Derrotado, fúrico y demandado

Jorge Carrasco Araizaga



Durante su campaña por el gobierno de Veracruz como cabeza de la coalición PAN-Panal, Miguel Ángel Yunes presuntamente hizo graves señalamientos contra Juan José Rendón, especialista venezolano en publicidad y propaganda política, al que previamente había querido unir a su equipo. En respuesta, el sudamericano –a quien Yunes acusó de ser agente de la CIA y de falsificar documentos para poder trabajar en México– demandó al candidato perdedor ante un tribunal de Florida por difamación y le exige 50 millones de dólares.



Frustrado en su propósito de ganar en las urnas la gubernatura de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares enfrenta ahora las consecuencias judiciales de su campaña electoral, en la que arremetió contra el propagandista venezolano Juan José Rendón, a quien antes había buscado para que lo asesorara.

El excandidato de la coalición PAN-Nue-
va Alianza –que impugnó su derrota en las elecciones del 4 de julio– está emplazado en un tribunal civil de Florida para responder a la demanda por difamación que le imputa Rendón, quien le pide una indemnización de 50 millones de dólares.

La demanda fue interpuesta el 19 de abril pasado ante la Corte del Undécimo Circuito Judicial para el condado de Miami-Dade, Florida, donde Yunes y su esposa –de acuerdo con la acusación– tienen diversas propiedades, incluido un condominio de lujo.

Rendón se quejó ante la justicia estadunidense por actos de campaña de Yunes efectuados entre marzo y abril de este año, en los que hizo “declaraciones altamente difamatorias y perjudiciales” en su contra.

Durante la campaña de la alianza Viva Veracruz –integrada por el PAN y el Partido Nueva Alianza (Panal)–, el equipo de Yunes acusó a Rendón de haber sido contratado por el PRI para planear una estrategia de guerra sucia contra el candidato opositor.

Yunes –designado por el presidente Felipe Calderón director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cargo al que renunció para buscar la gubernatura– también acusó al venezolano de estar al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y de falsificar documentos para trabajar en México.



Conflicto en Miami



En el escrito de la demanda, el abogado del propagandista, Il Young Choi, explica que su cliente acudió a la jurisdicción estadunidense no sólo porque tanto el publicista como el político veracruzano tienen residencia en Miami, sino porque los supuestos señalamientos “difamatorios e injuriosos” fueron reproducidos y conocidos en Florida, donde el demandante tiene negocios.

Sostiene que Yunes alterna su residencia en el estado de Veracruz y en el condado de Miami-Dade, “donde él y su esposa poseen diversas propiedades, incluido un condominio de lujo que usa como su segunda casa”.

Asesor de numerosas campañas electorales en América Latina, incluidas algunas del PRI y de la dirigente vitalicia del Sindicato de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo, quien además controla el Panal, Rendón asegura que las declaraciones de Yunes se hicieron “con la intención de causar un daño irreparable y permanente (a su) buen nombre y reputación”.

Una consecuencia directa de ello, dice, es que ha sido expuesto al ridículo, odio y desprecio, además de haber tenido “sustanciales pérdidas económicas y pérdidas actuales y potenciales de empleo”, por lo que le pide a Yunes una compensación de 50 millones de dólares.

En la demanda, radicada en el tribunal de Florida como el caso 10-23300CA06, Rendón responsabiliza a Yunes de haber propalado en conferencias de prensa y entrevistas acusaciones que se reprodujeron en periódicos, radio y televisión, y aun en internet, red que “es vista en México, América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos y el sur de Florida”.

Asegura que de acuerdo con la legislación de Florida, debe considerarse que el candidato perdedor y exdirector del ISSSTE cometió esos “actos agraviantes” en esa entidad del sur de Estados Unidos. Más todavía, dice que Yunes “usó su control e influencia en los medios para destruir” su reputación.

Con esa conducta, añade, el candidato a gobernador de Felipe Calderón y Gordillo lo hizo “sujeto de ridículo (y ser) odiado, despreciado y desacreditado”, además de haberlo acusado “falsamente de haber cometido un delito”.

Rendón alterna su residencia en Miami y el Distrito Federal, donde opera sus servicios de propagandista para individuos y grupos políticos en diferentes lugares de América Latina y el Caribe, además del sur de Florida.



Asesor de estrellas



En su escrito presentado ante la justicia de Florida, Rendón afirma que es asesor en formulación de estrategias políticas, manejo de publicidad y análisis de información pública, como encuestas de salida y otros estudios estadísticos. Afirma haber hecho “una exitosa carrera como asesor político internacional, estratega, consultor y publicista, dando asesoría en campañas presidenciales, para gobernador, presidentes municipales y otras”.

Sus asesorías más recientes han sido para Porfirio Lobo, en las cuestionadas elecciones presidenciales de Honduras, y para Juan Manuel Santos, presidente electo de Colombia.

En México trabajó en la campaña presidencial de Roberto Madrazo en 2000, cuando Yunes y Gordillo aún militaban en el PRI, a raíz de lo cual trabó relación con ambos. Incluso en 2006 participó en la campaña de Roberto Campa, entonces candidato del Panal a la Presidencia de la República.

En 2007, Yunes lo buscó para que reforzara las actividades proselitistas de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, en pos de la presidencia municipal de Boca del Río. Y ahora, para el caso de su más reciente proyecto político, también lo buscó. Pero en ambos casos Rendón rechazó la oferta pues, según ha declarado públicamente, “no hace campañas contra el PRI”.

En la acción judicial, Rendón precisa que durante su precampaña Yunes Linares dio conferencias de prensa los días 31 de marzo y 2 y 4 de abril, seguidas de entrevistas en radio y televisión, en las que “con malicia y total lejanía a la verdad hizo diversas declaraciones falsas”. Entre éstas, que trabaja para la CIA, que está vinculado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y que el gobierno de Fidel Herrera le pagó 4 millones de dólares para emprender una guerra sucia en su contra, y descarrilar así sus intenciones de ser candidato al gobierno de Veracruz.

Rendón le dice a la justicia estadunidense que el exdirector del ISSSTE, exdirector jurídico del PRI y exresponsable de las prisiones federales al final del régimen de ese partido, lo calificó como un “delincuente internacional” que ha orquestado campañas de guerra sucia en toda América Latina.

Además lo acusó de haber falsificado documentos para trabajar en México, por lo que el propio Yunes –dice la demanda– solicitó a las autoridades federales una investigación formal.

“Todos estos señalamientos fueron hechos con malicia o de forma temeraria (...) con el sólo propósito de llamar la atención de la prensa e iniciar una campaña política negativa contra sus oponentes en la campaña para gobernador”, dice.

La “malicia y falsedad” del acusado, añade, le han causado “un daño permanente e irreparable a su reputación en el sur de Florida y en toda América Latina”.

Se duele de lo que identifica como “consecuencias presentes y contratos futuros” por sus servicios como asesor político y estratega de mercado, lo que le causa “un daño económico sustancial” que asciende a “varios millones de dólares”.

Dice además que una consecuencia directa de las declaraciones de Yunes Linares difundidas a la prensa internacional es que “ha sufrido vergüenza, humillación, angustia mental y dolor”.

Asegura que el candidato perdedor de la mancuerna PAN-Nueva Alianza hizo sus declaraciones con la intención específica de injuriar, al señalarlo como un delincuente internacional y de esa manera afectar su percepción pública como individuo y consultor político.

El 3 de abril de este año, José Luis Lagunes López, miembro del equipo de campaña de Yunes, acusó a Rendón de haber coordinado tres “reuniones secretas” en Veracruz los pasados días 13, 17 y 19 de febrero.

Según Lagunes, en esas reuniones también participaron, entre otros, el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y el ahora declarado ganador de las elecciones para gobernador, Javier Duarte Ochoa.

El colaborador de Yunes, que citó supuestas minutas de esas reuniones, aseguró que el grupo de priistas había decidido emprender una “guerra sucia”, consistente entre otras medidas en “montar y descubrir con la policía el laboratorio de guerra sucia contra Veracruz”, adjudicado al exdirector del ISSSTE.

Como parte del supuesto montaje se presentarían “originales de (la revista) Proceso, los contactos con priistas aliados y datos sobre la contratación de un supervisor extranjero”.

De la supuesta segunda reunión, Lagunes dijo que el acuerdo fue “meter el tema de (la fuga de) El Chapo”, que ocurrió cuando colaboradores cercanos de Yunes estaban a cargo de las prisiones federales, “y algo de Elba Esther”.

Lagunes aseguró que en la tercera presunta reunión coordinada por Juan José Rendón se explotarían las acusaciones de pederastia que se han hecho contra Yunes a través de fotomontajes, de una campaña propagandística y de declarantes “a cualquier precio”.



Disputa en tribunales



El pasado 12 de julio, Yunes impugnó ante el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) los cómputos distritales de la elección para gobernador, por lo que los resultados que le dieron el triunfo a su opositor, el priista Duarte, podrían dirimirse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el cómputo distrital, Yunes fue superado con 1 millón 30 mil votos por el candidato del PRI, Javier Duarte Ochoa, quien obtuvo 1 millón 104 mil votos.

La defensa electoral de Yunes considera posible la anulación de las elecciones, por lo que entregó 12 paquetes con lo que considera son más de 800 pruebas, incluidas las grabaciones en las que se captó a Fidel Herrera en plena operación electoral y la alegada parcialidad del IEV a favor del candidato del PRI.

En 2002, Yunes era director jurídico de ese partido cuando el Instituto Federal Electoral investigaba los casos Pemexgate y Amigos de Fox. En esa condición cuestionó la actuación del entonces consejero del IFE, Alonso Lujambio, actual secretario de Educación Pública, y al entonces asesor del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Juan Molinar Horcasitas, hoy secretario de Comunicaciones y Transportes.

En ese mismo año, acusó al entonces subsecretario de Gobernación, Ramón Martín Huerta, de apoyar las manifestaciones que en la Ciudad de México organizaba en su contra el Movimiento de los 400 Pueblos.

Cuando renunció al PRI se incorporó al gabinete de Vicente Fox a las órdenes del propio Ramón Martín Huerta, ya secretario de Seguridad Pública. No era la primera vez que trabajaba en esa área.

A finales del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando el secretario de Gobernación era Diódoro Carrasco –quien también renunció al PRI y se fue al PAN– estuvo a cargo de las prisiones federales, que entonces dependían de esa secretaría.