Fabiola Martínez, Roberto Garduño, Enrique Méndez y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de marzo de 2010, p. 7
El gobierno federal “aportará todos los elementos necesarios” para la valoración de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la guardería ABC, aseguró ayer por la noche la Secretaría de Gobernación en un comunicado.
Destacó que el informe preliminar que la comisión investigadora de magistrados rindió el lunes pasado “es resultado de su encomienda y no representa la resolución final del caso, sino parte del procedimiento”.
El grupo parlamentario del PRD en San Lázaro exigió la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, por su responsabilidad en una de las peores tragedias ocurridas en el país en 50 años.
Alejandro Encinas, coordinador de los diputados del PRD, argumentó que el funcionario calderonista dejó de ser confiable en cualquier posición donde lo ubique el Ejecutivo federal.
“De la resolución de la Corte se desprende, indudablemente, una responsabilidad. Es negligencia criminal que llevó a la muerte a decenas de niños en Hermosillo, Sonora. Juan Molinar debe ser sujeto a investigación, a proceso político y penal.
“No debe haber presunción de inocencia cuando hay hechos claramente identificados, donde se ha fincado responsabilidad. Y, por supuesto, el Ejecutivo federal tiene que responder por los funcionarios que él designó.”
Defensores de derechos humanos consideraron positivo el informe, porque señala como responsables de la tragedia al ex mandatario estatal Eduardo Bours y al ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social Juan Molinar Horcasitas.
Miguel Sarré, académico del ITAM especialista en derechos humanos, sostuvo que “crea un precedente muy importante en el tema de la responsabilidad de los superiores, no sólo por lo que hacen, sino por lo que dejan de hacer, lo que debieran saber y lo que debieran intervenir y actuar y no lo hacen. Es un paso muy significativo si los ministros resuelven en el sentido como va el dictamen”.
Señaló que el hecho de que la resolución final de la Corte no sea vinculante es poco trascendente, debido a que esta recomendación del tribunal tendrá un impacto político y jurídico relevante.
La representante adjunta en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Liliana Valiña, resaltó que las conclusiones de la comisión de la SCJN son fundamentales en términos de derecho a la verdad.
Indicó que si los ministros avalan estas conclusiones, el siguiente paso será luchar contra la impunidad para que los hechos sean sancionados. “Si hay un caso donde hay una serie de violaciones y hay responsabilidad de funcionarios públicos, se necesita que a quienes corresponde la investigación y sanción de responsables avancen con condenas efectivas contra estos funcionarios.”
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, aseveró que los resultados de la investigación de magistrados dan sustento “a lo que era convicción desde el inicio: tras la muerte de los niños hay corrupción, incumplimientos de las obligaciones del Estado en materia de protección y la enorme deficiencia que se convierte en complicidad de las procuradurías General de la República y estatal”.
Destacó que las conclusiones de la comisión investigadora de la Corte revelan lo que desde el principio tuvieron que hacer los órganos –federal y estatal– de procuración de justicia. “Al no ser así se tuvo que recurrir a los mecanismos extraordinarios, en este caso la SCJN, porque los ordinarios, que deberían hacer su tarea, no están sirviendo. Esto nos coloca en una realidad de un camino muy largo y tortuoso para llegar a la justicia.”
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