El Estado envía señales de que existe total impunidad, dicen ONG

Denuncian estrategia de exterminio contra defensores de derechos humanos
Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 18 de febrero de 2011, p. 14
El incendio de la casa de la activista Malú García Andrade, sumado a las agresiones contra Sara Salazar, Susana Chávez y Marisela Escobedo, forma parte de una estrategia de exterminio contra los defensores de derechos humanos en Chihuahua y en todo el país, y demuestra la complicidad entre el crimen organizado y las fuerzas de seguridad del gobierno, denunciaron integrantes de organizaciones civiles.

Lucha Castro, cofundadora de la asociación Justicia para Nuestras Hijas, señaló: “este nuevo acto criminal nos deja perplejas, atónitas, realmente sin palabras. Ya no vemos salidas para realizar nuestro trabajo, y éstas son señales enviadas por el Estado mexicano de que estamos en una situación de total impunidad”.

Esta agresión, advirtió, ya puede considerarse parte de una “estrategia de exterminio contra los defensores de derechos humanos”, y recordó que de acuerdo con el informe Entre el compromiso y el riesgo, elaborado en 2010 por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de cada cinco homicidios de defensores en el país, tres ocurrieron en Chihuahua.

“Está claro que en la entidad hay una epidemia de violaciones a los derechos humanos cometidas por los criminales y por los mismos militares y policías federales. Las defensoras estamos vulnerables, porque ante una ciudadanía pasmada y que no se atreve a hablar, somos nosotras las que damos la cara”, sostuvo.
De continuar la “indolencia” de las autoridades municipales, estatales y federales, “tendremos que voltear a instancias internacionales, como Naciones Unidas y la Unión Europea, para que realicen visitas in situ y desvíen la mirada del mundo hacia acá”.

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, manifestó su preocupación por la seguridad de las activistas de Chihuahua, y acusó a las autoridades de todos los niveles de dar nula respuesta a los actos de violencia contra los defensores de derechos humanos.

“El gobierno está más preocupado por la guerra contra el narco y no hace nada para frenar la violencia. Es un Estado fallido que obliga a la gente a salir de sus comunidades y que da un mensaje claro para que las organizaciones dejen de denunciar los feminicidios, la trata de personas o las fallas del nuevo sistema de justicia penal.”