Itinerario Político
25 de mayo de 2010
Castigos menores, a funcionarios menoresTambién aparece la triste miseria humana
Parece increíble, pero es cierto.
Cuando la Suprema Corte de Justicia atrajo la investigación de la tragedia de la Guardería ABC —conforme al artículo 97 constitucional—, lo primero que ordenó su presidente fue cerrar la guardería de la propia Corte, cambiarla de lugar y atender a los niños en instalaciones que cumplieran con los mínimos de seguridad.
Resuelto el inconveniente de que ni siquiera la guardería de los trabajadores de la Corte cumplía con los mínimos de seguridad, el máximo tribunal se dio a la tarea de investigar el caso de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora.
El próximo 5 de junio se cumplirá el primer aniversario de una tragedia que no sólo costó la vida a 49 niños, dejó a otros 24 con lesiones de por vida y a 80 más expuestos a potenciales daños colaterales, sino que también permitió la brutal exhibición del rostro más cuestionable de la justicia mexicana, y de algunas de las peores miserias humanas.
Así, a días del primer aniversario de esa tragedia, la Corte podría dar a conocer su resolutivo sobre una investigación que en su etapa semifinal ya dio muestras de estar ensuciada por los intereses políticos, por la carrera presidencial y —según la voz popular— por la siempre cuestionable mano negra de la clase política.
¿Qué van a resolver los ministros de la Corte?
A pesar del escándalo mediático que se ha creado en torno a la tragedia, lo cierto es que el papel de la Corte es harto limitado. Su tarea consiste en investigar y confirmar que en el desarrollo de la tragedia las autoridades implicadas pudieran haber incurrido en violaciones a la Constitución, en cuyo caso informarán de ello a la autoridad competente, la cual podrá ejercer acción penal.
En pocas palabras, que si alguien espera que la Corte mande a prisión a tal o cual funcionario, podrá quedar esperando, porque eso no va a ocurrir. Si alguien espera que la PGR mande a prisión a algún director del lMSS, tampoco eso ocurrirá, y menos se ejercerá acción penal contra el gobernador de Sonora en el momento de la tragedia. Si bien nos va a los ciudadanos, habrá alguna sanción menor para funcionarios menores. Y tan tan. Es decir, en unos cuantos días veremos el peor de los rostros de la justicia mexicana; en realidad el de la injusticia.
Pero si bien no serán huéspedes de la prisión ex directores del IMSS o el actual director, el caso de la guardería también ha mostrado un triste retrato de la miseria humana: algunas madres de niños de la Guardería ABC que, por dinero, quisieran ver a sus hijos afectados. Va la historia.
Todos saben que en el incendio, y como resultado de las quemaduras, fallecieron 49 niños. Además, 24 niños resultaron con lesiones permanentes debido a las quemaduras de distintos grados. Para las familias de los 49 niños fallecidos, se creó un fideicomiso privado —con fondos del IMSS y el gobierno del estado de Sonora—, que entregó a cada familia un millón 400 mil pesos, a manera de reparación del daño.
A su vez, para cada una de las madres de los 24 menores con quemaduras el mismo fideicomiso destinó 750 mil pesos, también como reparación del daño, además de un apoyo mensual vitalicio de tres mil 500 pesos, que se actualizará a la inflación anualmente.
Existe un tercer grupo de 80 niños expuestos a los humos y gases tóxicos durante el incendio, y que no sufrieron lesiones ni quemaduras. A solicitud de los padres, los 80 niños fueron valorados por especialistas privados —cuyo costo pagó el IMSS—, los que determinaron que a 48 de ellos se les debía realizar un estudio conocido como “babyplestimografia”, estudios que se realizaron en hospitales de Texas y Arizona, que arrojaron resultados negativos. Es decir, que no existe daño alguno.
Hasta aquí todo parecía caminar de manera correcta. Pero se desató una inesperada ambición entre padres de los 80 niños que no sufrieron ningún daño durante el incendio y que no tienen daños colaterales, cuando se enteraron que, de mostrar secuelas, sus hijos serán incorporados al paquete de ayuda. Entonces apareció lo peor de la miseria humana.
Por increíble que parezca, algunos padres sugirieron —a los médicos que certificaron que sus hijos no tenían ningún daño— que diagnosticaran alguna lesión. ¿Por qué o para qué?. Para reclamar los 750 mil pesos o una pensión vitalicia por tres mil 500 pesos. Existen casos de niños —cuyos nombres reservamos por razones obvias— revisados por tres especialistas en hospitales del extranjero y las madres insisten en que “algo tienen”.
Así, la ambición fracturó al grupo de padres de niños de la guardería y no pocos han encontrado una causa política.
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