Astillero. Julio Hernández López

BARRICADA. Durante los últimos minutos del sábado pasado, sujetos armados bloquearon la carretera a Chapala, Jalisco, a la altura del kilómetro 13 en dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Tras un tiroteo, atravesaron cinco vehículos –un camión y cuatro autos particulares– y los quemaronFoto Notimex

 

 

El mensaje de la Marina
Abatimiento de la CNDH
Eficacia, por encima de leyes
Populismo festivo JPII

La Secretaría de Marina estaría derribando el mínimo andamiaje de esperanza en la legalidad y el respeto a los derechos humanos que aún queda en los organigramas oficiales si se sostiene en la aplastante postura de ignorar dos recomendaciones de la CNDH que han pedido indemnización y reparación de daños en dos evidentes casos de abuso criminal institucional cometidos en el estado de Morelos durante las operaciones que culminaron con el exterminio del jefe de uno de los discordantes cárteles del narcotráfico, Arturo Beltrán Leyva.

Convertida en el brazo ejecutor digno de la mayor confianza estadunidense y calderonista, la Marina parece estar dispuesta a superar en gravedad la marca de excesos que la tradicional Secretaría de la Defensa Nacional ha alcanzado durante la pesadilla sangrienta que Felipe Calderón ha impuesto al país. Las revelaciones de Wikileaks mostraron incluso valoraciones de diplomáticos gringos que consideraban a la Marina como una corporación efectiva y dispuesta a correr riesgos, bien equipada y sin tanto riesgo de filtraciones, en marcado contraste con la Sedena que aparecería lenta, cautelosa, infiltrada por las propias bandas criminales y bajo mucho más que sospecha dado que sus deficiencias estarían sirviendo al espectro de los narcotraficantes. Pero los procedimientos de los marinos para cumplir órdenes en estos delicados ámbitos han resultado especialmente violatorios de leyes, garantías y derechos de ciudadanos, como si esos grupos de elite tuviesen instrucciones superiores de no detenerse ante minucias jurídicas, concentrado todo el poder de fuego, la capacidad de arrasar, la fuerza desatada, en el cumplimiento de objetivos de guerra cuyo alcance tuviese como consecuencias necesarias, inevitables, e incluso a salvo de castigo, el daño a la población civil.
La negativa de la Marina a aceptar y cumplir las recomendaciones giradas por la siempre cautelosa CNDH es particularmente lesiva para el marco de la convivencia civil guiada por leyes e instituciones si se toma en cuenta que es evidente, irrefutable y socialmente doloroso lo sucedido en los dos casos mencionados, cuando personas sin involucramiento alguno en asuntos del narcotráfico fueron acribillados por miembros de la Marina que actuaban contra el señalado Beltrán Leyva. Una mujer que de madrugada salió de su casa a asistir a su madre en graves problemas de salud acabó muerta (su automóvil tenía más de 60 impactos de bala) porque los marinos la consideraron sospechosa exterminable en el marco de una narcoposada el 11 de diciembre de 2009 en un poblado cercano a Cuernavaca. Ignacio Aguilar Rodríguez, por su parte, recibió 13 de los 53 impactos (entre ellos, dos ojivas) que recibió su automóvil cinco días después, en el contexto de las operaciones de marinos que acabaron con la vida del citado Beltrán Leyva.
Exhibir la inutilidad de la CNDH como lo está haciendo la Marina, al mandar al bote de la basura las recomendaciones sobre dos casos evidentes de graves violaciones a los derechos humanos, equivaldría a decretar la supremacía de las armas y los criterios operativos de exterminio sobre lo que aún quedaba de espejismo legal e institucional. Aceptar el estado de excepción no declarado, tolerar y asumir como naturales y “explicables” los allanamientos de morada, las agresiones, el secuestro, el asesinato y la barbarie, por presuntas razones bélicas superiores, sería aceptar que ha terminado por imponerse la lógica del control y el gobierno de las armas, con las terribles consecuencias que la historia mundial, y en particular la latinoamericana, nos han enseñado que suceden cuando los ejércitos, y marcadamente la Marina, creen llegado el momento de hacer a un lado la legalidad civil para imponer sus leyes particulares.

Astillas

La política y socialmente maltrecha cúpula de la Iglesia católica mexicana inflará el ánimo festivo que entre segmentos de la feligresía causará la beatificación de Juan Pablo II, el mediático Papa cuyo saldo histórico ha sido afectado entre otros hechos por la protección y afinidad que mantuvo con Marcial Maciel, el fundador de los legionarios de Cristo. El cardenal Norberto Rivera anunció ayer en la Catedral Metropolitana su intención de organizar una especie de Wojtyla Fest para celebrar la mencionada beatificación pero, con un aire más de campañas políticas que de ceremoniales religiosos, ha convocado “al pueblo” a hacer propuestas para que haya una mayor participación colectiva en los “magnos festejos”. “Que la gente decida”, es la invitación demagógica de los jefes de una institución que históricamente se ha manejado entre secretos e imposiciones verticales pero que ahora se pone populista, justo cuando su imagen más ajada está a causa de los pleitos de Juan Sandoval, de la opción preferencial por los ricos del mismo cardenal jalisciense, del mundano y oficialista Norberto Rivera y del indiciado Onésimo Cepeda y de la caída del imperio pretencioso, clasista e inmoral de los legionarios de Maciel. Pero, ¡México, siempre fiel!...

López Obrador cree posible ganar la candidatura única de la izquierda a partir de los seguidores que le apoyan a lo largo de sus imparables giras, mientras Ebrard apuesta a la recolección de gubernaturas de priísmo reciclado ganadas mediante alianzas (Sinaloa, Puebla, Oaxaca) o en contiendas directas de las siglas alquiladas del PRD, como en Guerrero, donde los odios de las facciones priístas en pugna (primo Añorve contra primo Aguirre) están creando condiciones de violencia política que podrían afectar el resultado electoral y servir de exploración y antecedente para las explosiones previsibles de 2012...
Y, mientras se ha cumplido un mes del asesinato de Marisela Escobedo, y entre el militante recuerdo colectivo destaca la misa oficiada por el obispo de Saltillo, Raúl Vera, en la ciudad de Chihuahua, ¡hasta mañana, conla estructura de control del PRD diseñando consultas que resuelvan que “las bases” sí desean alianza con el PAN en el Edomex!

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