“Entre el gobierno y Los Zetas nos van a quebrar”, me dijo un empresario turístico de Cancún, refiriéndose a una petición de 500 mil dólares que le exigió el alcalde de Cancún. Les requieren “donativos para proteger la ciudad”. Greg Sánchez, ex alcalde preso, dejó el municipio quebrado y su suplente acompaña la petición de dinero con amenazas de multa y el colapso de servicios públicos. Para el empresariado, cada vez más desgastado entre las prácticas corruptas e ilegales de los políticos y las extorsiones de supuestos zetas, la situación resulta enloquecedora. Pero, ¿en realidad son zetas?
Carlos Resa Néstares, experto en delincuencia organizada y del fenómeno zeta, aseguró que antes del año 2000 los cárteles mexicanos se dedicaban sólo al narcotráfico y eran los policías quienes tenían el monopolio de la protección mafiosa. Fueron Los Zetas (ex militares entrenados por la CIA en inteligencia y contrainsurgencia) quienes rompieron la estructura y arrebataron a los cuerpos policiacos ese poder monopólico para el manejo empresarial de la violencia y la compraventa de protección e impunidad en el sistema de justicia. Según el académico, desde el año 2003 Los Zetas dieron un salto nunca antes visto y se convirtieron en verdaderos mafiosos. Ejerciendo su actividad desde la esfera exclusivamente privada, venden protección y muerte. “La transformación de los narcos de las favelas de Río de Janeiro en mafiosos y la dinámica general de la Colombia post-Pablo Escobar son los referentes más cercanos del peligro de esta conversión”, asegura Resa.
Los Zetas se unieron hace más de una década a Osiel Cárdenas Guillén, para luego independizarse, pero no son grandes narcotraficantes. El narcomenudeo es uno de sus tantos negocios; en realidad, son mafiosos expertos en la extorsión, contrabando y recaudación, que invierten su dinero sucio en prostíbulos de redes de explotación sexual, casinos y empresas transportistas. En los últimos tres años han monopolizado el manejo de tráfico de indocumentados desde la frontera sur de México hasta Tamaulipas. Como toda mafia estructurada, sus líderes precisan comprar policías, así como soldados del Ejército y la Marina, pero sus operadores locales son jóvenes entrenados por kaibiles guatemaltecos.
Recientemente, empresarios de Playa del Carmen, desesperados por las extorsiones, filmaron a varios cobradores. Resulta que son ex policías municipales que fueron despedidos por actos de corrupción, pero no se les sometió a proceso penal. Las autoridades locales han dicho que resulta imposible saber si quienes les exigen cuotas de 150 mil pesos para operar “sin violencia” son zetas o ex policías que están retomando las plazas que durante décadas fueron suyas, para vender protección. Estos son los cabos sueltos de los despidos masivos o purgas policiacas y, en este momento, no hay mayor impunidad para un extorsionador que anunciarse como zeta. Como los alcaldes y gobernadores abdicaron a su tarea de proteger a la ciudadanía, ya nadie sabe si son lo mismo, pero más barato, o sea, simi-zetas
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