Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 6 de abril (apro).- Representantes de la indígena Inés Fernández Ortega, violada por miembros del Ejército mexicano en 2002 en Ayutla, Guerrero, responsabilizaron a los gobiernos de Felipe Calderón y Zeferino Torreblanca, por las amenazas de muerte que han recibido para, afirmaron, obligarlos a desistirse de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde será analizado ese caso el próximo 15 de abril.
En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, y el representante de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera, recordaron que el litigio internacional de Inés Fernández tuvo que ser llevado a la CoIDH después de que “no se encontró justicia en nuestro país, por tratarse de un asunto en el que los responsables son militares”.
En la misma situación se encuentra el caso de Valentina Rosendo Cantú, indígena que también fue abusada sexualmente en 2002 en el municipio de Ayutla, y que será abordado por el máximo tribunal interamericano en mayo próximo.
Ambos casos están estancados en los tribunales castrenses, sin que se haya castigado a los responsables, a pesar de que, en 2009, ambas indígenas identificaron como sus agresores a dos militares, un cabo y un soldado raso, pertenecientes al 41 Batallón de Infantería, señaló Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan.
Durante la conferencia de prensa, Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización Indígena Me ‘phaa (OPIM), activista y traductora de Inés y Valentina, responsabilizó al presidente Calderón de las amenazas que defensores indígenas han recibido “en busca de justicia y castigo para los militares que abusaron de las mujeres”.
Tras las denuncias de los defensores, la CoIDH otorgó medidas provisionales a 107 activistas, luego de los asesinatos, en febrero de 2009, de otros dos defensores indígenas en Ayutla: Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que se sumó a la defensa de Inés y Valentina.
“Entre diciembre y marzo pasado se interpusieron siete denuncias por amenazas contra defensores, víctimas y sus familiares, que se han ido sumando a otro tanto que fue surgiendo desde que empezamos a exigir justicia”, puntualizó Abel Barrera.
Para el director de Tlachinollan, no hay duda de que los actos de intimidación “tiene como objetivo obligar a las víctimas a desistirse en su afán de justicia, porque los mensajes son muy claros: todos exigen que se deje de denunciar al Ejército, y contra esas amenazas no hay respuesta del Estado mexicano a pesar de la intervención de la CoIDH”.
Como ejemplo del persistente hostigamiento, Barrera Hernández recordó el caso de Obtilia Eugenio Manuel, quien a pesar de que contar con medidas cautelares desde 2003, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y estar incluida en la lista de los 107 activistas beneficiados por la CoIDH, “ha soportado la fuerza del Estado en su búsqueda de justicia. No se le dan garantías ni se ha castigado a los responsables, uno de ellos plenamente identificado como exintegrante del Ejército”.
Vidulfo Rosales apuntó que, al no aplicarse las medidas provisionales dictadas por la CoIDH, que implican no sólo la protección, sino la investigación y castigo a los culpables de los actos de intimidación, “el presidente Calderón es responsable como representante del Estado mexicano de que no se de cumplan los tratados internacionales que lo obligan a proteger a los defensores. Son convenciones vigentes que no ha cumplido”.
Agregó que la responsabilidad de lo que ocurra contra activistas y las víctimas de casos en los que están involucrados militares, también es compartida por el gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo.
Por su parte, Alberto Herrera señaló que las agresiones contra las indígenas Inés y Valentina “no son hechos aislados. Los abusos cometidos por elementos del Ejército mexicano se cometen de forma sistémica, en la que las autoridades civiles remiten los casos de abusos a la Procuraduría de Justicia Militar, lo que es un cheque en blanco para la impunidad”.
Herrera puntualizó que los casos de Inés y Valentina “forman parte de un contexto generalizado de impunidad en Guerrero, así como de la militarización y de sus consecuencias en contra de las comunidades”.
El representante de AI señaló: “Debe preocuparnos como país que la CoIDH tenga que intervenir para que haya justicia, porque en México no la hay, mucho menos tratándose de casos en los que están involucrados militares”.
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