Un oficial del EMP entregó al narco expediente médico del Ejecutivo

El expediente médico del Presidente fue entregado a criminales, dice Antonio Garza

En manos de cárteles del narco, datos confidenciales de Felipe Calderón

Guillermo Galván, titular de la Sedena; Felipe Calderón, y Francisco Saynez, secretario de Marina, participaron en la ceremonia del Día del Ejército MexicanoFoto Ap

Arturo Cano

Periódico La Jornada
Lunes 21 de febrero de 2011, p. 5

“El expediente médico del presidente Felipe Calderón fue entregado a un cártel del narcotráfico por un integrante corrupto del primer círculo” de la Presidencia de la República, según un cable firmado por el embajador Antonio Garza, despachado el 20 de enero de 2009 y clasificado como “secreto”.

En el mismo documento, Garza informa que la embajada “compartió con el Estado Mayor Presidencial (EMP) información sobre amenazas contra la vida del presidente Calderón hechas por una organización de narcotraficantes”. Esta información, según el documento, fue proporcionada al EMP por la Oficina de Seguridad Regional (RSO, por sus siglas en inglés), integrada por agentes especiales encargados de velar por la seguridad del cuerpo diplomático.

En el cable 09MEXICO133, uno de los entregados por el sitio Wikileaks a este diario, no se detallan las fechas en que ocurrieron la fuga del expediente médico ni las amenazas. Tampoco se precisa de qué organización (u organizaciones) criminal se trata.

En marzo de 2007 Calderón admitió: “Sí, hemos recibido muchas amenazas”. A lo largo del sexenio han aparecido cartulinas y mantas, en diferentes estados del país, con amenazas de muerte contra el Presidente y su familia. La última de que se tenga registro fue hecha por La Familia michoacana en diciembre del año pasado.

El cable fue redactado con motivo de la detención del mayor Arturo González Rodríguez, miembro del Estado Mayor Presidencial, ocurrida en los últimos días de 2008. “El arresto representa la más grave violación de la seguridad hasta la fecha, pero no es sorprendente si se considera que altos funcionarios civiles han sido acusados de corrupción en los últimos seis meses”, dice el texto, en referencia a la llamada Operación Limpieza, que llevó a prisión a varios funcionarios con altas responsabilidades en el combate al narcotráfico.

El cable hace eco de la información hasta entonces divulgada públicamente por funcionarios mexicanos: González Rodríguez recibía 100 mil dólares mensuales del cártel de los Beltrán Leyva para informar sobre las actividades y planes de viaje del presidente Calderón. En los días de su detención, también se le acusó de filtrar información de inteligencia militar, de entrenar sicarios mediante una empresa de seguridad privada y de proporcionar armas restringidas a los militares a cárteles, incluyendo a Los Zetas.

Y enseguida viene el juicio del embajador: “El caso demuestra que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no investigó adecuadamente ni supervisó a un oficial que participó en brindar seguridad al Presidente. No obstante, indica que los militares toman en serio la lucha contra la corrupción. Aunque el mayor no formaba parte del círculo íntimo del presidente, el caso también muestra que los cárteles han logrado infiltrarse en un área significativa de los aparatos de seguridad del gobierno de México”.

Un “hueco” en la seguridad de Calderón

El cable describe que el oficial del Ejército era informante de los Beltrán Leyva desde 2005 y al ser detenido proporcionaba a los narcotraficantes “información limitada acerca de las actividades y planes de viaje del presidente Felipe Calderón”.

Tal información, según un “informante” citado en el cable, era usada “para evitar la seguridad en torno al Presidente, no para hacerlo blanco” de un atentado.

Para el embajador, el caso resultaba “preocupante, pero ciertamente no sorprendente”, puesto que en los seis meses anteriores habían caído 25 altos funcionarios y agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

En el cable, el embajador critica que fuentes del gobierno mexicano pretendan minimizar el caso del mayor González. El general Cuevas, “segundo en el mando en el EMP, no estaba demasiado preocupado, ya que dijo que el mayor no tenía acceso cercano al presidente”. Óscar Rocha, asesor del procurador Eduardo Medina Mora, dijo a un funcionario de la embajada que González “no era uno de los guardias personales” de Calderón, pero “tenía acceso a sus movimientos para facilitar los desplazamientos de su unidad”.

La embajada, sin embargo, no lo ve como un asunto menor. “La revelación de que González estaba proporcionando información y materiales al cártel de Arturo Beltrán Leyva representa un doble golpe para el gobierno de México. En primer lugar, el hecho de que un miembro de una unidad del ejército encargada de la protección del Presidente estaba pasando información sobre los movimientos presidenciales a los cárteles expone un hueco en la seguridad de Calderón. Si bien no se sabe a qué información específica tuvo acceso González, o los detalles exactos que pasaba a los cárteles, se trata de una falla importante en la seguridad”.
El segundo punto, que para el diplomático estadunidense resulta “desconcertante”, es que “González aparentemente había estado en la nómina del cártel desde 2005, tiempo durante el cual tuvo distintos cargos en el gobierno. Conforme cambiaba de funciones, lo mantuvieron como un ‘activo’ del cártel, y la naturaleza de su involucramiento con los cárteles cambió. Es muy probable que proveyó de información acerca de otros departamentos del Ejército (no sólo del EMP) a lo largo de su relación de tres años con los cárteles”.
El informe sobre el caso concluye: “Si bien el mayor no era parte del primer círculo del Presidente, este caso demuestra que los cárteles fueron capaces de ampliar su red de inteligencia a aquellos encargados de proteger la seguridad personal” del Presidente.

Militares “también son propensos a la corrupción”

El despacho diplomático aborda también el debate sobre la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico: “Una de las razones principales de que el gobierno mexicano confíe en los militares en el combate a los cárteles es la percepción de que los militares son considerablemente menos corruptos que las fuerzas policiacas estatales y locales”.

Pero el caso de González, sumado a los arrestos de otros militares en 2008, “reafirma que integrantes del Ejército Mexicano también son propensos a la corrupción”.
El despacho cita a la Oficina del Agregado de Defensa (DAO) de la propia embajada: “La Secretaría de la Defensa Nacional reconoce el peligro de la corrupción en el Ejército, en su combate al narcotráfico, sobre todo en sus guarniciones en el campo”.
La Sedena enfrenta esta amenaza mediante un “programa de contrainteligencia” que, por cierto, “excluye al Estado Mayor Presidencial”.
El día que firmó y envió el despacho reseñado aquí, Antonio Garza salió por la puerta principal de la embajada y saludó a la bandera de las barras y las estrellas. Ese 20 de enero de 2009, Barack Obama ofrecía su discurso inaugural en Washington.
Antes de salir de la sede diplomática, Garza firmaba el que sería quizá su último cable como embajador. Elogiaba en el documento “la rotación de unidades” como un mecanismo adecuado para evitar que los soldados mexicanos sean tentados por los delincuentes. Pero, como ocurre con otras instituciones involucradas en “la guerra contra las drogas” –así le llaman los estadunidenses aunque el presidente Calderón reniegue del término guerra– la DAO crea que los cárteles “le hacen a los militares ofertas que algunos no pueden rechazar”.