Distrito Federal– El martes 9 fueron asesinadas en una colonia pobre de Tampico cinco mujeres: sólo una era adulta, tenía 36 años y era la madre de las otras víctimas, de 14, 7, 4 y un año y medio de edad. Un grupo armado entró en la vivienda de esa familia y la exterminó. Emplearon armas de alto poder, como lo muestran los casquillos percutidos encontrados en el lugar de los acontecimientos.
En otro extremo del país, en Culiacán, esa misma noche otras seis mujeres fueron ultimadas con violencia. Contra ellas no se disparó ninguna bala. Perecieron abrasadas por el fuego, pues se incendió el centro comercial en que trabajaban. A pesar de que estaban vivas cuando llegaron los bomberos, no fue posible rescatarlas porque trabajaban encerradas. Lo hacían de noche, haciendo inventario de la mercancía. Y sus empleadores cerraban por fuera el almacén, bajando las cortinas de acero y poniendo candados exteriores en las puertas.
Quién sabe si las víctimas de Tampico fueron asesinadas por razón de género, es decir si se cometió contra ellas feminicidio, o simplemente se les privó de la vida. Los patrones de las mujeres incineradas en la tienda Copel quizá logren que alguno de sus empleados de alto nivel sea procesado sólo por homicidio imprudencial, culposo, en vez de que su juicio ponga de manifiesto que al clausurar el establecimiento procedieron con dolo, al sobreponer a la seguridad de las personas la de los bienes con que allí se comerciaba.
Sea como sea, se trata de vidas femeninas cortadas de tajo. Por una siniestra casualidad, o porque la estadística hace inevitable esa coincidencia, las once murieron el día en que una misión internacional “por el acceso a la justicia para las mujeres” terminó su visita de varias semanas a nuestro país. Las expertas que la integran quedaron horrorizadas por el número de mujeres muertas en general y las que lo son por razones de género, el feminicidio. Más estremecidas quedaron por el entorno en que se maneja ese atroz fenómeno, que durante un tiempo pareció concentrado en Ciudad Juárez pero que hoy sabemos se extiende a todo el país.
Invisibles la mayor parte de las víctimas en la vida cotidiana, es decir marginadas hasta el punto de ser borradas, carentes de identidad y ayunas de derechos, las muertes femeninas tienden a ser también invisibles. Ninguna autoridad tiene noticia precisa sobre el número de mujeres que pierden la vida con violencia, a pesar de que en la Procuraduría General de la República se creó hace años una fiscalía especial para investigar ese género de delitos, tan ineficaz que ni siquiera mantiene un registro sobre los casos. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) documentó con datos oficiales casi dos millares de casos: 1,728 homicidios dolosos contra mujeres en 18 entidades del país, durante los 18 meses transcurridos de enero de 2009 a junio de 2010. La mayor parte de ellos fueron estrictamente hablando feminicidios: 1076. La impunidad que es la regla en el proceso penal, se acentúa en estos casos, ya que sólo en 40 juicios entre centenares posibles, se ha emitido sentencia.
Además de pasar por alto esos delitos –es decir, ni siquiera registrarlos, ni siquiera acumularlos para que formen parte de una estadística–, los asesinatos de mujeres son investigados a partir de prejuicios. Suele ocurrir que las averiguaciones previas comiencen no por situar a los perpetradores, sino por establecer la conducta de las víctimas, pues de seguro –esa es la salvaje creencia atrás del hecho– algo estaban haciendo, de alguna manera estaban viviendo esas mujeres, por lo cual las mataron. El detenerse en culpar a las víctimas de su propia muerte, además de abyecto, es comportamiento institucional que milita a favor de los asesinos, pues el paso de las horas y los días sin que les identifique favorece su impunidad.
La misión internacional estuvo en México después de realizar una indagación semejante en Honduras y Nicaragua. Las personas que suelen ver por encima del hombro a los países centroamericanos, como si fuera verdad axiomática que en todo terreno viven peor que nosotros, sabrán que en este campo específico no es así. Es grave allí la violencia contra las mujeres, pero lo es en mayor medida la que se padece en México. El combate al feminicidio no tiene lugar en la agenda de la seguridad pública en México, centrada en la lucha contra el narcotráfico y envueltas las víctimas en la información general sobre esa estrategia gubernamental. El 28 de octubre, por ejemplo, a las afueras de Ciudad Juárez fueron acribilladas tres mujeres, pasajeras en un autobús que conducía personal de empresas maquiladoras. Sin reparar en la posibilidad de que el blanco fueran específicamente mujeres, el caso quedó englobado en la letalidad general de aquella población fronteriza.
Las investigadoras, pertenecientes al Instituto latinoamericano de las Naciones Unidas para la prevención del delito, y al Consejo General de la Abogacía Española, entre otras organizaciones pidieron a diversas autoridades establecer compromisos en la lucha contra la violencia de género y su práctica extrema, el feminicidio. Pero la hondura de esos compromisos se mide con el del Consejo de la Judicatura Federal, que “dará difusión amplia a la sentencia del Campo Algodonero, emitida contra el Estado mexicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. El compromiso debió incluir el cumplimiento de ese fallo y no sólo su difusión, pues en el caso ha habido dilación que dura ya casi un año.
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