Por Miguel Ángel Granados Chapa
(09-May-2010).- Genaro García Luna parece depender hoy de dos jefes. Uno es el presidente Calderón, que lo designó secretario de Seguridad Pública el 1o. de diciembre de 2006. El otro es, por lo menos en apariencia, el embajador de Washington Carlos Pascual, cabeza de una comitiva que anteayer viernes viajó a Ciudad Juárez.
La nota de Reforma resume el objetivo de la misión. Pascual visitó esa frontera "para supervisar las acciones de la Policía Federal contra el crimen organizado". Se utiliza el mismo verbo para describir su presencia en una principalísima instalación de ese cuerpo: "El embajador supervisó el Centro de Respuesta Inmediata (CERI) a cargo de la Policía Federal; posteriormente se trasladó al centro de mando de ésta, donde ofreció una conferencia de prensa". En ella, con sus propias palabras, se asumió como parte de la lucha contra la delincuencia organizada en México: "Hemos hecho un esfuerzo tremendo y lo vemos aquí".
El embajador "estuvo acompañado por el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna; por el comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, y por el representante de la mesa de seguridad del plan 'Todos somos Juárez', Arturo Valenzuela" (Reforma, 8 de mayo).
Mientras la comitiva en torno del diplomático realizaba su visita, y horas después, el crimen organizado no cesó su acción letal: en la ciudad misma y en el valle de Juárez fueron asesinadas cinco personas, entre ellos un agente de la policía ministerial de Chihuahua. Miembros del Ejército, que fueron replegados a las afueras de aquella ciudad, y los 5 mil agentes de la Policía Federal, al mando de García Luna, no han podido contener la violencia criminal. En cambio, en sólo un mes de establecida esta nueva modalidad de la estrategia contra la delincuencia han sido consignados 18 miembros de la Policía Federal "por abuso de autoridad, extorsión y robo", según el visitador de la Comisión de derechos humanos de aquella entidad, Gustavo de la Rosa (El Universal, 8 de mayo).
Son datos mínimos sin duda. Pero acumulados a muchos más de semejante índole configuran el retrato de una política cada vez más próxima al fracaso, a cuya cabeza se encuentra el titular de Seguridad Pública federal. Uno de los motivos que explican tal ineficacia es, quizá, la atención que presta García Luna a su patrimonio personal, que se ha acrecentado sin explicación pública, de manera exponencial en los años recientes. Así lo muestra la investigación realizada por la revista electrónica Reporte Índigo que desde Monterrey dirige Ramón Alberto Garza.
En la preparación del número ahora disponible en internet, que contiene nueva información sobre los bienes de García Luna, el camarógrafo Carlos Salazar y el fotógrafo Carlos Ferrer, conducidos por el chofer Marcos Flores, ingresaron al fraccionamiento Jardines de la Montaña, en las laderas del Ajusco en el Distrito Federal. Se les encomendó captar imágenes de la casa de García Luna, pues se actualizaría, como ocurrió, la información sobre ese inmueble, presentada a fines de marzo de 2009. Entonces la residencia estaba en construcción y ahora está ya concluida. El reporte sobre el domicilio del secretario de Seguridad Pública completaría la nueva revelación de la reportera Anabel Hernández sobre el patrimonio de García Luna.
El personal de Reporte Índigo, sin embargo, fue detenido y remitido por la guardia de la casa del secretario a la subdelegación capitalina de la Procuraduría General de la República. Se informó oficialmente en la SSP que los tres "sujetos" se hallaban "vigilando a la esposa y los hijos" de García Luna, lo que es falso porque la familia del secretario no se encontraba en el lugar. Se entiende que la guardia de la casa encare a quienes captan imágenes de ese domicilio, medida elemental de protección a un funcionario que por la naturaleza de sus funciones está expuesto a considerables riesgos de seguridad. Pero sólo se entiende como una agresión el haber retenido durante casi un día entero en una instalación ministerial, sin denuncia alguna, a personas cuyo trabajo contribuye a la revelación de informes sobre el patrimonio de García Luna, que él mismo está obligado a explicar. Ya el año pasado camarógrafos de TVC, la oficina de noticias de las redes de cable en el país, sufrieron una detención semejante por igual motivo.
En la edición en curso de Reporte Índigo se informa de la transformación de tres predios en Jiutepec, Morelos, en dos residencias espléndidas, en donde García Luna pasa los fines de semana y cuya construcción suma 2 mil 585 metros cuadrados. A pesar de que hace un año estaban descuidados y se alzaba allí una casa en mal estado, junto a una alberca descuidada, el banco Inbursa les atribuyó un monto de 15 millones de pesos, y los recibió en garantía para sustituir la ofrecida en la hipoteca de otra casa de García Luna en Jardines de la Montaña, que se presume vendería para solventar la construcción de su actual domicilio. No se tiene noticia de tal venta y sí, en cambio, del costo total de esa residencia: 20 millones de pesos.
La fortuna inmobiliaria de García Luna, que no se refleja en la declaración patrimonial que por su cargo está obligado a rendir, no se compadece con sus ingresos. Desde que es secretario gana al año poco menos de 4 millones de pesos (3.8 millones) y sus gastos ascienden a 1.3 millones de pesos, lo cual da una diferencia considerable, de 2 millones y medio. Si calculamos que esa cifra se ahorra enteramente, en tres años García Luna contaría con 7 millones y medio, más los 200 mil con los que declaró contar al iniciar sus funciones en el gabinete. Si se trata de un habilísimo, prodigioso manejo de sus finanzas personales, o si hay en esas operaciones recursos provenientes de otras fuentes, diversas de las oficia- les, no lo sabemos. Y convendría que la sociedad tuviera cer- tezas sobre los bienes de quien encabeza la lucha contra la delincuencia organizada.
Es tradicional la manía inmobiliaria de quienes encabezan el gobierno, pertenezcan al partido que sea. El propio presidente Calderón no ha escapado a esa obsesión, que suele ir acompañada con opacidad en los recursos personales. En sus números 1741 y 1742, respectivamente del 14 y el 21 de marzo pasado, el semanario Proceso publicó reportajes de Daniel Lizárraga y Álvaro Delgado sobre el inexplicado crecimiento de la fortuna personal y familiar del Ejecutivo federal: "
...Felipe Calderón hizo crecer 11 veces el terreno donde se asienta su residencia privada -escribe Lizárraga-; adquirió otros bienes inmuebles a nombre de su esposa Margarita Zavala, y, aunque su salario es de 146 mil 830 pesos mensuales netos, de mayo de 2008 al mismo mes de 2009 saldó un crédito bancario por 2 millones 612 mil pesos, contratado a un plazo de 20 años.
"Cuando la familia Calderón Zavala compró su casa, en 2003, ésta se aseaba en un terreno de 174 metros cuadrados, y ahora se ubica, junto con otras propiedades que ambos adquirieron -sin que Margarita Zavala reciba salario alguno como presidenta del DIF-, en un predio que mide mil 940 metros cuadrados".
Por su parte, Delgado echa la vista sobre la historia de las finanzas personales del hoy presidente de la República:
"Al quedar en el desempleo por su renuncia a la Secretaría de Energía en junio de 2004, Felipe Calderón poseía un modesto patrimonio: tenía sólo 32 mil pesos en dos bancos y un depósito de 16 mil dólares en Estados Unidos. Debía la hipoteca de su casa. El sostén de la familia era Margarita Zavala Gómez del Campo, su mujer, aunque ella misma dejó de tener ingresos cuando, en marzo de 2006, solicitó licencia como diputada federal... Pero la suerte en el dinero comenzó a cambiarle a Calderón no sólo desde que, el 1 de diciembre de 2006, asumió el cargo de titular del Ejecutivo... sino desde que se convirtió en candidato". Añade el reportero que "sin haber tenido empleo alguno entre junio de 2004 y enero de 2006, los fondos de sus cuentas bancarias se multiplicaron por 10". Al iniciar su campaña presidencial contaba con 288 mil pesos, pero en diciembre siguiente subieron a 700 mil pesos, aunque sólo ganó un mes de salario.
Esto es sólo parte de un material periodístico de gran importancia. Conviene considerarlo al cavilar sobre la opacidad de los recursos de quienes gobiernan.
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