Distrito Federal– En momentos en que plantear preguntas al presidente Calderón es no sólo políticamente incorrecto sino un delito de lesa majestad, cabe sin embargo reiterar las interrogaciones sobre su apoyo irrestricto, que más parece dependencia, a Genaro García Luna. Tan solidario es el Ejecutivo con el secretario de Seguridad pública que está resuelto a pagar el costo de un severo conflicto internacional con tal de mantener incólume la autoridad de quien aparece como su subordinado.Carecen de razones jurídicas las funcionarias francesas que han reaccionado con virulencia ante una decisión judicial, ajena a la Presidencia, que confirmó la sentencia de sesenta años, por el delito de secuestro, impuesta a la ciudadana francesa Florence Cassez. Con dureza verbal la ministra de relaciones exteriores Michél Alliot-Marie, y en los hechos, al cancelar una exposición de José Guadalupe Posada, la alcaldesa de Lille, Martine Aubry –que es la vez dirigente del Partido Socialista francés y precandidata presidencial– han externado juicios sumarios sobre el gobierno mexicano. Y la primera reacción que en México provoca una actitud como la suya es la defensa de la tribu, de su independencia, de su rechazo a la injerencia externa, sobre todo cuando proviene de una república que envió varias veces sus tropas a invadir a la nuestra, y hasta instauró un régimen imperial espurio en nuestro suelo.
Pero de igual modo en que la cancillería mexicana ha pedido al gobierno de París que no sobredimensione el caso de Florence Cassez, y con ello ponga en riesgo el Año de México en Francia, que está comenzando, y acaso otros aspectos de la relación, también hemos de moderar nuestra hipersensibilidad. Faltan razones en Francia para cuestionar a la administración de justicia mexicana. Pero la lenidad que beneficia al ahora titular de la seguridad pública federal ha alimentado la suspicacia extranjera sobre el fallo que angustia a la sentenciada y a sus padres e irrita al gobierno francés.
Ha quedado claro allá que la Agencia Federal de Investigación fingió ante la televisión el arresto de la señora Cassez el 9 de diciembre de 2005. La simulación, reconocida formalmente por el gobierno mexicano, el montaje de un espectáculo para forjar la fama de la corporación que se ufanaba de compararse con el FBI y Scotland Yard y asegurar el destino político de su jefe, el mismo Genaro García Luna que es hoy el zar policiaco mexicano, infectó al proceso contra Cassez, si no en general el seguido contra la banda de secuestradores a la que ella pertenecía según la sentencia que es hoy la verdad legal. No sólo se pasó por alto, en el gobierno y en la opinión pública de México la gravedad de la puesta en escena que puso en duda la acusación, sino que García Luna medró políticamente con ella.
Aun con merma de su crédito (que va a la baja según mediciones de su popularidad), el presidente Calderón puede tomar dos medidas que atenúen la tensión diplomática con Francia. Tiene bases legales para disponer el traslado de la sentenciada a una prisión francesa. Si bien una comisión binacional estudió esa posibilidad y con fundamento en sus reflexiones Calderón cerró la puerta al envío de la presa a su patria el 22 de junio de 2009, esa decisión puede ser revertida. Hacerlo no interferiría en la esfera de acción judicial porque una vez cerrado el caso ante los tribunales, la ejecución de la sentencia corresponde al poder ejecutivo. Es una práctica corriente que, en canje de reos o con la remisión unilateral de algunos, México acceda a que extranjeros sentenciados aquí cumplan su condena en su país de origen. Para fundar que esa costumbre se aplicara al caso de Florence Cazzez el gobierno francés invocó el tratado de Estrasburgo. Base legal no falta, pues, y a su aplicación ayuda el sentido liberal de la política de ejecución de penas, que favorece la proximidad del sitio donde se compurga la sanción con la residencia de la familia de los sentenciados.
También podría Calderón tomar una decisión extrema, que denotara una desautorización aunque fuera tardía al proceder que tanto indigna con razón a los franceses. París bien vale un despido, el del secretario de seguridad pública, creador y destructor de la AFI, de la que sólo queda el nombre con el que se encubre la denominación legal de la Policía federal ministerial, adscrita a la Procuraduría general de la república. García Luna creó tal monstruo que él mismo se encargó de desmantelarla para dar lugar a su nueva criatura, la Policía Federal, una corporación que cotidianamente crece en volumen pero no en eficacia, como lo ejemplifica su actuación en Ciudad Juárez donde, no nos cansaremos de decirlo, es parte del problema y no de la solución.
Más que retórica sería ingenua la pregunta que inquiriera a Calderón la causa de su en apariencia indestructible relación con García Luna. Pero de todos modos la formulo, corriendo el riesgo de ofender la investidura presidencial, ultrasensible a los cuestionamientos públicos sobre asuntos delicados: ¿Por qué Calderón se ha puesto en las manos de García Luna? Hasta promueve una reforma constitucional que a la postre conduciría a que fuera ese funcionario el jefe de todas las fuerzas policiales en todo el país. La intención de que así sea es la denominación de mando único al intento, que por ahora se queda en ese nivel, de que en cada entidad desaparezcan las corporaciones municipales o las dirija el jefe de la policía estatal. De allí que parezca contradictorio o torpe proponer que haya 32 mandos únicos. Pero es que el siguiente obvio paso es que los mandos locales se sometieran al que sí sería, en verdad, mando único, el ejercido por García Luna.
Desde el comienzo de su administración Calderón se puso en manos de las fuerzas armadas, así las castrenses como las policiales. Dado que propuso como acción central de su gobierno la lucha contra la delincuencia organizada, asumió por un lado con énfasis escénico su condición de comandante supremo del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina y construyó su propia policía, la federal, que perdió su apellido original que la reservaba a cumplir funciones preventivas para convertirse en una corporación dotada legalmente para realizar también indagaciones y capturas antaño correspondientes a la policía que depende del Ministerio Público.
Si bien es ostensible y, más todavía, lucidora su relación con las fuerzas militares, al parecer hay en su seno señales de inconformidad o disgusto, por varias razones, entre ellas el contraste entre la relación que el Presidente guarda con la PF y con la corporación castrense: “Como afrenta acude personalmente o envía altos representantes a las honras fúnebres de policías caídos, qué bueno. Acude él a pomposas ceremonias al cuartel general de la Policía Federal, donde llena de elogios a esa corporación que siente suya. En cambio, se ignora cuántos militares han caído, sus grados y circunstancias, dicen que 200. ¿Le es vergonzante?
“No se realizan honras fúnebres para los militares que dieron sus vidas, nadie conoció sus nombres, no hubo banderas nacionales en sus ataúdes como en los de los policías, no hubo reconocimientos ni se consoló a sus familias. La historia no los registrará. ¿Por qué? ¿Le avergüenza la milicia y opta por acurrucarse en la policía que siente suya?” (La Jornada, 22 de enero)
Quien formula esas preguntas es el general Jorge Carrillo Olea. Salido de su cargo de gobernador de Morelos a los cuatro años, en medio de un escándalo, perdió su prestigio político y disminuyó el brillo de la reputación como funcionario que con su trabajo se había labrado. Ignoro si tiene crédito o presencia en el ámbito militar, pero es indudable que tiene información sobre lo que ocurre en sus filas.
Sea o no cierta la denuncia de Carrillo Olea, es claro que Calderón goza su condición de comandante supremo. Disfruta ataviarse con ropa militar y el jueves pasado se divirtió con las vastas maniobras que la Fuerza Aérea realizó en el campo militar de santa Gertrudis, en Chihuahua, el estado de mayor letalidad criminal.
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