Distrito Federal– Hace una semana, en la noche del 16 de diciembre, un numeroso grupo de migrantes centroamericanos (un centenar y medio, por lo menos) fueron objeto de un doble asalto, uno detrás de otro con apenas minutos de diferencia, por lo que cabe conjeturar que alguna relación guardaron.
Habían partido de Arriaga, Chiapas a bordo de un tren de carga. Tres horas después de iniciado el trayecto, ya en suelo de Oaxaca, una partida de agentes del Instituto Nacional de Migración (la “migra” mexicana), junto con policías federales y efectivos del Ejército, ordenó al convoy detenerse y tras una revisión de documentos se detuvo a 92 personas, por carecer de ellos para estar en México. También hubieran podido aprehenderlos por viajar indebidamente en un tren de carga Algunas personas, decenas de ellas, escaparon a la revisión o mostraron papeles en regla o simplemente pudieron huir y treparon de nuevo al vehículo en que peligrosamente se adentran en territorio mexicano.
Unos diez minutos después sobrevino el segundo asalto. Una banda armada con machetes y armas largas forzó al tren a detenerse, y sus integrantes después de golpear a los espeluznados viajeros (que aun no se reponían del susto anterior) y robarles sus pertenencias, se llevaron a más de cincuenta, según relataron unos doce que pudieron escapar de esta segunda peripecia y denunciaron los hechos, en que no creyeron funcionarios mexicanos. Fue preciso que el gobierno de El Salvador, que se hizo eco de la denuncia de sus nacionales, insistiera y se hiciera acompañar de sus iguales de Guatemala y Honduras, para que las autoridades mexicanas aceptaran como cierto lo expuesto y se abocaran a investigarlo. La demora puede ser trágica, pues los secuestradores de los migrantes, teniéndolos a su merced, puede hacerlos víctimas de toda clase de presiones físicas, destinadas a obtener dinero, e incluso privarlos de la vida.
Llamo asalto al primer momento de este dramático episodio porque una revisión a los migrantes no tiene por qué hacerse en un paraje oaxaqueño si puede impedirse en el punto chiapaneco de donde parte. Todo el mundo sabe que en Arriaga los migrantes, cualquiera que sea su condición –mujeres, niños– trepan a los vagones de carga para llegar a Oaxaca, a Veracruz y a Tamaulipas, donde se afanan por cruzar la frontera con Estados Unidos. Si se trata de frenar la migración ilegal, nada mejor que en el arranque del viaje. Pero los agentes del INM prefieren hacerlo en parajes solitarios, y a las sombras de la noche, acaso para obtener algún provecho particular, no la vigencia de la ley.
A instancias del primero, los gobiernos de los países de origen de los migrantes agraviados se dirigieron de modo enérgico a la cancillería mexicana, que contestó de mala manera, no sólo negando la desaparición de los migrantes secuestrados, sino rechazando el juicio acerbo que el ministro salvadoreño hizo sobre la actitud del gobierno de México ante estos problemas. Con frescura y franqueza desusadas –acaso porque no es un diplomático profesional, sino un ex diputado y dirigente político, del partido en el gobierno desde hace año y medio, el Frente Farabundo Martí para la liberación nacional– el canciller salvadoreño Hugo Martínez hizo notar la contradicción que encierra el destinar amplios recursos a impedir el tránsito de migrantes indocumentados y no ser igualmente pródigos con los medios para impedir los secuestros y castigar a los responsables.
En un tono que es propio de los gobiernos que protegen a sus nacionales en el extranjero, Martínez recordó que este no es un caso excepcional. Durante el año que está por terminar, ciento noventa y seis migrantes han sido víctimas de secuestros –en seis operaciones–, de los cuales la cuarta parte, cuarenta y cuatro, son sus paisanos. Luego de una primera intervención individual que no tuvo la respuesta esperada, el canciller salvadoreño se reunió en la capital de su país con sus iguales de Guatemala y Honduras para adoptar una actitud conjunta ante la cual el gobierno de México fue más receptivo.
Tiene que serlo no únicamente con palabras sino sobre todo en los hechos. Sería abominable que los desaparecidos de ahora padecieran la misma suerte de 72 compatriotas suyos cuyos cuerpos aparecieron en agosto pasado en san Fernando, Tamaulipas, asesinados por “Los Zetas”, a los que se atribuye la peregrina idea de forzarlos a ser sus colaboradores en el tráfico de drogas o en acciones de seguridad, ante cuya negativa los hubieran asesinado. Es innegable la acción de esa banda en este campo, pero su efecto pernicioso se combina con el que genera la corrupción policiaca, militar y de la autoridad migratoria. De esa manera, los migrantes centroamericanos, que se exponen a peligros sin cuenta con sólo abordar de manera indebida un ferrocarril de carga, no habilitado para pasajeros, tienen que esperar ataques ya de los infractores de la ley, ya sea de los dizque encargados de hacerla valer.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha enviado visitadores para conocer estos hechos. Lo hizo también en enero de 2007 cuando agentes de la policía municipal de Ixtepec asaltaron a migrantes centroamericanos, los golpearon y los encarcelaron (acciones en que agredieron también al padre Alejandro Solalinde, entonces como hoy alerta contra la violencia que ofende a los migrantes). En aquel entonces, la CNDH demoró casi un año en emitir una recomendación al respecto, que cayó en el vacío. Se precisa que ni una cosa ni otra ocurran ahora.
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