Distrito Federal– La tensión entre los gobiernos de Francia y México llegó a un punto crítico al frustrarse el programa de actividades culturales mexicanas en aquel país y cuando las autoridades de las dos naciones cruzaron juicios y anuncios que empeoran la situación.El presidente Sarkozy ha hecho del proceso a su compatriota Florence Cassez un tema personal. Después de que en su visita a México introdujo el caso en una agenda que no lo incluía, recibió anteayer a los padres de la ciudadana francesa sentenciada a sesenta años de prisión por secuestro y otros delitos.
Con ellos a sus flancos ofreció una conferencia de prensa en que, en su calidad de anfitrión y autor de la iniciativa del Año de México en Francia, anunció que ese proyecto se realizaría. Dijo que suspenderlo “sería una ofensa para el pueblo mexicano y, por lo tanto, una decisión perfectamente inoportuna y contraria para los dos pueblos”.
Decidió proceder de ese modo después de conversar telefónicamente con la prisionera, quien le pidió mantener el programa. Quizá le sugirió, porque eso había declarado, que en las actividades se recordara su situación. Por eso Sarkozy dijo que el festival sería dedicado a Cassez.
Dijo algo más el mandatario francés. Reveló que el presidente Felipe Calderón le escribió “que planeaba la transferencia de Florence Cassez”, cuya negativa actual es el punto de fricción del que partieron las actividades y declaraciones que han llevado a esta crisis a la relación bilateral. Salvo que el presidente francés haya llegado al extremo de mentir para justificar su posición, y no se haya ofrecido tal paso, será útil conocer el documento aludido, para saber qué condiciones cambiaron al punto de que ahora se rehúsa el traslado de la presa a su país de origen.
El lunes por la tarde, sin referirse a ese apunte, el gobierno mexicano canceló su participación en el conjunto de actividades programadas para este Año.
La Secretaría de Relaciones Exteriores reaccionó de inmediato con tono áspero. Tras explicar que la prisión de Cassez obedece a decisiones judiciales ajenas al Ejecutivo, la cancillería lamentó “que se pretenda vincular un caso exclusivamente penal con las relaciones entre dos naciones que han mantenido una larga historia de amistad y una profunda afinidad de valores”.
Calificó como “realmente sorprendente que un Jefe de estado tome una decisión de política exterior que afecta los vínculos entre dos pueblos y gobiernos en consulta con una persona condenada por la justicia mexicana por delitos de naturaleza particularmente grave”.
Perturbado de ese modo el programa cultural, razonó la cancillería, el gobierno mexicano canceló su participación en esas actividades, pues considera que “no existen las condiciones para que el Año de México en Francia se lleve a cabo de manera apropiada y que cumpla con el propósito para el que fue concebido”.
La secretaría de Relaciones, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que las cosas cambien, pues no dio por definitiva su propia decisión. La dejó sujeta a la comprobación de que “existen las condiciones indispensables para el desarrollo “del proyecto suspendido, “conforme a los términos en que ambos gobiernos acordaron llevarlo a cabo”-
Sarkozy no tiene confianza en los tribunales mexicanos, pero tampoco en los de su país. Está en curso un conflicto entre el presidente y la judicatura francesa por un denuesto presidencial a la corporación judicial, a partir de una impopular decisión.
El 3 de febrero Sarkozy criticó la libertad de un preso peligroso.
Dijo que era un error dejar “salir de prisión a un individuo como el presunto culpable sin asegurar que tendría un seguimiento”, y anunció que “los que dejaron que esto ocurriera serán sancionados. Se trata del caso de un delincuente pertinaz que tras su liberación por otros delitos asesinó y descuartizó a una joven.
El juez involucrado alega que su sentencia sí previó el seguimiento, pero no se aseguró de que su orden se cumpliera y en efecto el delincuente careció de la asesoría para su reinserción social.
El responsable de esa omisión argumenta a su vez que por falta de recursos su servicio funciona mal, pues sólo dispone de 27 personas para asesorar y seguir a cuatro mil reos en libertad condicional.
La censura presidencial fue acogida con malestar por los juzgadores que practicaron el jueves pasado “una huelga de togas” –sólo atendieron los casos impostergables–, y se concentraron en diversas ciudades de Francia para demandar del presidente una disculpa que hasta ahora no ha ocurrido.
La desconfianza de Sarkozy en la justicia mexicana tiene asidero. La captura de Florence Cassez y otros secuestradores se grabó para beneficio de la imagen pública de la Agencia Federal de Investigaciones y su jefe Genaro García Luna, ahora ascendido a secretario de Seguridad Pública federal.
La patraña arroja duda sobre la legalidad del proceso entero, pero no fue considerada por el tribunal que la semana pasada negó el amparo definitivo a Cassez, porque el video correspondiente no figuraba en el expediente sobre el que los magistrados se pronunciaron. Sí constaban en el juicio, sin embargo, otras deficiencias procesales.
Tanto las víctimas como algunos testigos emitieron declaraciones y testimonios contradictorios. Se comprende que las personas secuestradas no tuvieran claridad respecto de lo que les sucedía, debido a la conmoción que padecían. Pero un testigo súbito dijo haber visto a Cassez espiando a su víctima en días en que la inculpada entonces se hallaba en Francia.
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