Gustavo Leal F. *
De acuerdo con los últimos estudios del actuario Carlos Soto, después de 14 años de operación de la reforma Zedillo a la Ley del IMSS (1995), las cuotas totales como porcentaje de los salarios de cotización han disminuido de 19.5 a 16.5. ¿Cómo pueden mejorarse los servicios bajo estas condiciones de financiamiento?
Las cuotas patronales cayeron de 14.55 a 11.45 por ciento y las de los trabajadores bajaron de 4.125 a 1.4 por ciento, mientras la aportación del gobierno federal se elevó de .825 a 4.825.
Y eso no es todo. La ley Zedillo que privatizó el sistema de pensiones de los trabajadores del apartado A del artículo 123 constitucional también se ha traducido en una pérdida neta en el financiamiento del principal seguro del IMSS. Las cuotas al seguro de enfermedad y maternidad (SEM) pasaron –en 14 años– de 12.5 a 9.63 por ciento del salario de cotización.
¿Cómo pueden mejorar los servicios cuando se le han restado al SEM cuotas por 3.36 por ciento en 14 años? Es decir: una pérdida de ingresos institucionales equivalente a 368 mil 879 millones de pesos. Respecto de 1997, los patrones aportan 1.65 por ciento menos, los trabajadores 0.66 y el Estado 1.05.
No sorprende entonces que desde 2001 la tecnocracia foxista (Santiago Levy) y después la calderonista (Molinar Horcasitas-Karam) propalaran sistemáticamente –toda una década– la “crisis” del SEM, a través del siempre apocalíptico Informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del IMSS.
Por ejemplo, en su edición 2010-2011 consigna que la situación financiera que enfrenta el instituto “es compleja” y que el “principal problema es el desequilibrio estructural entre las aportaciones al SEM, los gastos médicos de pensionados (GMP) y las obligaciones para atender a una población con necesidades de salud cada vez más complejas y costosas” (p. VI).
¡Pues cómo no, si el SEM ha sido estratégicamente desfinanciado desde 1997!
Sobre los GMP –que las autoridades del IMSS y algunas plumas poco objetivas publicitan para, de paso, desprestigiar a los “privilegiados” trabajadores del SNTSS–, el informe afirma que, “en términos relativos”, el déficit que observa la cobertura de GMP es uno de los más altos, ya que en 2011 representaría 139 por ciento de los ingresos por cuotas obrero patronales y aportaciones del gobierno federal de la cobertura y, de acuerdo con las proyecciones realizadas, podría llegar a representar 436 por ciento en 2050” (p. 96). ¡Híjole!
El informe también aclara que, para determinar el gasto futuro de la cobertura de GMP, se consideró la población pensionada por el IMSS: trabajadores de empresas afiliadas, los propios del instituto y los nuevos pensionados, con estimados de la sobrevivencia calculados con bases biométricas “aplicadas por las compañías aseguradoras de fondos de pensiones”.
A diciembre de 2010 se trataba de 3 millones de pensionados: 43 por ciento son mujeres con edad promedio de 62 años y 56 por ciento son hombres con edad promedio de 65.1 años. La presión que ejercerán sobre los gastos institucionales, insiste el informe, “será significativa”, por el aumento en la esperanza de vida y porque presentan con frecuencia enfermedades crónico-degenerativas de alto costo y uso más intensivo de los servicios médicos. Los pensionados “sobreviven al retiro 20 años en promedio y crecerán a una tasa constante de 2.5 por ciento anual en términos reales durante los 100 años de proyección. En 2010, el costo promedio general obtenido fue de 14 mil 736 pesos anuales” (pp. 261-262). ¡Híjole!
La visión oficial del cuadro estratégico del desfinanciamiento se completa con las enfermedades de “alto costo” y el impacto del régimen de jubilaciones y pensiones (RJP).
Respecto de las enfermedades de “alto costo”, el informe señala: “En 2050 el gasto médico que tendría que destinarse al tratamiento de diabetes mellitus, hipertensión arterial e insuficiencia renal sería mayor al esperado para 2011 en 439 mil 502 y mil 224 por ciento, respectivamente. El gasto médico derivado de la atención al cáncer cérvico-uterino se incrementaría entre 2011 y 2050 en 372 por ciento, mientras el correspondiente a VIH/sida y cáncer de mama aumentaría en 316 y 347 por ciento, respectivamente” (p. 38). ¡Híjole!
Durante más de una década, los funcionarios designados por Fox y Calderón han reiterado que, como prestador de servicios y administrador, el IMSS enfrenta “como principal problema” el pasivo laboral del RJP de sus propios trabajadores”.
Ese pasivo, subrayan, ha crecido en los recientes 11 años a una tasa real de 13.5 por ciento en promedio anual, 9.7 por ciento del PIB (p. 170).
Así es como se ha fabricado mediáticamente, durante ya más de 10 años, una “crisis” institucional como pantalla del escandaloso fracaso de la ley Zedillo que “reformó” al IMSS en 1997.
La docena trágica panista (2000-2012) entrega los servicios peor que como los recibió mientras que, desde 2001, con Santiago Levy, se elevaron a niveles nunca vistos las remuneraciones de los mandos altos y medios del IMSS.
Bajísimo empleo y de mala calidad, peores servicios y los salarios más altos para la alta burocracia institucional desde 1943. Por ahí debe empezar el debate –no tecnocrático– sobre el futuro inmediato de la más extendida red de la seguridad social y que ya debería estar dispuesta para la cabal atención de las mayorías nacionales.
*Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco
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