Los Tecos: aniversario de impunidad

Álvaro Delgado



Al menos seis asesinatos se le imputan en demandas judiciales al clan Leaño, que dirige la Universidad Autónoma de Guadalajara y encabeza la secreta organización ultraderechista de los Tecos. A pesar de eso, nada se ha hecho contra ellos, ya que, a decir de José Antonio Ortega Sánchez, abogado de tres de las familias agraviadas, la PGR no muestra el menor interés en aclarar esos delitos. Las víctimas eran militantes de El Yunque –escindido de los Tecos– y alguien robó sus expedientes en las procuradurías de tres estados...

Al detallar los festejos por el 75 aniversario de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), que incluyó una vasta campaña publicitaria para cambiar su imagen de institución de extrema derecha, el rector Antonio Leaño Reyes pontificó sobre México: “Hoy se viven momentos difíciles: crisis de impunidad, crisis de valores, falta de respeto hacia los demás”.

Pero justamente por este dictamen del rector de la UAG, emitido el 11 de febrero, es que los integrantes de la organización secreta de los Tecos, que jefatura el clan Leaño, no han sido castigados por los crímenes que se les imputan y que son competencia de la Procuraduría General de la República (PGR).

En la averiguación previa SIEDF/CGI/096/2007, iniciada en la PGR a partir de dos denuncias que se presentaron desde 2004, se acumulan evidencias que apuntan a la autoría intelectual de Antonio Leaño Álvarez del Castillo, rector vitalicio de la UAG, y sus hijos Antonio y Gonzalo Leaño Reyes en al menos seis asesinatos.

Se trata de Ramón Plata Moreno, baleado la Nochebuena de 1979 en la Ciudad de México; Jorge Kalfópulos Katzaki y su hijo Cristo Kalfópulos Cuéllar, de 10 años de edad, asesinados el 8 de mayo de 1981 en Guadalajara, Jalisco, poco después del homicidio de Francisco Vaca Morales, así como los de Juan Bosco Rosillo Segura y César Fernando Calvillo García, abatidos a balazos el 22 de noviembre de 1975, en Guanajuato.

Plata Moreno fue el fundador y jefe general de la Organización Nacional de El Yunque –nacida de los Tecos, pero separada, en 1966, por razones político-religiosas– y Kalfópulos era el jefe estatal en Jalisco. Rosillo Segura, César Calvillo García y Vaca Morales eran también militantes de esa cofradía.

Sin embargo, además de la lentitud en las investigaciones de la PGR –de cuyo Consejo Ciudadano en Jalisco fue fundador Gonzalo Leaño Reyes–, los expedientes de los homicidios de Plata Moreno y Kalfópulos, así como los de Bosco Rosillo y Calvillo García, fueron “robados” de las procuradurías de Justicia de los tres estados donde se cometieron.

José Antonio Ortega Sánchez, abogado de las familias Plata, Kalfópulos y Rosillo, acusa a la PGR de no acelerar las investigaciones derivadas de las denuncias presentadas por Lorenzo Lira García, quien fue un prominente operador de los Tecos, y Luciano Ruiz Chávez, fundador de El Yunque, y que a petición suya se integraron en una sola averiguación previa.

“¡Claro que no hay avances, claro que no les interesa! ¡Ese es el problema de este país! No hay voluntad política en esclarecer estos hechos”, expone Ortega sobre los asesinatos en los que están implicados los Leaño, aunque, cauteloso, él prefiere no señalarlos directamente.

“Quien participó en esos homicidios es un ente poderoso, un ente que tiene algunas personas incrustadas en instituciones de seguridad pública y eso ha facilitado, primero, que se roben los expedientes; segundo, que no se haga investigación, y, tercero, que estos hechos, a más de 30 años, permanezcan impunes”, describe Ortega, quien por primera vez expone públicamente el caso que implica a dos organizaciones secretas.

Y al referirse a las declaraciones del denunciante Lorenzo Lira García, quien asegura que los Leaño son los autores intelectuales de los seis homicidios y también ha proporcionado nombres de los autores materiales, Ortega Sánchez afirma:

“Si fueran ciertos los hechos, evidentemente estaríamos enfrentando a una organización criminal, con apoyo institucional de varias personas incrustadas en las instituciones de seguridad pública. ¡Sería muy grave! Por eso sus dichos tienen que ser investigados y corroborados.”



El martirio de Larios



Justamente uno de los dichos de Lira García ya fue comprobado: El secuestro y tortura que sufrió el exdiputado federal Héctor Larios Córdova a manos de miembros de los Tecos cuando era estudiante de la UAG, en 1980, cuyo objetivo era presuntamente que confesara la identidad de los jefes de El Yunque en Jalisco.

En su declaración, rendida el 23 de octubre de 2007 ante Luis Felipe García Reyes, el agente del Ministerio Público Federal, cuando era presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Larios expuso:

“Que al respecto le quiero manifestar a usted que los hechos que se refieren a mi persona, respecto a que fui privado de la libertad dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara y fui sometido a golpes y actos de tortura durante todo un día y posteriormente fui expulsado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sí son ciertos.”

Pero Larios, actual secretario de Gobierno de Sonora, no sólo acreditó el secuestro y la tortura de que fue víctima, sino que procedió a formular querella por estos hechos, “y pido que sean debidamente investigados, aclarados y sancionados”.

Larios se convirtió, también, en coadyuvante en la investigación y nombró como su abogado a Ortega Sánchez, quien cuatro días antes, el 19 de octubre, había entregado al MPF una relación de nombres de los implicados en los homicidios proporcionada por Lira García.

Lira García no fue un militante más de los Tecos: Desde 1965, cuando tenía 19 años de edad, fue cercano colaborador de Carlos Cuesta Gallardo, fundador junto con los Leaño de la UAG y de la organización secreta, y fue el encargado del archivo de inteligencia y responsable de evaluar el ingreso de militantes.

Por encomienda de Cuesta Gallardo, con quien colaboró hasta su muerte en junio de 1985, estuvo a cargo de la infiltración de los Tecos en el Ejército y en la masonería, y él mismo se infiltró en El Yunque por invitación de Juan Francisco Bonequi.

Fue testigo del secuestro y la tortura que padeció Larios Córdova, junto con otro joven de apellidos Santillán Verduzco, a manos de un comando encabezado por Pedro Rodríguez López, quien cumplía órdenes de Gonzalo Leaño Reyes, jefe del servicio de inteligencia de los Tecos, y el padre de éste, Antonio Leaño Alvarez del Castillo, cuyos respectivos seudónimos son “Gustavo” y “Andrés”.

De acuerdo con Lira García, los muchachos fueron llevados al anfiteatro de la Escuela de Medicina de la UAG, donde fueron atormentados por el comando integrado también por Ramón Velasco Sánchez, José Martín del Campo, Eduardo Miranda Ortega, Refugio Durán Muñoz, así como los hermanos Eduardo y José Antonio Fernández Salazar, este último conductor de de noticias de Televisa en Guadalajara.

Otros participantes en los hechos ordenados por Leaño Reyes, director del diario Ocho Columnas, fueron Carlos Montes Martínez, jefe de la “Fuerza de Choque” de los Tecos; el subjefe de ésta, Raúl Ramírez Real, y Arturo López Macías, en ese tiempo organizador de grupos en la “Sección Oriente” de la UAG.

Según Lira García, Larios Córdova reveló la identidad del jefe de El Yunque en Jalisco, Jorge Kalfópulos; del subjefe, Abel Hernández Rosete, y de Francisco Vaca Morales, amigo del exlegislador, a quien le envió una carta para pedirle que rindiera su testimonio sobre estos hechos.

En la carta, Lira García le dice a Larios: “Después de que usted reveló los nombres de los jefes de El Yunque en Jalisco, se vinieron las ejecuciones del Ing. Jorge Kalfópulos Katzaki y de su pequeño hijo Cristo, ejecuciones hechas de la manera más artera y por demás cobarde. Al preguntarle yo a uno de los asesinos, Isidoro Sánchez García, por qué el niño, me contestó airadamente: ‘Nos ordenaron que no hubiera testigos’”.

A este doble homicidio, se sumó el de Vaca Morales, cometido también por Sánchez García: “Según las autoridades, fue un accidente de tránsito, pero en realidad fue una ejecución ordenada por Gonzalo Leaño Reyes con la autorización de su padre”.



Los homicidas



Varios de los participantes en el secuestro y tortura de Larios, según Lira García, también tomaron parte en el asesinato de Rosillo Segura y Calvillo García en el Cerro del Cubilete, el 22 de noviembre de 1975, y en la ejecución de Plata Moreno, el 24 de diciembre de 1979.

En el caso del homicidio de Plata Moreno, quien en 1975 sufrió un atentado que lo llevó al exilio en Estados Unidos, el homicida material fue José Luis Castellanos Orozco, que Lira García describe como “infiltrado en la Sección Segunda de la Policía Judicial Militar” y cuñado del general Rubén Rivas Peña.

Castellanos Orozco, sin embargo, al parecer ya falleció: El 3 de enero de este año, en el obituario que publicó la funeraria Gayosso en el diario El Informador, de Guadalajara, se consignó que sería sepultado en el cementerio de Jardines del Tiempo el “Sr. José Luis Castellanos Orozco”.

En el caso del doble homicidio, Lira García afirma que Leaño Reyes nombró dos comandos: El Estratégico de Acción estaba integrado entre otros por Arturo Velasco Pérez, expresidente de la Asociación de Egresados de la UAG; Dionisio Fernández Salazar, exvicepresidente del equipo de futbol Tecos –que ahora se llama Estudiantes–, y Carlos Montes Martínez.

Y el Comando Ejecutor era dirigido por Héctor Antonio Fernández Lira, cuyos ejecutores directos del doble homicidio fueron los individuos identificados como Peredo y Cheko, como se publicó en Proceso, en noviembre de 2005, al cumplirse 30 años de esos hechos.

La información de Lira García concuerda en varios aspectos con la expuesta en el libro Complot de los Tecos contra la Iglesia, editado un año después del doble homicidio, en 1976, cuyo autor, Pablo Castellanos López, fue presidente de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) y hermano de José de Jesús, representante del gobierno de Guanajuato en el Distrito Federal.

De hecho, ese libro fotocopiado ya forma parte del expediente en la PGR y su autor será llamado a declarar, a petición del propio Ortega Sánchez, quien, con base en la información proporcionada por Lira García, solicitó a la PGR la localización de los personajes involucrados.

En el oficio dirigido al agente del Ministerio Público García Reyes, en el que se le solicita abrir una línea de investigación” por los homicidios de Plata Moreno y Rosillo Segura –“en la que se corroboren o desmientan los datos y las imputaciones directas hechas por el testigo Lorenzo Lira García”–, Ortega Sánchez pide también corroborar la existencia de los implicados en el caso.

Pide a la PGR que solicite datos de 55 personas a dependencias oficiales –cuya información “permita corroborar la veracidad o mendacidad del testigo”–, como el Registro Civil de Jalisco, la Oficina de Licencias, el Registro Público de la Propiedad, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y los archivos de la Dirección Federal de Seguridad…



Reunión en Puebla



Y es que, según el abogado, es preciso verificar la información de Lira García, a quien reunió con José Antonio Quintana Fernández, el sucesor de Plata Moreno en la jefatura general de El Yunque, para buscar desmentir un supuesto contubernio con los Tecos.

La reunión tuvo lugar el 29 de diciembre de 2007, en el Edificio Empresarial de Puebla capital, y supuestamente la reunión sería con María Eugenia Ibarra Baz, la viuda de Plata Moreno, pero en lugar de ella estuvieron, entre otros, Quintana, jefe general emérito de El Yunque; Manuel Díaz Cid, uno de los ideólogos de la organización, y Atanasio Kalfópulos Katzaki.

El encuentro fue ríspido porque Quintana negó que, tras el asesinato de Plata Moreno, haya recibido una carta que le envió Antonio Leaño Álvarez del Castillo justamente con Lira García, quien así lo declaró ministerialmente.

Lira García dijo que, junto con Eduardo Fernández Salazar, se trasladó a Puebla para entregar la carta de Leaño a un “ingeniero Fernández”, quien inclusive le contestó el teléfono y le dio indicaciones para llegar a su domicilio, del que no salió para recibir el sobre.

En una carta que le envió a Quintana, el 3 de enero de 2008, y de la que Proceso tiene copia, Lira García dice que Quintana pretendió intimidarlo para que se retractara, porque insistió que jamás recibió la carta de Leaño, que sí le fue entregada a su esposa y a su hija.

“Le contesté que había declarado que quien recibió el sobre había sido un Ing. Fernández, al que nunca vi yo ni vio Eduardo Fernández Salazar. No salió de su casa, su motivo tendría. Pero se vio su manifiesta cobardía que, aunque no había ningún peligro, puso de escudo a su niña y a su esposa haciéndolas salir por el sobre, pero para mí y para Eduardo lo más grave e impactante fue la angustia de estas dos pobres personas.”

En la carta le reclama a Quintana que anteponga su anonimato y su seguridad a la oportunidad de que las autoridades hagan justicia: “Ingeniero Fernández, ahí están los muertos. Una declaración mía, a la que usted y sus gentes juzgan como mentirosa, no va a desaparecer a los asesinados. Eso hay que dejar que la justicia o las autoridades lo decidan, o en su mejor caso, los parientes y amigos de los ajusticiados y la sociedad entera”.

A la pregunta de Quintana de por qué los Tecos no lo han asesinado, Lira García le dijo que ha sido amenazado y en una ocasión Isidoro Sánchez García y Castellanos Orozco lo secuestraron y lo subieron a un automóvil para exigirle, exhibiendo armas, que desistiera de su conducta, porque de lo contrario lo matarían.

“Le dije a Castellanos: Pase lo que pase yo estoy en lo dicho’. Luego me bajaron del carro. Le dije a usted que había valido mi compadrazgo. Preguntó usted si Castellanos era mi compadre y le contesté que sí. En uno de esos momentos usted dijo que no lo creía, que podía ser una trampa del gobierno.”

Según la narración de Lira García, Quintana le reclamó no haber avisado a miembros de El Yunque del secuestro y tortura de Larios Córdova, y él respondió que el deber de proteger a Kalfópulos y a Vaca Morales era de él como jefe de la organización.

“Por lo tanto, para mí y para otros, usted tiene gran responsabilidad en la muerte del Ing. Kalfópulos y que le hayan quitado la preciosísima vida a su pequeño Cristo. El ingeniero cumplió sus órdenes, era juramentado, su hijo era inocente. A sabiendas de que corría peligro el Ing. Kalfópulos, usted lo mantuvo en el matadero. No me diga o no diga que no se dio cuenta del sacrificio del Ing. Ramón Plata Moreno. Usted, Ing. Quintana Fernández, escuchó la advertencia que les había hecho Antonio Leaño Alvarez del Castillo, el cual (sic) nos comunicó a nosotros su hijo Gonzalo: ‘Fue porque rompieron el pacto’. ¿Quién tiene responsabilidad?”

Por último, Lira García describe la actitud retadora de Quintana: “En forma por demás vulgar, me dijo que tenía hue… y que fue solo a ver a Antonio Leaño Alvarez del Castillo en las oficinas de la Universidad Autónoma de Guadalajara y reclamarle lo del Ing. Ramón Plata. La información que yo recibí por parte de la gente de la oficina es que usted nunca fue solo, y si se entrevistó con Leaño ha de haber sido a escondidas de sus juramentados, previo acuerdo con Leaño y fuera de esas oficinas”.

Al respecto, Ortega Sánchez desestima el choque entre Lira García y Quintana, porque lo relevante es que se puedan seguir acumulando pruebas para esclarecer los asesinatos de militantes de El Yunque a manos de los Tecos.

–Son homicidios que exhiben a organizaciones secretas.

–Eso yo no lo sé. Son hechos graves que afectan a mexicanos intachables y que no han sido esclarecidos, a pesar de que sus familiares han mostrado un interés más allá del que tiene el promedio de los mexicanos. No estamos tapando a nadie. Lo que queremos es la verdad.