La redacción de proceso.com
MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- Encabezados por el diputado perredista Emilio Serrano, unas 30 personas realizaron un plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir a las autoridades informes sobre las investigaciones del incendio ocurrido en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores.
En su calidad de presidente de la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público de la Cámara de Diputados, Serrano advirtió que esperarán una semana para recibir información al respecto o, de lo contrario, promoverá un juicio político contra el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez.
"Vamos a esperar una semana más la respuesta oficial de la PGR. Y si es necesario, pedir juicio político contra el procurador General de la República por falta de oficio, por falta de cumplimiento a su responsabilidad", dijo.
El legislador perredista ha tomado como suyo el caso del incendio en la guardería, que el próximo 5 de junio cumplirá un año de haber ocurrido, sin que las autoridades federales hayan dado a conocer el resultado de sus investigaciones.
Según Serrano, ese informe es fundamental porque permitirá despejar las dudas sobre una presunta responsabilidad de altos funcionarios y exfuncionarios estatales y federales, como el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcaditas.
En tanto, se informó que tres personas implicadas en el caso de la guardería comparecieron ante la Contraloría del estado de Sonora.
Willebaldo Alatriste Candiani, exdirector de la Unidad Estatal de Protección Civi (UEPC), fue el primero en comparecer. Presentó documentos, con los que se defiende de las imputaciones en su contra.
También acudió al llamado Carlos Jesús Arias, actual director técnico y quien, cuando ocurrió la tragedia, era subdirector general.
Por su parte, el exsecretario de Hacienda del estado, Gilberto Inda Durán, y el exdirector de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales, enviaron a un abogado en su representación.
La Contraloría General de Sonora inició el expediente con base en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en octubre pasado.
Contenía 10 recomendaciones al IMSS, cuatro al gobierno de Sonora y cinco al municipio de Hermosillo, esto con el fin de identificar a los responsables de la tragedia y aplicarles las sanciones legales correspondientes.
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