Distrito Federal– Las doce personas, seis adultos y seis menores, lesionados el sábado en la plaza pública de Guadalupe, Nuevo León, debieron conocer con alivio las palabras del procurador Alejandro Garza: la violencia de que fueron víctimas en realidad no existe. Sus heridas y dolores, por lo tanto, han de ser virtuales, o imaginarios. O quizá tampoco existen: si la causa no se produjo, tampoco los efectos.
Al cumplirse un año de su ascenso al gobierno, el priísta Rodrigo Medina sólo puede ofrecer a sus gobernados una peregrina tesis como la expuesta por su procurador de justicia. Tras una sesuda reflexión, el procurador que contribuyó con su apresurada declaración a difundir la especie de que eran sicarios caídos en acción los estudiantes de posgrado del Tecnológico de Monterrey, muertos cuando salían tranquilamente del predio universitario, encontró explicaciones al atentado sufrido el sábado por la población civil en aquel municipio conurbado a Monterrey, y probablemente también a los ataques a varios edificios, importantes de suyo y además simbólicos, ocurridos el viernes anterior:
“Podemos considerar como línea de investigación que las mismas fuerzas (las de la delincuencia organizada) están tratando de contrapuntear a la autoridad con la ciudadanía, haciéndola creer que existe una violencia que en realidad no existe”.
La secretaría de Gobernación, insuficientemente informada, como esa misma ciudadanía, como las víctimas de los atentados de esos dos días en particular, admitió que había actos violentos reales. Ese ministerio del gobierno de Baja California (perdón, del gobierno federal) repudió anteayer domingo “el ataque perpetrado en el Mpio. de Guadalupe, NL”, título del boletín 475 donde puede leerse lo que sigue:
“La secretaría de Gobernación a nombre del gobierno federal expresa su más categórico repudio al ataque perpetrado frente al palacio municipal de Guadalupe, Hgo., la noche de este sábado. Se solidariza además con las personas que resultaron heridas en este reprobable hecho, así como con sus familiares.
“Estas acciones (sic, por esta acción pues se refiere a sólo un hecho) subrayan la contundencia con la que los tres órdenes de gobierno, en el marco de la corresponsabilidad, deben hacer frente a la amenaza que representa el crimen organizado”.
Incapaces de prevenir y castigar la violencia, los gobiernos estatal y federal se esconden tras coartadas pueriles: la violencia no existe, dice el jefe del ministerio público de Nuevo León; lo ocurrido en Guadalupe, remata la representación de Baja California en México (perdón, la secretaría de Gobernación) es resultado del éxito del embate contra el crimen organizado. Por fortuna esta aseveración es enteramente falsa; de ser verdad se levantaría un clamor solicitando al gobierno que ya no triunfe tanto, pues de su campaña victoriosa se derivan resultados funestos para la población.
Sé que el tema es demasiado grave, demasiado lúgubre para pretender introducir en su abordamiento una pizca de humor, que no puede ser sino de color negro. Pero es que posiciones como las del procurador Garza inevitablemente provocan risa aunque un esfuerzo de autocontrol obligue enseguida a lamentar lo que sucede en Nuevo León en esta materia.
Niño mimado de la política palaciega, Rodrigo Medina llegó al gobierno sin haber estado en la intemperie política, sin experiencia en la toma de decisiones sobre fenómenos complejos. Su breve carrera, al lado de su antecesor y testador, Natividad González Parás, lo preparó para una realidad que no existe, concentrada sobre todo en la capacidad de negociación para obtener recursos federales. Surgidas del pasado (pues aun los efectos de los estragos climáticos se generan o acrecientan por indolencias y malos manejos previos), cayeron sobre Nuevo León, o agudizaron en el segundo caso sus manifestaciones, dos temibles infortunios: la destrucción material provocada por las lluvias que llevaba consigo el huracán Alex, y la expansión de la inseguridad que ya se sufría en los años del aprendizaje dorado del gobernador Medina pero que se muestra de modo irrefrenable en estos días.
La violencia criminal no topa con ningún escollo en esa sufrida entidad, y por eso sus practicantes deambulan impunes por doquier. Sólo el fin de semana pasado lanzaron granadas contra el palacio de la justicia federal, contra el penal de Topo Chico, contra edificios vecinos al consulado norteamericano (en una agresión que reproduce una anterior), y contra la gente en Guadalupe.
Como ocurre en Tamaulipas y en Chihuahua, el gobierno federal ha intentado diversos modos de enfrentar a la delincuencia organizada, haciendo entrar y salir a unidades del Ejército, la Marina y la Policía Federal. A pesar de que, según el procurador Garza en las tres semanas recientes “el índice de violencia ha disminuido”, lo cierto es, como ocurre con la mejoría económica que proclama el gobierno de la república, ese efecto no se percibe en el llano, en la vida cotidiana de las personas, que siguen expuestas a las agresiones que inopinadamente surgen donde menos se les espera.
El vocero de la Presidencia en materia de seguridad, Alejandro Poiré, se ufanó también del triste logro de que la criminalidad se ha estabilizado, sólo porque en algunas semanas disminuyó la terrible tendencia ascendente de ese lacerante fenómeno. Actitudes conformistas o de plano tomaduras de pelo como la del procurador de Nuevo León apesadumbran a los ciudadanos pues a la ineficacia las autoridades añaden la burla.
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