Complicidad con Molinar Horcasitas
Todos prometieron, todos encubrieron
Carlos Fernández-Vega
Tan dado a comentar jocosamente los temas del día, justificar sus errores e incapacidades y achacar a terceros los pésimos resultados de su gobierno –como algunos le llaman–, ayer el inquilino de Los Pinos cerró el micrófono y guardó riguroso cuan cómplice silencio en torno al pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, los principales responsables de tan negro acontecimiento, entre ellos Juan Molinar Horcasitas, por él designado secretario de Comunicaciones y Transportes e inmediatamente antes director del IMSS. Tampoco se pronunció Margarita Zavala, la que, descubierta la participación de su parentela en la subrogación de la guardería incendiada, declaró que la relación familiar nunca debe estar por encima de la ley, por lo que la investigación debe esclarecer lo sucedido, así como deslindar las responsabilidades correspondientes”.
Se trata del mismo personaje, Calderón, que pocas horas después del trágico suceso en la capital sonorense se comprometió a “investigar a fondo” y presentar a los responsables ante las autoridades judiciales, bajo la premisa del “caiga quien caiga”. Corrió el tiempo y muy mal hizo la chamba, como es bien sabido, porque la “investigación a fondo” en los hechos no fue más que la protección a ultranza de parientes y amigos involucrados en el caso, mientras en la tienda de enfrente Eduardo Bours –otro de los responsables, de acuerdo con el informe de la SCJN– hacía lo propio para cubrir a los suyos. En silencio, pues, el inquilino de Los Pinos mantiene la cobertura de y la complicidad con Juan Molinar Horcasitas, por mucho que el máximo tribunal del país lo señale como responsable de violar garantías individuales.
En cambio, este último personaje, un politólogo que despacha como secretario de Comunicaciones y Transportes, sí abrió el micrófono, aunque para decir las sandeces que acostumbra, y desde Madrid mandó el recado: que no deja el hueso que le entregó Felipe Calderón, que se queda en el puesto y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está rotundamente equivocada porque, dice, la contratación de servicios en la guardería ABC “se hizo tal como se estipulaba legalmente”, por mucho que el máximo tribunal del país sostenga que documentó abierta ilegalidad en la subrogación del sistema de guarderías del IMSS, irregularidades e incumplimiento de la normatividad por doquier, y desorden generalizado en el otorgamiento de contratos, operación y vigilancia en el sistema nacional de guarderías del IMSS, entre ellas la ABC de Hermosillo. Muchos son de la idea de que Juan Molinar Horcasitas debe renunciar “por dignidad”, pero no toman en cuenta que de tiempo atrás este personaje borró ese término de su diccionario ético.
Más rápido que el anterior emitió un comunicado el ex gobernador de Sonora, el que duerme “como niño” (sobre todo después del incendio en la ABC), el huevero y pollero Eduardo Bours, el mismo a quien la Suprema Corte de Justicia de la Nación responsabiliza, junto con Molinar Horcasitas y otros funcionarios de menor nivel, del incendio de la citada guardería y de violación de garantías individuales, entre otras cosas. Pues bien, el empresario metido a político –que en su administración metió a toda la parentela al presupuesto– desempolvó la cantaleta que desde el 5 de junio de 2009 repitió un día sí y el otro también: “a las diferentes instancias le corresponden distintas responsabilidades, a unos cumplir con la vigilancia de las normas de protección civil, al gobierno del estado en lo referente a la bodega, tal y como establece la ley estatal y a otros velar por las normas de seguridad de la guardería”.
Y el cándido director del IMSS, sucesor y guardaespaldas de Molinar Horcasitas, el mismo que poco después del incendio en la ABC de Hermosillo declaró que “nos sumamos a la demanda de justicia y castigo a los culpables” y “en el deslinde no debe hacer distingos, ni de relaciones políticas o familiares”, no atinó a decir más que acatará “totalmente la resolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la investigación del incendio ocurrido el pasado 5 de junio en la guardería ABC de Hermosillo y se aplicará la ley, sea quien sea el responsable”.
Ése es el triste panorama: todos los citados prometieron, pero ninguno actuó; todos anunciaron “profundas investigaciones” y sólo encubrieron; todos presumieron legalidad, y la SCJN les demuestra que todo fue ilegal, de tal forma que la duda se mantiene. ¿Qué sigue?
En vía de mientras, va un rápido recuento, documentado por la Auditoría Superior de la Federación sobre los excesos cometidos por funcionarios en el jugoso negocio de catalogar a los niños de los trabajadores como simple mercancía: la subrogación de guarderías del IMSS en su mayoría se otorgó por adjudicación directa (a partir de 2008 por “licitación”); de 1998 a 2002 las guarderías propiedad del instituto reportaron un decremento de 7.3 por ciento, y las subrogadas un incremento de 175.4 por ciento, “aun cuando este esquema carece de sustento legal”.
En el muestreo de guarderías subrogadas se documentó que en 39 por ciento de esos centros se obtuvieron resultados inferiores al parámetro establecido por el IMSS, el cual indica que el 100 por ciento de los niños atendidos en las estancias infantiles deben contar con las vacunas del esquema básico. En cuanto a la atención de menores con discapacidad, se detectó que 43 por ciento de las guarderías visitadas no se ajustan a lo establecido en la ley, ya que eluden la incorporación de menores con capacidades no dependientes y no asociadas: el IMSS aplica con discrecionalidad las cuotas de subrogación, en contravención de lo dispuesto legalmente. Se detectaron servicios subrogados sin licitación ni contrato; pagos injustificados y falta de evidencia de la recepción de los servicios; se adjudicaron servicios a prestadores que no cumplen con los requisitos para la instalación de guarderías, o bien que no presentan la documentación solicitada en las bases de licitación; existe controversia en la normatividad vigente para la prestación de dicho servicio, por lo que los servicios no se están realizando en las mejores condiciones de calidad y precio.
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