Distrito Federal– Se debatió ampliamente, en los años pasados, si cabía incluir al mexicano en la categoría de Estados fallidos. Era mi opinión entonces, y la mantengo ahora, que es un exceso tal inclusión, porque si bien el Estado mexicano ha mostrado su radical insuficiencia en brindar seguridad a sus gobernados, otros muchos aspectos de la convivencia se realizan dentro de la institucionalidad asegurada por el Estado, aunque sea a través de servicios insuficientes o magros.
No siendo el mexicano un Estado fallido, puede sin embargo reconocerse que se trata de un Estado minado, sobre todo en sus capacidades para el combate a la ilegalidad en general y a la delincuencia en particular. El gobierno federal es incapaz de impedir el contrabando que a gran escala inunda los mercados informales, y no puede contener el despliegue de la economía negra, la que se realiza, aunque parezca contradictorio, a la luz pública pero protegida por las sombras de la clandestinidad.
En cuanto al combate a la inseguridad en las calles, las carreteras y aun los domicilios, el gobierno federal y los estatales y municipales están claramente rebasados por la delincuencia, la organizada y la de carácter común, la practicada por el ladrón solitario que comete hurtos o por el homicida que al calor de una riña priva de la vida a otra. Las posibilidades de detener, aun en flagrancia, a los autores de esos delitos son mínimas, y son aun menores las de someterlos a proceso y que de la intervención judicial resulte una condena.
La semana pasada el secretario de Gobernación Francisco Blake Mora afirmó de nuevo que las fuerzas armadas permanecerán en la lucha –que no guerra según ha pretendido inútilmente negar el presidente Calderón– contra el crimen organizado, pero que su presencia será de carácter temporal, sujeta a la capacitación de los cuerpos policiacos federal y locales. Cuando haya corporaciones de esa índole con destrezas y confiables, los militares volverán a sus cuarteles.
Eso significa aplazar ese regreso ad calendas grecas, es decir, para nunca, como antaño se decía aludiendo al hecho de que los griegos no utilizaban candelas para medir el tiempo. Y es que no prosperan los esfuerzos por construir agencias policiales que merezcan la confianza de la población.
En diciembre del año pasado, en uno más de los encontronazos que han caracterizado la relación entre el gobierno federal y el de Michoacán, aquel enrostró una vergüenza al de Leonel Godoy: un insólito comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad pública, y la Procuraduría General de la República difundió cifras que mostraban la debilidad institucional de las corporaciones encargadas de funciones policiacas en esa entidad. Por citar sólo una, se denunció –pues ese era ánimo con que se proporcionó la información– que sólo 15 por ciento de los agentes de la policía estatal habían obtenido certificación tras haberse sujetado a los mecanismos de control de confianza. “Es decir –explicó el comunicado conjunto– las policías que deben prevenir el delito y mantener contacto directo con la ciudadanía, aun muestran importantes rezagos en sus procesos de certificación de confiabilidad”.
Era en efecto un dato preocupante, y lo es en sí mismo, pero la supervisión que realiza en esa materia el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos muestra que la información se difundió con fines propagandísticos, destinada a comprobar que el gobierno michoacano en su conjunto, y especialmente sus áreas de combate al crimen organizado son sospechosos, o al menos no han comprobado no serlo.
Pero hoy sabemos que, comparativamente, Michoacán es una entidad muy avanzada en esa materia. El secretario ejecutivo del SNSP, Juan Miguel Alcántara, encabezó el jueves pasado la Primera Reunión de Concertación de Estados y Municipios y sin querer situó en posición eminente al gobierno michoacano al que antes se había procurado desprestigiar en esta materia. Ocurre que en 23 entidades federativas el porcentaje del personal sometido al control de confianza es inferior a diez por ciento. Y el problema es crítico en Campeche, Jalisco, Nayarit, Quintana Roo y San Luis Potosí donde no se llega siquiera al uno por ciento.
Los informes presentados en esa reunión muestran una apatía generalizada en los gobiernos estatales en materia de seguridad, negligencia que puede tener su origen en meras ineptitudes, en la creencia falsa de que ese tema corresponde exclusivamente a la Federación o a corrupción. La abulia de los gobernadores llega al extremo de que no gastan partidas autorizadas y disponibles a través del Fondo de aportaciones para la seguridad pública. Algunos de ellos se pasan de vivos y sí ejercen los fondos puestos a su alcance, pero los destinan a otros menesteres distintos a la profesionalización de los cuerpos policiacos. Aunque de ese modo cometan peculado, y queden expuestos a las sanciones penales del caso, como los abriga la impunidad general no parecen preocupados por su destino, que sólo queda en riesgo cuando se realizan venganzas políticas.
No fallido pero sí minado, el Estado mexicano –que de acuerdo con el criterio constitucional está compuesto por la Federación, los estados y los municipios– ofrece esta ancha y profunda grieta en su principal frente de lucha. Hay una punible y generalizada actitud abúlica en los gobiernos estatales, que no depende de la filiación política de sus titulares, pues hallamos de todo en esa práctica.
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