Las cosas horribles suceden y los comentaristas impecables en su vestir y en su hablar, tranquilos, eficaces y doctorales, apoyados por sus reporteros y un aparato infalible que les envía hasta el último detalle de lo acontecido, se regodean con los hechos que tensan a la sociedad y voluntaria o involuntariamente contribuyen al miedo y a la preocupación colectivas.
Por su parte, las voces oficiales, empezando por el “primer mandatario”, se multiplican dando pésames colectivos y urbi et orbi aseguran, con tono y estilo de infalibles, que se encontrará a los criminales y se les castigará como merecen.
Pareciera que esa escalada de violencia, y consecuentemente de miedo, obedeciera a un plan, a un designio de alguien que busca un fin, una justificación, un pretexto. ¿Para qué?, podríamos preguntarnos, ¿qué puede justificar esta secuencia cada vez más trágica? Expreso lo oído, la gente comenta, inquiere, duda, acerca de los dolorosos acontecimientos.
Nadie puede dejar de ver que hay o puede haber una coincidencia entre un hecho tan espantoso como el de Monterrey y la insistencia en la aprobación de reformas a la Ley de Seguridad Nacional, que podría, de pasar en el Congreso como está proyectada, poner a nuestro pobre y sacudido país en el umbral de un régimen autoritario.
Este proyecto encuentra sus fuentes remotas en la creación de una ya superada Policía Federal Preventiva, convertida en Policía Federal, con facultades desde 2008 para investigar delitos; está también el intento de poner en evidencia a nuestro sistema de procuración y administración de justicia, todo en busca de cambios a favor de un Estado con más herramientas y facultades para la dureza y la fuerza.
El proyecto de cambios a la Ley de Seguridad Nacional fue presentado por el Presidente en ejercicio. Se aprobó una minuta en el Senado con el único voto en contra del senador Ricardo Mon-real y, para continuar el proceso, esa minuta se envió a la Cámara de Diputados; ahí ha tenido un largo y tortuoso camino, porque está en juego no sólo el contenido mismo del proyecto legislativo, sino, lamentablemente, su uso como moneda de cambio en negociaciones políticas.
Primero, el diputado del estado de México Alfonso Navarrete Prida propuso un dictamen que rebasó en mucho los puntos iniciales aprobados en el Senado; se trataba de la propuesta de Enrique Peña Nieto, pero recibió tantas críticas y comentarios adversos de académicos, organizaciones de ciudadanos y legisladores que quedó en los archivos.
El poeta Javier Sicilia intervino entonces con su grupo y en la reunión con los diputados les planteó detener las reformas por autoritarias y por falta de cuidado en el tratamiento de los derechos humanos.
Recientemente, el diputado Javier Corral, en forma sorpresiva y, en opinión del mismo Sicilia, traicionando lo platicado y ofrecido en la reunión del castillo de Chapultepec, hizo circular un nuevo proyecto de dictamen, aprobando en parte las reformas y conservando en lo esencial la tendencia al autoritarismo y a la discrecionalidad; se le ha llamado el proyecto Corral con involuntaria ironía.
El proyecto aparece aprobado por la Comisión de Gobernación, otra vez con un solo voto en contra, el del diputado Enrique Ibarra. La objeción surgió de inmediato, dado que la minuta fue turnada no sólo a esa comisión, sino a otras, entre las que están la de derechos humanos.
Los hechos violentos y la noticia de injerencia de policías y militares extranjeros en nuestro país coinciden con la delicada discusión y la difícil determinación que tendrán que tomar nuestros representantes en el Poder Legislativo; coinciden también con el resultado de una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México, destacada en La Jornada del jueves, según la cual muchos, en especial jóvenes, piensan como solución a la violencia aplicar más violencia, y les parecen aceptables la pena de muerte y la tortura como medidas para combatir la delincuencia. Aparece la sombra de Montiel y su comparación de los delincuentes con ratas.
Confiemos en que los legisladores no se dejen presionar ni impresionar por lo que está pasando; la verdad es que las autoridades con las leyes vigentes tienen herramientas útiles y eficaces en contra del crimen organizado; con más facultades y con menos respeto a los derechos de los ciudadanos no se resolverán los problemas.
Las causas de la violencia son de carácter social, económico y educativo y hay que combatirlas al mismo tiempo que sus efectos. Más policías, más armas y sentencias absurdas de decenas o cientos de años de cárcel en nada contribuyen a modificar el negro panorama de nuestro país.
jusbbv@hotmail.com
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