Distrito Federal– ¿A santo de qué, a qué título participan los secretarios de Comunicaciones y del Trabajo en la decisión de revivir a Mexicana, inclinados a una opción que ha sido ya rechazada por dos sindicatos –el de pilotos y el de empleados de tierra– y genera reparos en un tercero (el de sobrecargos)?
Cuando Mexicana decidió acogerse al concurso mercantil (forma moderna de la suspensión de pagos) y dejar de volar, con lo que deliberadamente empeoró su situación pues dejó de generar ingresos y acrecentó sus pasivos, la Secretaría de Comunicaciones debió requisar la empresa, para asegurar la continuidad del servicio público concesionado a la casi fallida aerolínea, y no lo hizo. No se trataba de un rescate al modo en que esa empresa y otras del sector aéreo han sido beneficiadas en el pasado, sino de la aplicación de una norma administrativa para la cual está capacitada legalmente esa dependencia.
En contraste con su omisión en el ámbito que le es propio, la SCT, su titular Juan Molinar Horcasitas en particular, se ha mostrado activo en decidir cuál de las entidades financieras que han mostrado interés en adquirir la concesión que Mexicana puede obtenerla. No se trata de una licitación en que competa a un órgano del estado resolver cuál postura garantiza un mejor precio o una mejor prestación de un servicio. Se trata de una operación entre particulares, regulada por el derecho mercantil en que, si acaso hay espacio para que la SCT intervenga es para cuidar que se atiendan las restricciones legales en materia de inversión extranjera.
Mexicana está por ahora sujeta a la ley de concursos mercantiles, dejada en el aire (paradójicamente, pues en realidad la dejaron en tierra) por sus accionistas. Su gestión está a cargo de un administrador provisional, y su suerte jurídica depende del conciliador, figura jurídica establecida en la mencionada ley de concursos mercantiles, cuya obligación consiste en enlistar a los acreedores y fijar el orden de prioridades para el pago de los adeudos de la empresa sometida a ese procedimiento de la legislación de comercio. No se ve en qué medida tengan capacidad para resolver quién ha de ocuparse de los pasivos de la aerolínea llevada a la ruina deliberadamente por el grupo que la compró al gobierno en 2005 y que la regaló a nuevos accionistas que no hicieron en breve término más que empeorar la situación de la empresa, al grado de asestarle la puntilla, como se hace y dice en la tauromaquia.
No sólo eso: dichos administrador y conciliador solicitaron oficiosamente que las secretarías de Comunicaciones y de Trabajo avalaran su propia propuesta que, si cabe entre sus facultades, debieron asumir con autonomía. Debieron hacerlo así teniendo en cuenta que por lo menos respecto de PC Capital, financiera escogida para recibir la ganga en que se convirtió Mexicana, fue presentada a la SCT por el secretario del Trabajo, quien actuaría así como gestor de negocios privados.
El titular del Trabajo cumple en esa función también de otra manera, abogando ante los sindicatos por esa empresa, lo que ha ocasionado la inconformidad de las otras interesadas, TG Group y BMC Financial Investments. Si bien Javier Lozano admite –no podría ser de otra manera– que son las agrupaciones sindicales las que han de resolver si aceptan las condiciones de PC Capital, es llamativa su intimación a que resuelvan ya, escogiendo entre la oferta de esa financiera o la quiebra de Mexicana.
De las tres opciones, la que más castiga el interés de los trabajadores es la escogida por las autoridades que oficiosamente intervienen en el caso y por el administrador y el conciliador, cuyas funciones no incluyen revisar la composición del capital de la empresa que atienden en esta emergencia. PC Capital pretende reducir severamente el personal, pues su propósito es achicar la empresa: de 1,154 pilotos sólo serían recontratados 242, y de 1,724 sobrecargos permanecerían 375, ya que sólo estarían en operación veintinueve aeronaves. La reducción sería de 65 por ciento.
Si el dilema de planteara exclusivamente en esos términos: la propuesta de PC Capital o la quiebra, los sindicatos acaso optaran por rescatar de lo perdido lo que aparezca. Pero hay otras posibilidades, que además son mejores. Las otras financieras interesadas están dispuestas a un recorte de personal de mucho menor proporción que el de la oferta escogida. BMC capital se queja de que no ha sido notificada por la SCT de las razones por las cuales se eligió a PC Capital, siendo que se propone tener en vuelo 59 aviones (treinta más que los de la opción escogida). Y recontrataría 80 por ciento del personal.
Investido de autoridad aeronáutica, el secretario del Trabajo ha dicho que es inviable la oferta de más aviones y más personal. Un verdadero experto, en cambio, pone en duda la viabilidad del ofrecimiento de PC Capital: con los 150 millones de dólares que aportará esa empresa, “existe el riesgo de que después de seis meses tenga problemas de flujo de caja”, dijo Bart Pattyn, presidente para América Latina de Coface, aseguradora de riesgo empresarial y experto en aviación. (Reforma, 12 de noviembre).
Por si faltaran opacidades en este procedimiento, he aquí una más: las tres empresas interesadas son financieras, que acaso obran por cuenta de terceros pues ellas no se dedican a la aviación. Sólo una persona con experiencia en el ramo aparece en este escenario: PC Capital es representada por Arturo Barahona, que ya fue ejecutivo de Mexicana, bajo Gastón Azcárraga.
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