1. La renuncia de Pascual como embajador de Estados Unidos en México a 18 meses de haber asumido el cargo, por su “deseo personal”, según escribió, de evitar que se “desvíe la atención” por “los temas planteados” por Felipe Calderón y con el ánimo de asegurar “una fuerte relación entre los dos países”, no tiene precedentes en la historia bilateral, pues nunca antes un descontento de la “clase política” mexicana había tenido tales consecuencias, pero paradójicamente lejos de ser un “triunfo” del gobierno panista como pretenden presentarla desde Los Pinos, constituye un serio revés para Calderón y sus amigos pues esta dimisión deja a Calderón en una posición de mayor debilidad ante Washington, al que le debe ya todos los favores, mientras que las políticas imperiales de Obama tienen una vía libre mayor.
2. La declaración emitida el sábado 19 por Hillary Clinton (secretaria de Estado) sobre el retiro de su embajador no deja lugar a dudas de que Washington lo respalda plenamente y de que las políticas no van a cambiar sino a endurecerse. Pascual, como lo señaló un comunicado de la embajada estadunidense el miércoles 23, seguiría en su cargo hasta que deje el país, lo que no será pronto, y continuará estando apoyado por el ministro consejero John Feeley, quien se supone suscribió muchos de los despachos filtrados por Wikileaks (La Jornada del 23 de marzo), aunque otros son de la época del embajador Tony Garza.
3. Los “argumentos” del gobierno de Calderón para pedirle a Obama el retiro del embajador Pascual no pudieron haber sido más que dos, y ambos poco serios en términos diplomáticos. El primero, que por sus relaciones personales (su noviazgo con la hija del priísta Francisco Rojas) y por los informes oficiales de la embajada filtrados por Wikileaks (en los que al advertir a Washington de la ineptitud del gobierno panista y de la mediocridad de los aspirantes blanquiazules para 2012), estaría favoreciendo al PRI sobre el PAN, en los momentos en que ambos partidos buscan la bendición de la Casa Blanca: un argumento carente de sustento pues los cables diplomáticos deben reflejar una percepción de la realidad por mucho que ésta moleste al gobierno en turno.
4. La segunda obvia imputación del panista al embajador estadunidense, que expresara de manera velada durante su visita a Washington, adolece de la misma falla: no puede un gobierno entrometerse en el contenido de los documentos internos de trabajo de otro. La acusación de Calderón es muy simple, pues reclama que al hacerse públicos los informes internos de la embajada sobre la incapacidad del Ejército Mexicano para enfrentar al narco y subrayarse tanto su falta de preparación como la corrupción de la oficialidad y sus continuas violaciones a los derechos humanos, se le habría puesto en una situación crítica frente a las fuerzas armadas. La razón de fondo es empero que Calderón sabe que los documentos exhiben que él fue quien pactó con Washington utilizar al Ejército en esta “guerra”, subordinándolo a agentes de una potencia extranjera, a sabiendas de que se buscaba expresamente desprestigiarlo para ir abriendo la vía a la intervención directa de las fuerzas armadas estadunidenses.
5. La remoción de Pascual busca ayudar a Calderón a hacer creer a los mexicanos que es ajeno a la caracterización que hace la embajada en sus comunicados sobre el Ejército Mexicano, pero no debe olvidarse que el “efecto Wikileaks” y las demás revelaciones afectan también a Obama. Acaso por ello el presidente estadunidense afirmó el miércoles 23 que él “nunca autorizó el tráfico de armas a México” ni conocía del operativo Rápido y furioso como tampoco, dijo, lo conocía el procurador general, Eric Holder, siendo que éste afirmó en repetidas ocasiones que sí sabía del mismo como el gobierno mexicano. Y que, como conocen los expertos en seguridad nacional, una decisión de esta magnitud pasa necesariamente por la Casa Blanca.
6. La mayor parte de los integrantes de la clase política como los analistas de los medios han aprovechado empero la “renuncia” de Pascual para denostarlo tramposamente como injerencista, olvidando algo muy obvio: que Estados Unidos es un imperio, y que por lo mismo todos sus diplomáticos tienen que informar con la mayor veracidad y en función de los intereses estadunidenses sobre esos temas. Los intereses de México tendría que defenderlos el gobierno de Calderón (cosa que no hace) pues es un gobierno que tolera, acepta, pacta e incluso solicita dicho intervencionismo, y es a éste al que hay que denunciar y parar.
7. La situación es en extremo delicada para el Senado, pues parece oscilar entre cualquiera de los dos roles que le ha asignado el gobierno del PAN, conociendo las ambiciones políticas de los legisladores priístas: a) el de cómplice o b) el de comparsa, que ha tenido a lo largo de estos cuatro años. La única salida que tienen los senadores, que hasta ahora han abdicado de su función constitucional de defender los principios de la política internacional de México, es la de acusar a Felipe Calderón del delito de traición a la patria y destituirlo a fin de evitar que siga ahondando el desastre económico y social, como lo expresaban el día 17 en La Jornada diversos juristas.
8. En Libia, para agenciarse su petróleo, Obama ha tenido que urdir y orquestar en 2011 una vergonzosa guerra de invasión –aprobada entre otros de manera ignominiosa por el gobierno de facto de Felipe Calderón–, pero en México, para los mismos fines, le ha bastado mantener la “guerra contra el narco”, que tiene para ellos un costo mucho menor, y mantener disciplinado al gobierno del PAN y El Yunque.
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