Patricia Dávila
CIUDAD JUÁREZ, Chih., 16 de marzo (apro).- El presidente Felipe Calderón admitió hoy que la situación de violencia en esta ciudad fronteriza está “lejos de ser buena”, y se complica con el reciente asesinato de tres personas vinculadas al consulado de Estados Unidos.
En su tercera visita a esta ciudad en lo que va del año, Calderón reconoció que el triple homicidio del sábado anterior le da una “dimensión internacional” al tema de Juárez.
En tanto, el embajador estadunidense Carlos Pascual aclaró que ningún oficial de las agencias de ese país llevará a cabo operativos en México.
En una visita al Consulado de Estados Unidos en Juárez, Pascual advirtió que el gobierno estadunidense seguirá colaborando con el mexicano para acabar con el poder del crimen organizado.
Al encabezar la reunión denominada “Todos somos Juárez. Reconstruyamos nuestra ciudad”, Calderón sostuvo que “el problema del narcotráfico en México y en Estados Unidos es un problema binacional, que tiene origen en el consumo de drogas en Estados Unidos y el tráfico de armas, pues los criminales se dedican a exportar armas a través de El Paso, Texas”.
Sin embargo, el discurso presidencial detonó el encono de los organismos civiles presentes en el encuentro:
“Señor presidente –advirtieron--, no regrese a la Ciudad de México con la idea de que las cosas van bien en Ciudad Juárez. ¡No! Las cosas no van bien, desde su última visita han ocurrido cosas terribles: una mamá fue asesinada durante un juego de beisbol, frente a sus hijos, y tres estadunidenses han sido asesinados”, señaló Miguel García, de la organización Observatorio Ciudadano.
En seguida, cuestionó a Calderón: “¿Es posible ganar una guerra así como está planteada? Porque ni el Ejército más poderoso del mundo ha salido airoso en terrenos urbanos. ¿No será posible replantear la estrategia?, cuestionó Miguel García.
Y argumentó: “No tenemos bien identificado al enemigo y, por si fuera poco, la coordinación que usted dijo que habría entre los tres niveles de gobierno, en materia de seguridad, no está funcionando”.
Entonces, una voz interrumpió: “Acabo de recibir una llamada de Pablo Cuarón --empresario local y candidato al gobierno de Chihuahua por el Partido Acción Nacional--; me dijo que su hijo aún está secuestrado, que es falso que la Policía Federal lo haya rescatado”.
Pablo Cuarón, quien lleva el mismo nombre de su padre, fue secuestrado hace una semana, dos horas antes que se cerrara el registro de las precandidaturas.
“No sabemos si es un hecho aislado o una señal”, advirtió el interlocutor a Felipe Calderón.
También Dora Esther Dávila, de la organización Salud y Bienestar Comunitaria, increpó al mandatario:
“No estamos mejor, señor presidente. Le pedimos que no se vaya con esta idea. Han sucedido cosas terribles. Sufrimos cada vez más de cerca los secuestros, las ejecuciones, los cobros de derecho de piso y, por si fuera poco, la violación a los derechos humanos por parte del Ejército y de la Policía Federal. No queremos ese tipo de combate que considera a nuestros jóvenes como delincuentes”.
La señora Dávila se sumó así a la queja del representante de la mesa de Seguridad, Arturo Valenzuela Zorrilla, quien al inicio del encuentro informó al presidente que la situación de crisis no se está atendiendo.
Otra queja que recibió Calderón es que el proceso de selección para formar parte de las mesas de trabajo está siendo excluyente, ya que no tomaron en cuenta a investigadores e integrantes de muchas ONG de Juárez.
Por su parte, el gobernador José Reyes Baeza conminó a los secretarios de Estado a consensuar las cifras con los integrantes de cada una de las mesas, antes de exponerlas como conclusiones, sobre todo en la mesa de Seguridad.
Y añadió, en clara alusión a las críticas en contra del trabajo de Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF): “Si uno no es digno de seguridad, busquemos su salida”.
El gobernador aseguró que existe un grupo (cártel) “que quiere desestabilizar a las instituciones”.
Por su parte, Calderón insistió en defender las estadísticas presentadas por García Luna sobre la captura de 28 secuestradores.
Además, condenó nuevamente los asesinatos de jóvenes y adolescentes en Villas de Salvarcar, así como el homicidio de tres personas relacionadas con el consulado de Estados Unidos en esta ciudad.
Al respecto, reiteró su compromiso de esclarecer los hechos e investigar para llevar a los responsables ante la justicia:
“Desde aquí quiero expresarle mi más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros, al gobierno al que servían, deseando sinceramente que puedan encontrar pronto el consuelo en momentos tan difíciles y, desde luego, comprometiendo nuestro común esfuerzo junto con el gobierno del Estado y el de la ciudad para esclarecer estos crímenes, y buscar y perseguir a los culpables”, señaló.
Acompañado de su esposa, Margarita Zavala, Calderón destacó que no sólo se deben fortalecer los mecanismos de justicia y seguridad en Juárez, sino cambiar las condiciones de pobreza y marginación, que consideró campo fértil para el crimen y la violencia.
“Quiero decirles que cada vida que se pierde, para mí es importante; que cada juarense que fallece nos duele, nos preocupa y nos importa. Que Juárez, con sus problemas, con la terrible problemática que enfrenta, no está solo; que Juárez está en el corazón de todo México; que Juárez es hoy una ciudad donde todos nos sentimos representados y dolidos; que todos somos Juárez, y por eso trabajaremos sin descanso hasta reconstruir Ciudad Juárez para México”.
Calderón anunció que, como parte de la estrategia “Todos somos Juárez”, hoy se incorporan 25 mil familias al Programa Oportunidades Urbano.
Además, instó al gobierno estadunidense a seguir colaborando y poner un alto al tráfico transfronterizo de drogas, armas y dinero ilícito, así como a asumir su corresponsabilidad en ese combate, "cada quien desde su territorio".
A esta plaza, disputada por el cártel de Juárez y el de Sinaloa, el presidente llegó en medio de un fuerte dispositivo de seguridad desplegado 24 horas antes de su llegada.
Calderón estuvo custodiado por cerca de 11 mil efectivos, entre soldados y policías federales, estatales y municipales.
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