Autor: Miguel Badillo
A César Nava lo persigue el escándalo. Y no me refiero a su vida privada, ventilada en las publicaciones del corazón… Aunque fue precisamente en una de esas revistas en donde se supo que el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) adquirió un lujoso departamento en Polanco por alrededor de 7 millones de pesos, cuando su valor real es de unos 20 millones.
Las primeras preguntas que la prensa hizo fueron ¿de dónde, el exabogado general de Petróleos Mexicanos (Pemex) y exsecretario particular de Felipe Calderón, obtuvo el dinero para adquirir dicho inmueble?, ¿por qué lo adquirió supuestamente a un precio de 7 millones de pesos, cuando esta cantidad representa menos del 50 por ciento de su valor real?, ¿acaso el pago restante se hizo en efectivo y por ello no aparece en la escritura de compra-venta?
Una explicación a esas interrogantes podría estar en los cargos y responsabilidades que ha desempeñado César Nava en su corta carrera de servidor público. Concretamente, en su paso por Pemex y por la Secretaría de Energía en el gobierno del también panista Vicente Fox.
Fue Contralínea la que dio a conocer, por primera vez, en 2005, las acusaciones por fraude, prevaricato y daño patrimonial que se hicieron en contra de Nava ante la Secretaría de la Función Pública, cuando se desempeñaba como abogado general de la paraestatal. El trabajo de Ana Lilia Pérez (Camisas azules manos negras: El saqueo de Pemex desde los Pinos, editorial Grijalbo) señalaba que abogados de la paraestatal, coludidos con Marcelo Montiel Montiel, exalcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, habían planeado un fraude a Pemex Petroquímica para demandarle un millonario pago de impuestos ilegales que implicó el embargo y paralización de las plantas productoras, con daños económicos aún no cuantificados, además de un pago ilegal de 220 millones de pesos, cuyo destino se desconoce.
Antes de que concluyera el proceso fraudulento, uno de los abogados involucrado, Rogelio Martínez Hernández –entonces apoderado legal de Petroquímica Cosoleacaque–, reportó el asunto a Francisco Barrio Terrazas, titular de la entonces Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam, hoy Secretaría de la Función Pública), y al presidente Vicente Fox.
El excontralor Eduardo Romero Ramos fue el responsable de archivar el expediente, después de que Martínez Hernández denunciara por corrupción a Nava ante el mandatario mexicano.
Como se describe en Contralínea del 7 de junio de 2005, el entonces alcalde de Coatzacoalcos y exdiputado priista, Marcelo Montiel Montiel, presentó una denuncia contra Pemex Petroquímica para demandar el pago de impuestos de predial y de traslado de dominio, desde 1997 a esa fecha, en todas las instalaciones que la paraestatal tiene en Veracruz. La denuncia era improcedente, pues al ser instalaciones de una paraestatal, ninguna estaba sujeta a gravamen. De ello conocían las autoridades estatales y los funcionarios de Pemex, ya que, en 1997, el gobierno de Veracruz emitió un documento en donde se exime a la empresa de todo gravamen.
En el oficio DGI/DATEF/SU8/000066/97 del 14 de agosto de 1997, el director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, Miguel Álvarez de Asco, notificó a Mario González Petrikowsky, subdirector de Administración y Finanzas de Petroquímica, que “no son sujetos obligados al pago de dicho gravamen las filiales de Pemex –Petroquímica, Petroquímica Cangrejera, Petroquímica Morelos, Petroquímica Pajaritos, Petroquímica Cosoleacaque y Petroquímica Escolín– de conformidad con lo estipulado en los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción II, y 46 fracción II inciso a de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”.
Aunque la demanda que presentó Marcelo Montiel era improcedente, se le dio trámite con la complicidad de los funcionarios de Pemex. Entre demandante y demandado se registraron graves irregularidades para crear este fraude contra la paraestatal. Por parte del ayuntamiento, por ejemplo, aunque el municipio cuenta con un departamento jurídico y, de acuerdo con la Ley de Municipios, a ellos compete atender la demanda, Marcelo Montiel Montiel contrató a un despacho de abogados propiedad del contador público Jesús Antonio Macías Yazegey, a quienes pagó 44 millones de pesos por dos notificaciones notariales. En Pemex, las irregularidades alcanzaron a su abogado general César Nava y a un grupo de litigantes bajo su mando, entre ellos Héctor Durán Benítez, jefe de la Unidad de Servicios Jurídicos en Petróleos Mexicanos; Juan Agustín López Huesca, jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, y Martínez Hernández, jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque.
En abril de 2002, Marcelo Montiel presentó la denuncia contra Pemex Petroquímica. Mientras se fraguaba el fraude, Rogelio Martínez Hernández denunció el ilícito y la complicidad ante la Presidencia de la República y la Secodam. Tales denuncias –cuya copia posee Contralínea– confirman la intención de los funcionarios federales panistas por proteger a Nava.
El 24 de mayo de 2002, Martínez Hernández presentó una denuncia ante el Órgano Interno de Control de Petroquímica Cosoleacaque y fue turnada al Órgano Interno de Pemex Petroquímica. En ella se habla del posible daño patrimonial contra Pemex a través del cobro indebido de impuestos. El 18 de junio de 2002, el entonces abogado general de Pemex ordenó a los abogados negociar antes de que el caso concluyera en tribunales. Esto mediante un dictamen que indica: “Se concluye que es conveniente negociar el pago de impuestos de traslación de dominio determinado por el ayuntamiento de Coatzacoalcos”. Y es que, según Nava Vázquez, “los bienes de las empresas filiales no son propiedad de la Federación”; es decir, para el abogado, las instalaciones de Petroquímica no eran parte de Pemex.
Los argumentos violaron la Constitución y faltaron a la Ley General de Bienes Nacionales, que en su artículo primero establece que el patrimonio nacional se compone tanto de bienes de dominio público de la Federación y de bienes de dominio privado de la Federación.
Un mes después de que César Nava autorizara el ilegal pago de impuestos, el abogado Rogelio Martínez recibió el oficio 18/578.1/338/02, donde el Órgano Interno de Control le notifica que se dio por concluida su denuncia y se “decidió archivar el asunto”.
Por esos mismos días, César Nava despidió al abogado Rogelio Martínez. El 4 de agosto de 2002, Martínez envió una carta a Francisco Barrio Terrazas, entonces titular de la Secodam, en la que le detallaba el fraude contra Pemex y que, por denunciarlo ante los órganos internos de Control, fue despedido.
Si alguna autoridad quiere saber de dónde pudo salir el dinero para la adquisición del departamento de Polanco, podría empezar por buscar en los archivos de Pemex, cuando César Nava se desempeñó como abogado general.
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