Cobijado por una gran cortina de humo conformada por el partido de México contra Venezuela celebrado en esta ciudad, el concierto de la colombiana Shakira efectuado en El Paso, y el arranque del espectacular rescate de los 33 mineros chilenos transmitido por televisión e Internet al mundo entero, a la misma hora el presidente Felipe Calderón se reunía aquí con los integrantes de las mesas de trabajo del programa “Todos Somos Juárez” para realizar una supuesta evaluación de la que, además de revolotear sobre lo mismo que los fronterizos ya conocemos, no surgieron compromisos concretos que nos permitan vislumbrar una luz al final del túnel en el que esta localidad lanza sus últimos estertores.
Si no fuera por el gran aparato de seguridad dispuesto en torno al primer mandatario que, como siempre entorpeció las labores cotidianas de los fronterizos, así como por la información desplegada en los medios locales, la visita de Calderón hubiera pasado desapercibida, perdida entre la atracción que generaron los acontecimientos mencionados.
En todo caso, la presencia del Ejecutivo federal ese día en Juárez, en medio de esas circunstancias, fue como derramar ácido sobre viejas heridas, tanto las que esta comunidad ha venido padeciendo desde hace tres años y que no han recibido una verdadera cura que las alivie, como las que aún están latentes desde que en febrero de 2006 fueran abandonados los 65 trabajadores que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, en condiciones diametralmente opuestas a las que dieron paso al exitoso rescate de sus similares en Chile.
Pero vayamos por partes. Para no llegar con su portafolios tan vacío a esta frontera que requiere de respuestas a manos llenas, el jefe de la Nación firmó previamente en la capital del estado el Acuerdo Chihuahua, un pacto anticrimen que establece doce compromisos para integrar unidades antisecuestro, apoyar la policía de mando único y coordinar acciones para combatir la extorsión, el plagio y el homicidio.
Sin embargo, el primer mandatario incurrió en la inutilidad jurídica del convenio al convocar en su mayoría a gobernadores electos, que todavía no están en funciones, lo cual, según expuso el columnista Miguel Ángel Granados Chapa, puede ser calificado de usurpación de funciones, ya que “por ahora carecen de autoridad para aceptar compromisos propios de quien está ya en el ejercicio de su cargo”.
Incluso, los casos de tres de ellos –los de Veracruz, Hidalgo y Aguascalientes– aún se encuentran en litigio ante tribunales electorales, por lo que la convocatoria presidencial “es, o violatoria de la ley o por lo menos un acto de intromisión en un proceso todavía pendiente de resolución definitiva”.
¿Por qué no invitó el Jefe de la Nación a los gobernantes vigentes junto con los electos para que el acuerdo tuviera la viabilidad legal necesaria? No lo sabemos, pero suponemos que en el trasfondo se hallan las desavenencias, resquemores y desacuerdos tenidos con los ejecutivos estatales que aún están al mando, tal como ocurría en Chihuahua hasta que Reyes Baeza dejó su lugar a César Duarte Jáquez a principios de este mes.
En las condiciones en que se dio este pacto, tal parece que el presidente Calderón quiere hacer un borrón y cuenta nueva en su declarada guerra contra los cárteles del narcotráfico, que en sus primeros cuatro años le han dejado por demás maltrecha su imagen ante los mexicanos por el fracaso que ha obtenido, traducido en la peor crisis de inseguridad que ha vivido el país desde la Revolución Mexicana.
Al menos sirvió el escaparate para que el gobernador Duarte Jáquez aprovechara el momento para plantear la urgencia de que Chihuahua, y en particular Ciudad Juárez, sea considerado como zona de desastre al igual que otras regiones del país que han sufrido los embates del clima o de movimientos sísmicos y, en ese sentido, se le proporcionen los incentivos indispensables para salir de este trance.
Para los fronterizos fue, sin embargo, el encuentro que sostuvo más tarde con los representantes de los sectores incluidos en las mesas de trabajo, el que permitió confirmar que, a ocho meses de arrancado el “Todos Somos Juárez, Calderón vino a esta frontera con improvisación e, incluso, desconocimiento de cómo marchan algunas de las acciones que están incluidas.
Veamos el siguiente texto:
“El presidente Felipe Calderón llega hoy a Juárez en medio del recrudecimiento de la violencia al estilo del crimen organizado (…) y ante el incumplimiento de los pocos ofrecimientos que hizo en materia de seguridad, como la “solución” al problema de los vehículos sin placas.
“Los últimos acontecimientos reflejan que no se está avanzando en el terreno de la seguridad, y que los desafíos al Estado cada vez son mayores; entonces, por un lado, la estrategia social se tiene que acelerar, pero por otro lado se tiene que incidir de manera inmediata en el tema de la seguridad o, de lo contrario, la misma estrategia social será muy difícil que avance’, dijo ayer Teresa Almada, académica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, integrante de la mesa de educación de los trabajos “Todos Somos Juárez” y directora del Centro Casa Promoción Juvenil”.
“Encontrará una ciudadanía desesperada, sin alternativas, sin perspectiva, sin ver esa viabilidad que requerimos para avanzar; no estamos viendo viabilidad hacia ningún sentido, y creo que la ciudadanía esta muy cansada de promesas y de discursos, de visitas’, dijo José Luis Flores, de la organización Educación con Valores, quien participó en las mesas de análisis de la situación social de esta frontera.
“Los entrevistados comentaron que, mientras no se vea una disminución de la violencia, la población no reportará estar percibiendo avances”.
Los cuatro párrafos anteriores parece que fueron escritos el lunes pasado para publicarse el martes, a la llegada del mandatario del país. Sin embargo, fueron incluidos en una nota de Sandra Rodríguez divulgada en la portada de este medio el 26 de marzo de este año, cuando se registró la tercera visita de Calderón a la ciudad, lo que nos permite señalar que pese al programa de rescate enarbolado por éste, la caótica situación de violencia, inseguridad y crisis económica que padece Juárez no sólo no ha sido inhibida, sino que cada día está peor.
Es decir que, tal como lo expresó a mediados de semana la analista política Edna Lorena Fuerte, “de nada sirve que venga Calderón a la ciudad si no da respuestas concretas y viene a escuchar los mismos planteamientos que le hicieron por primera vez en febrero pasado porque nada corrige, porque nada atiende, porque ni él ni sus más cercanos colaboradores están enterados de lo que en realidad pasa aquí. Así estamos fregados. Así a qué viene”.
Efectivamente, durante las cuatro horas de la reunión del martes, el Ejecutivo federal oyó prácticamente los mismos problemas de sus primeras visitas porque hasta el momento no se ha hecho nada, lo que ha propiciado que las condiciones que vive esta frontera se hayan agravado.
Lo peor es que tanto el mandatario como sus colaboradores cercanos demostraron ante los presentes que desconocían detalles que deberían tener presentes del supuesto salvamento que emprendieron, lo cual es indicativo de la poca o nula atención que le están prestando.
Mientras la coyuntura que vive nuestra localidad –en donde ya los cárteles les están exigiendo hasta en sus propios domicilios a las familias el cobro de derecho de piso– apremia acciones y decisiones más contundentes, el presidente se puso a filosofar ante los presentes en el encuentro sobre el alma y las ánimas del purgatorio, y tal como llegó a la ciudad, con las manos vacías, así también se retiró.
Y en tanto que el gobernador y otros de los asistentes al Centro de Comercio Exterior le planteaban la necesidad del apoyo en materia de amnistía fiscal, Calderón los refutó diciendo que el problema no es económico, sino de seguridad y de descomposición social.
Que no se equivoque el mandatario. Es cierto que fundamentalmente se trata de un conflicto de violencia e inseguridad agravado por las condiciones de deterioro social, pero a estas alturas ya también es un desastre económico como consecuencia del primero, por lo que no se le puede regatear a la ciudad el apoyo urgente que necesita también en esta área.
Los negocios que aún quedan no sólo han sido perseguidos por el IMSS y Hacienda, sino también por los delincuentes que les exigen el pago de cuotas de protección, aunado al hecho de la pérdida de clientes por la salida de más de 230 mil juarenses que prefirieron huir que permanecer aquí arriesgando su vida. Ello, junto con el desempleo que se vive desde hace más de dos años. Si éste no es un escenario de crisis económica, ¿entonces qué es?
En su soliloquio final, el Ejecutivo federal asumió la violencia como un problema real que incluso se ha agravado. Sin embargo, cantinfleó diciendo que también lo es de percepción ciudadana.
¿Qué quiso decir Calderón con lo anterior? ¿Que la violencia existe pero no es para tanto? ¿Que la violencia está en la mente de los juarenses? ¿Que los medios somos los causantes de la exagerada percepción que tienen los fronterizos de lo que “verdaderamente” acontece? ¿Que aceptó decir que se trata de un problema real como una concesión para los habitantes de esta ciudad que así lo perciben?
Con esta acotación, el jefe de la Nación parafraseó a un popular personaje de la televisión, al dar a entender que sobre la violencia “como digo que sí, digo que no”.
En esta frontera la inseguridad con todas sus graves consecuencias es tan real como la frase expresada por un conductor de rutera, al día siguiente de que un grupo armado les quemó cuatro unidades y mató al velador: “Los que han podido ya se fueron de aquí. Los que no, están bajo tierra porque fueron asesinados. O trabajan, pero pagando la cuota a los extorsionadores”.
Los más de 230 mil juarenses que se han ido de la ciudad de acuerdo con las conclusiones de investigaciones serias, ¿lo hicieron atosigados por la violencia, por haber padecido algún secuestro, extorsión, robo, el asesinato de un ser cercano, o simplemente porque tuvieron la percepción de que algo malo pasaba en esta comunidad?
Si los medios dejáramos de publicar los hechos derivados de la violencia y sólo divulgáramos noticias “buenas” o “bonitas”, ¿se acabarían aquéllos como por arte de gracia y los juarenses serían más felices o se sentirían más seguros?
Es tan riesgoso lo que plantea subrepticiamente el presidente, que si los medios escondiéramos frívolamente lo que sucede, si expusiéramos que todo está bien con tal de no generar una “percepción equivocada” entre la población, es muy probable que numerosas empresas llegaran a establecerse en la localidad ante la supuesta y “recuperada” paz, e incluso que algunos de los juarenses que han huido volvieran.
El lío vendría cuando tanto empresas como inmigrados se dieran cuenta de que los medios sólo mentíamos, que la inseguridad estaba allí, intacta y hasta creciente. El problema se volvería en contra nuestra, que perderíamos por completo la credibilidad que, en el caso concreto de El Diario, hemos construido a lo largo de más de tres décadas.
El panorama que flagela a Juárez no es un problema de percepción. Es tan real como lo vivimos cada día. Hay personas que aún residen en esta ciudad, que para no vivir con mayor carga de estrés no leen periódicos ni ven o escuchan noticieros por televisión o por la radio. Tampoco por Internet. Y sin embargo, están conscientes del terrible viacrucis por el que transita su comunidad porque lo padecen de manera cotidiana.
Esa tónica de tratar de minimizar el ingente problemón que no ha podido resolver, la mantiene el Gobierno federal prácticamente desde que echó a andar su guerra contra los grupos del narcotráfico, achacándosela a cuestiones de “percepción”, como lo volvió a hacer el presidente el martes aquí. Pero son justificaciones que intentan ocultar su fracaso.
Algo similar a lo que sucedió con la otra herida que se reabrió al observar con detenimiento el conmovedor rescate de los 33 mineros chilenos, que en parte sucedió mientras el presidente mexicano disertaba en Juárez sobre la problemática que hemos comentado.
Imposible no caer en las comparaciones, por odiosas que sean, pero la mayoría de los connacionales se ha cuestionado a lo largo de la semana el porqué no se pudo realizar algo parecido con los 65 trabajadores que fallecieron en Pasta de Conchos, en donde las evasivas o mentiras de la empresa propiedad de la mina en connivencia con las autoridades, primero las de la administración de Vicente Fox y luego las de Calderón, dejaron sepultados bajo toneladas de mineral los cuerpos de 63 de los mineros, y en la ruina a sus familias, que no fueron indemnizadas porque, de acuerdo con el Poder Judicial, “las viudas carecen de interés jurídico”.
Guardadas las debidas proporciones, el fallido rescate de los trabajadores de la mina coahuilense es equiparable al fracasado salvamento que anunciaron las autoridades federales para esta ciudad desde febrero pasado. Porque mientras Juárez agoniza como si estuviera a 700 metros bajo tierra, nuestro Gobierno central improvisa y nos deja morir…
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