Distrito Federal– Hace un año, el Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática, que intentó en vano refundar a esa organización, determinó acortar el periodo en que Jesús Ortega sería presidente. En vez de concluir sus funciones en marzo, lo haría el cinco de diciembre. Le cuadrara o no esa decisión, Ortega se había avenido a acatarla. Pero el resultado de su estrategia electoral, las alianzas con el PAN en media docena de entidades, en tres de las cuales triunfó la coalición correspondiente le insuflo nuevo aliento y resolvió mantenerse en su cargo hasta marzo próximo. Eso le permitirá no sólo conducir el proceso electoral de Guerrero y Baja California Sur, que están en curso, sino también el de Nayarit y sobre todo el del estado de México.
Sus opositores, sin embargo, aunque no pueden impedirlo conforme a la legalidad interna del partido, porque carecen de los votos suficientes en el Consejo Nacional, no están dispuestos a someterse a la voluntad de Ortega. Quieren que se vaya, inmediatamente, Por lo pronto, el domingo lo declararon presidente ilegal, espurio, a partir de la medianoche. Avisaron, además, que tomarían físicamente la sede del partido, hasta que se restaure la legalidad interna. También anunciaron que acudirán al Instituto Federal Electoral para solicitarle que tome nota de la infracción en que incurre Ortega y de su deposición. Difícilmente resolverán por esa vía sus diferencias. Por tratarse de un asunto claramente litigioso, después de exponerlo ante la Comisión de Garantías, el tribunal interno del partido, tendrían que acudir a la justicia electoral federal. Pero ese es un extremo al que no parecen dispuestos a llegar, porque no reconocen imparcialidad al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La actual fase de la crisis perredista, que va de tumbo en tumbo, se originó en marzo de 2008, cuando la elección entre Ortega y Alejandro Encinas no pudo culminar con un resultado admitido por todos. Al contrario, en el largo proceso postelectoral quedó claro que hubo irregularidades de una y de otra parte. Por ello, cuando el caso llegó al Trife, lo esperable era que se declarara inválida la elección a efecto de que los órganos internos convocaran a un nuevo proceso. Pero la sala superior del Trife decidió que Ortega había ganado y lo impuso en la presidencia. El prolongado litigio concluyó en noviembre de 2008, y seguiría por vías políticas hasta este momento de no ser que la elección de candidatos a diputados, el año pasado, permitió que Encinas obtuviera alguna compensación. Es ahora el coordinador de los diputados perredistas desde donde mantiene una fría y mínima relación con el mando del partido.
Las corrientes antagónicas a Nueva Izquierda no dieron por concluido el episodio y aprovecharon la derrota del PRD en los comicios federales del año pasado y la debilidad del liderazgo que ese resultado reveló, para canjear, durante el congreso decembrino, su aprobación a reformas que se pretendían sirvieran para refundar el partido, a cambio de que se abreviara el término para el cual habían sido elegidos Ortega y la secretaria general, Hortensia Aragón. En febrero siguiente, ya en este año, el consejo político nacional formalizó aquel acuerdo del Congreso y con el avenimiento de Nueva Izquierda y sus aliados se fijó indudablemente el cinco de diciembre como fecha para una nueva elección. No la hubo, pero los adversarios de Ortega interpretan que éste debió marcharse anteayer.
A la fragilidad de Ortega en 2009 contribuyó de modo central la actitud de López Obrador, que no reconoció la designación del dirigente principal por el Trife y prácticamente, salvo contados casos, abandonó el partido durante el proceso electoral del año pasado. Reforzó su posición y su desavenencia con Ortega un nuevo fallo del tribunal federal electoral, el que privó de la candidatura a jefa delegacional de Iztapalapa a Clara Brugada.
En un episodio muy conocido por sus aspectos chuscos y vergonzosos, pero menos estudiado respecto de las capacidades de movilización de López Obrador. El vasto agrupamiento que encabeza hizo que al día de hoy Brugada gobierne la más extensa y poblada de las 16 delegaciones del Distrito Federal.
El éxito electoral de López Obrador en 2009, del que resultó ganancioso el Partido del Trabajo, con el consiguiente perjuicio para el PRD, se trocó en un resultado contrario en julio pasado. Mientras que Ortega predicó y practicó una política de alianza contra el PRI, López Obrador la objetó y militó en su contra.
Las victorias de la coalición maldita por el ex candidato presidencial en Sinaloa, Puebla y Oaxaca, y el desempeño de sus candidatos en Durango e Hidalgo –donde no está dicha la última palabra– fortalecieron a Ortega, que por eso resolvió no citar a elecciones y mantenerse en su cargo hasta marzo, cuando se cumplen tres años de su cuestionada elección.
Las dos grandes tendencias que dominan la escena perredista: la de Nueva Izquierda y sus aliados, y la de López Obrador (el grupo de ocho corrientes que desconocieron la presidencia de Ortega) están trabados en un enfrentamiento sin solución aparente.
El comité encabezado por Ortega expulsó la semana pasada al senador Tomás Torres, porque apoyó en Zacatecas al candidato de Ricardo Monreal, es decir del PRI. Una infracción semejante, hacer propaganda por otro partido en contienda con el PRD, ha cometido López Obrador. Pero los chuchos se suicidarían si pretendieran sacar del partido a su principal activo político.
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