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Regina Martínez
30 de enero de 2012 · Sin comentarios
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XALAPA, Ver. (apro).- El gobierno de Javier Duarte, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) “devolver” los 25 millones de pesos que decomisó a dos de sus empleados el viernes pasado en el aeropuerto internacional de Toluca, Estado de México.
Para apaciguar el escándalo que desató en el estado la detención de los dos colaboradores de Duarte con los 25 millones de pesos en efectivo, el gobierno de Veracruz se limitó a difundir un comunicado. Ni el gobernador ni el titular de la Sefiplan, Tomás Ruiz, han dado la cara. A ninguno se le ha visto en actos públicos este día.
En su comunicado, el gobierno veracruzano aseguró que el dinero está “plenamente acreditado”. Sin embargo, por la tarde, el tesorero de la Sefiplan, Vicente Benítez González, presentó su renuncia. Aunque no explicó los motivos, el anunció abonó las especulaciones.
En su oportunidad, la Sefiplan, a través de su titular, Tomás Ruiz González, aseguró que dichos recursos que transportaban dos de sus empleados (Saíd Zepeda y Miguel Morales) eran para “pagar algunos contratos” con empresas que participarían en las fiestas del Carnaval de Veracruz y de la Candelaria en Tlacotalpan, así como de la Cumbre Tajín, en Papantla.
Hoy, en un comunicado, Ruiz González, insistió en que los 25 millones de pesos incautados “están plenamente acreditados ante la autoridad correspondiente”, y son parte de las inversiones para las fiestas tradicionales que en los próximos dos meses se realizarán en la entidad.
Este dinero fue incautado por elementos de la Policía Federal adscritos al aeropuerto internacional de Toluca a los dos empleados del gobierno de César Duarte que viajaban a bordo de un avión propiedad del gobierno de Veracruz. El dinero lo transportaban en dos maletas.
En su comunicado, Ruiz argumentó que, para dichos eventos, “se han destinado importantes recursos para realización y promoción que darán como resultado el arribo al estado de más de 2.5 millones de visitantes, lo que dejará una importante derrama económica”.
El funcionario estatal, detalló que para la feria de la Candelaria, en Tlacotalpan, se invertirán 8 millones de pesos, para el Carnaval de Veracruz 45 millones, de los que 30 millones “ya han sido entregados” al comité organizador, mientras que la cumbre Tajín, se destinarán 40 millones de pesos.
Según Ruiz González, los 25 millones de pesos, “servirán para la contratación de artistas, montaje de escenarios y producción de materiales de promoción y serán divididos”, es decir, “2 millones para La Candelaria, 15 millones para el Carnaval de Veracruz y 8 millones para la Cumbre Tajín”.
En el boletín, el titular de la Sefiplan argumentó que “está facultada para celebrar contratos de prestación de servicios profesionales”, establecidos en los artículos 207 fracción V del Código Financiero del Estado, 24 fracción III del Presupuesto de Egresos y 92 de los Lineamientos Generales y Específicos de la Disciplina, Control y Austeridad Eficaz de las dependencias y entidades del poder Ejecutivo.
Sin embargo, la Ley de Fiscalización del estado, obliga al gobierno local a licitar cualquier proyecto u obra que rebase los 10 millones de pesos.
Luego de esta explicación, según el comunicado oficial, Ruiz González remarcó que el gobierno veracruzano ha iniciado la gestión para la liberación de los 25 millones incautados por la PGR ya que, remarcó, “la administración estatal cumple de manera escrupulosa con la normatividad aplicable”.
En este contexto, el área de comunicación social del gobierno duartista argumentó que el origen de los 25 millones de pesos “fue acreditado” ante la s autoridades federales y que no hay delito en torno a su transportación por parte de los empleados de la Sefiplan.
Según la vocería del gobierno de Duarte, “el traslado de valores no es ningún delito y no hay ninguna intención de evadir impuestos, el gobierno del estado ha acreditado plenamente ante la autoridad competente el destino de ese dinero, tan es así que las dos personas detenidas ya fueron liberadas”.
En este caso, la empleada de Duarte, María Gina Domínguez, en otro comunicado difundido en medios afines a la actual administración estatal, insistió en que, en este asunto, “no hubo ningún delito”, al asegurar que ya se presentaron (ante la PGR) los contratos y facturas.
Este asunto fue cuestionado por la oposición. El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local, Danilo Alvízar, acusó que las finanzas de Duarte, “son oscuras, opacas, deficitarias y sujetas a un extremo de manipuleo político derivado del populismo que aún sobrevive en la forma de hacer política por parte de la administración estatal”. Del lado de la bancada priista no hubo respuesta.
Por separado, las dirigencias estatales del PAN y del PRD, destacaron la “sospecha” del origen de los recursos incautados por la PGR a los empleados de la Sefiplan, y no descartaron que este dinero tenía como destino “financiar” la campaña presidencial del mexiquense Enrique Peña Nieto.
En este caso, el director jurídico del CDE del PAN, Víctor Salas, subrayó que, si lo dicho por el gobierno estatal es cierto, “nosotros podemos decir que no hay convocatoria, licitación o bases para la compra de servicios para esas festividades, tal y como lo marca la ley estatal”, y por ello, “podemos decir que todo indica que ese dinero iba a las campañas del PRI, en el mejor de lo casos porque no queremos pensar que ese dinero iba hacia las campañas del PRI”.
A ello, el dirigente estatal del PRD, Juan Vergel no creyó las explicaciones del gobierno estatal sobre este tema, las cuales calificó de “ingenuas e infantiles”, ya que la norma para el pago de servicios y promoción de servicios turísticos debe hacerse a través de “cheques nominativos o a través de transferencias bancarias, por eso resulta altamente sospechoso que un empleado traslade por avión una cantidad tan enorme”.
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