Serpientes y Escaleras
09 de marzo de 2010
Así quedan los cuatro personajes involucrados en el lamentable episodio de “la cartita de la ignominia”, que mostró la real dimensión de nuestra clase gobernante y confirmó de paso que, parafraseando a El Vasco Aguirre, lo que nos tiene “jodidos” en este país es que, sea en asuntos públicos, de empresa privada, de deporte, religión o cualquier otro ámbito, prevalecen siempre los intereses de unos cuantos, grupos o élites que, con tal de cuidar sus particulares ambiciones o ganancias, sacrifican y pasan por encima de la sociedad, llámense electores, consumidores, feligreses, público, etc.
Ni siquiera es nuevo que nuestros políticos —panistas, priístas, perredistas o de cualquier signo— pacten y negocien, las más de las veces de manera oscura o poco clara, las más de las veces para usufructuar recursos públicos o permutar canonjías por votos electorales y del Congreso. Lo novedoso es la torpeza e ingenuidad mostrada por quienes, no conformes con armar y participar en las turbias negociaciones —aumentar impuestos a la población a cambio de no alianzas políticas— decidieron ponerlo por escrito y firmar su artero pacto.
¿A quién se le ocurrió tamaña idiotez? Las explicaciones pueden variar. Hay quienes dicen que Carlos Salinas se lo sugirió a su pupilo Enrique Peña Nieto y que éste le pidió a Beatriz Paredes acompañarlo en la torpeza; otros sugieren que la idea fue del abogado Fernando Gómez Mont, acostumbrado a los contratos legales; lo cierto es que detrás de la ocurrencia está la desconfianza manifiesta de los priistas en el gobierno de Felipe Calderón y en los calderonistas.
Entre los dirigentes y los gobernadores del PRI es común oír la queja: “estos cabrones no tienen palabra, no cumplen los acuerdos”, refiriéndose a negociaciones que han hecho y que han sido incumplidas por la actual administración. Esos mismos priístas afirman, convencidos, que “sólo hay un panista con palabra: Diego Fernández de Cevallos”.
Es probable entonces que, cuando Calderón le ordenó a Gómez Mont que buscará a como diera lugar el voto de los priístas para aprobar su paquete económico, con todo y el impopular aumento al IVA, el titular de la Segob se haya encontrado con la desconfianza de los priístas, particularmente con la de Peña Nieto que, junto con otros gobernadores, aceptó usar su fuerza en la Cámara de Diputados para aprobarle el incremento de impuestos a Calderón.
Y ahí surgió la condición: “Como no le creemos a Nava, que lo ponga por escrito y lo firme”. Pudo ser que a Peña Nieto se lo sugirieron o que a él se le ocurrió —él firmaba compromisos de campaña ante notario—, lo que no se entiende son dos cosas: la primera, qué hacía ahí Beatriz Paredes, una política que seguro había hecho en su larga trayectoria 100 acuerdos como ese, pero sin papelito ni firma de por medio, y quién decidió publicar ese documento y con qué fin: porque al filtrarlo y reconocerlo el más dañado no es Nava, que ya tenía al PAN incendiado y dividido por las alianzas, sino quién queda como un político inseguro, ingenuo y torpe, dispuesto a negociar al pueblo; y ese es el aspirante presidencial mejor posicionado.
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