30 de enero de 2012 · Sin comentarios
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MEXICO, D.F. (apro).- La implementación de “células” de defensa del voto por parte del equipo de Josefina Vázquez Mota, una especie de brigadas “cazamapaches” para las elecciones del próximo domingo 5 de febrero, evoca las prácticas de defraudación electoral que ya caracterizan las contiendas en el Partido Acción Nacional (PAN), incluida la que hace seis años hizo candidato a Felipe Calderón.
Aunque hoy el diputado Alberto Pérez Cuevas, allegado a Vázquez Mota, afirmó que en el PAN “no hay mapaches”, lo cierto es que, hace seis años, las tres denuncias que se presentaron por adulteración electoral ante la Comisión de Elecciones, presidida por María Elena Álvarez Bernal, quedaron impunes, como también las más recientes acciones de defraudación.
El episodio de fraude más reciente y escandaloso sucedió en Batopilas, Chihuahua, donde nació el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín: Hasta militantes muertos votaron.
Pero en uno y otro caso nada ocurrió. Los que perpetraron acciones de defraudación electoral no fueron sancionados, como se prevé que ocurra en la elección de este domingo, cuando se celebre la primera ronda electoral entre Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero.
De hecho, hace apenas una semana, se exhibió un audio en el que el secretario de Gobierno de Sonora, Roberto Romero López, dice que por órdenes del gobernador Guillermo Padrés los funcionarios estatales deben apoyar a Cordero o serán despedidos.
“Vengo a pedirles, en nombre del proyecto que representa el gobernador del estado, vengo a pedirles de todo corazón que nos echen la mano, que nos apoyen, que nos apoyen para que el gobernador pueda quedar bien con lo que él entiende es el proyecto del presidente de la República”, dice Romero López.
El funcionario estatal, quien hace dos semanas sustituyó a Héctor Larios Córdova como secretario de Gobierno, pasa de una amable exhortación a la amenaza, aun a sabiendas de que es audiograbado:
“Existe la posibilidad de que la gente no esté de acuerdo, bueno, pues está bien, nomás que permítanos a nosotros también no estar de acuerdo que estén ocupando las posiciones que ocupan y en proyectos contrarios a los que estamos nosotros trabajando, también es totalmente válido. Por eso les digo, no me da miedo que graben”.
Hoy mismo, colaboradores de Vázquez Mota, como el diputado sonorense Marcos Pérez Esquer, aseguraron que Padrés no ha amainado el operativo estatal para favorecer a Cordero y que, inclusive, ha enviado a operadores electorales a otros estados, porque de eso depende su futuro. “Quiere ser presidente de México”, dijo.
Esto pese a que el Código de Ética de los Servidores Públicos del PAN establece que éstos no deben coaccionar el voto de sus subordinados, un ordenamiento que en 2006 no sirvió y que dice textualmente:
“Evitaré usar o permitir el uso del cargo o comisión para coaccionar o inducir alguna conducta a la militancia panista. Respetaré el derecho de los subalternos a votar libremente en las asambleas o convenciones partidistas”.
En el 2005, en la contienda por la candidatura presidencial en que votó un tercio de un padrón de un millón 96 mil 988 afiliados se presentaron tres denuncias ante la Comisión Nacional por el empleo de prácticas inmorales e ilegales, algunas de las cuales involucraron a servidores públicos panistas en uso de recursos humanos y materiales, coloca al PAN en una realidad política semejante a la atribuida a PRI y a PRD.
Así lo reconoció María Elena Álvarez, entonces presidenta del órgano electoral panista: “Los del PAN, que creían que eran los buenos e impolutos y que nunca iban a fallar, son mexicanos comunes y no son los únicos buenos, y los de fuera no son los únicos malos.”
En entrevista con el reportero, adujo que el crecimiento del PAN permitió que ciudadanos “conciente o inconscientemente actúan como el sistema los ha enseñado a actuar”.
Y en ese sentido advirtió que su partido es completamente terrenal: “El PAN no está perdiendo la aureola. Se debe quitar la aureola que nunca debió tener y asumir que somos personas reales para empezar a democratizarnos todos.”
En esa contienda de la que surgió Calderón como candidato, Álvarez advertía: “Tenemos que cuidar que no se tranquilice la conciencia del PAN y se diga que esto es normal y que lo hacen todos, porque entonces no tendríamos remedio. Sería horrible quedarnos tranquilos y decir: ‘sí, hubo ilícitos, pero es normal’. ¡No! Estamos indignados que se hayan cometido. Como panistas nos duele, nos pesa y tenemos que poner todos los medios para que no se sigan cometiendo”.
Los equipos de Calderón y Creel presentaron una denuncia cada uno por acciones de defraudación y Alberto Cárdenas presentó luego otra sobre represalias de funcionarios del gobierno de Jalisco, encabezado por Francisco Ramírez Acuña, por apoyar al primero.
Creel procedió contra la “atípica” elección en Yucatán que le dio a Calderón un triunfo con 71% de los votos de 47% del padrón, cifras insólitas, porque además el exsecretario de Gobernación no triunfó en ningún municipio.
El escrito de denuncia describe acarreos, entrega de regalos o dádivas y la denominada “operación cochinita” –que, según Álvarez de Vicencio, es “similar a lo que nosotros denunciábamos como operación tamal”–, presión de funcionarios del gobierno de Patricio Patrón, entre otras conductas que vulneran la letra y el espíritu de las reglas aprobadas por el PAN.
En respuesta, Calderón procedió por la acción del alcalde de Tantoyuca, Joaquín Guzmán, quien ordenó a funcionarios y gendarmes del municipio el acarreo y presión de votantes para favorecer a Creel, así como la agresión y aun encarcelamiento de elementos calderonistas que vistieron playeras contra el cacicazgo del munícipe.
La confrontación verbal trascendió a la violencia y seis de los seguidores de Calderón se liaron a golpes con policías que acataron las órdenes del alcalde, quien hizo arrasar a Creel con 2 mil 648 votos en ese municipio serrano, cuya población es mayoritariamente indígena.
Sin embargo, Álvarez Bernal, viuda de Abel Vicencio Tovar, expresidente nacional del PAN, preveía impunidad:
“A lo más que vamos a poder llegar es a amonestaciones y eso no deja satisfecho a nadie, en primer lugar a la comisión ni a los panistas que vieron las cosas y no tienen manera de ponernos las pruebas de tal manera que sean castigados (los infractores). Es tal la impotencia de la convivencia humana.”
Así fue.
Un caso escandaloso ocurrió en Chihuahua en las elecciones del 29 de marzo de 2009, cuando se eligieron candidatos plurinominales a diputados federales del PAN. Ahí Federico Luna Villegas y Juan Gutiérrez Quimare votaron en Batopilas, pero ambos murieron meses antes, según las actas de defunción.
Aunque Javier Corral demostró que otros dos muertos votaron en Nonoava y lo denunció formalmente, nada ocurrió.
Y nada ha ocurrido en los casos de defraudación electoral en el PAN, donde operan impunemente los “mapaches azules”.
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