables”.
Consideró que desde el gobierno se protegió a Nazar Haro, a Gutiérrez Barrios y a los demás violadores de los derechos humanos, pero el Poder Judicial hizo también su parte.
Recordó que tanto el ex titular de la Dirección Federal de Seguridad, que falleció el jueves, como el ex presidente Echeverría fueron juzgados en el sexenio de Vicente Fox, pero absueltos.
Otro gran terrorista de Estado, Gutiérrez Barrios, fue jefe de Nazar Haro y juntos violaron sistemáticamente la Constitución y los derechos humanos, señaló el legislador. Ese era su trabajo y por eso fueron premiados en diferentes momentos. Al primero le dieron la Secretaría de Gobernación, abundó.

No es extraño, dijo, que Nazar Haro se considerara un patriota, ya que para él “era un acto de patriotismo torturar, asesinar, violar los derechos humanos sistemáticamente.
Para él y los demás, el poder era la patria y se beneficiaron, porque tenía muchos negocios sucios y estaban en la corrupción, que era de mutuo acuerdo y de mucho beneficio.
El legislador perredista coincidió con la preocupación de Rosario Ibarra por la impunidad a Nazar y demás responsables de desapariciones forzadas, torturas y homicidios de guerrilleros, luchadores sociales y en general de opositores al régimen.
Tenemos tantos años con esa impunidad y el Estado mexicano la sigue garantizando, sin ley de amnistía ni nada; por la vía de los hechos.
Para revertir esa situación y llevar a la justicia a los responsables se requiere, resaltó, un cambio en el Poder Ejecutivo, pero también una actitud nueva, diferente, abierta del Judicial.
De nada sirvió la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado –que se creó en el gobierno de Fox–, ya que todas las consideraciones que se hicieron fueron rechazadas por el Poder Judicial, apuntó.
–¿No fue por consigna presidencial? –se le preguntó.
–No. Creo que fue una decisión de jueces, magistrados y ministros. Es increíble que la Suprema Corte no haya atraído los casos de Nazar, de Echeverría. ¿Por qué no atrajo esos amparos, pudiendo haberlo hecho, porque tiene facultades? No lo hizo por cobardía –respondió.
La sociedad mexicana, insistió Pablo Gómez, no se ha olvidado ni del 68 ni de la guerra sucia ni de otras atrocidades, porque a cada rato hay hechos que nos lo recuerdan.
El senador sostuvo que hay mucho por hacer, que es posible abrir procesos y llevar a cabo los juicios para que todo se aclare, lo que sería un avance enorme.
No se trata de una venganza. Se trata de un derecho a la memoria, a conocer la realidad de nuestro país.