El asalto a la razón
Carlos Marín
2010-03-11•Al Frente
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A las seis de la tarde del martes, Aurora Tapia Tovar, de 81 años, fue llevada a Urgencias del hospital del ISSSTE Darío Fernández. Pese a constar que tenía programadas dos citas próximas, a su familia se le reclamó el último talón de pago y se le reprochó que el carnet (expedido por la institución) tenía “faltas de ortografía”: no estaba registrada.
Casi tres horas después nadie le había hecho una evaluación (siquiera superficial), como tampoco a los 25 o más urgidos de atención que esperaban desde la una de la tarde.
Poco antes de las nueve de la noche se logró que una enfermera se acercara. Le tocó la yugular, y Aurora ya estaba muerta.
Vivillo en cambio, el doctor Juan Octavio Monroy González negó la salida del cadáver, advirtió que debía intervenir el MP, y ofreció el “apoyo” de una “ambulancia del ISSSTE” y un “gestor de trámites”… que resultaron ser carroza y agente de la funeraria particular San Sebastián (Adrián Piedras Rodríguez), quien cobró tres mil 600 pesos para evitar la oprobiosa autopsia y conseguir que la familia recuperara el cuerpo de Aurora.
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