En 2000-2009, crecimiento exponencial en el pago de sueldos a funcionarios: expertos

Prevalecen opacidad, discrecionalidad, corrupción e impunidad en el uso del erario


El deterioro social y económico del país obedece a la falta de rendición de cuentas, señalan en foro

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Viernes 26 de febrero de 2010, p. 15
De 2000 a 2009 se ha registrado un “crecimiento exponencial” en el pago de sueldos a funcionarios federales y estatales, además de que prevalece un “alto índice de discrecionalidad, opacidad, corrupción e impunidad” en el ejercicio de los recursos del erario, incluyendo el manejo de la deuda pública y de fondos y fideicomisos.

Coincidieron en lo anterior directivos del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Ernesto Pardinas; del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), Luis Foncerrada; de la Facultad de Economía de la UNAM, Leonardo Lomelí, y de Fundar, centro de análisis e investigación, José María Marín.

Al participar en el foro Propuestas para una efectiva transparencia presupuestaria, organizado por los institutos de Acceso a la Información Pública (IFAI) y de Transparencia del DF (Info-DF), advirtieron que el deterioro social y económico del país obedece en buena parte a la falta de rendición de cuentas en el ejercicio de los presupuestos federal y los asignados a estados y municipios.

Incluso, la presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, dijo que pese a la promulgación de la Ley de Transparencia –en 2003–, el país registró en años recientes una caída significativa en los indicadores internacionales de corrupción (17 lugares), competitividad (8), transparencia presupuestal (2) y rendición de cuentas.

El director del área de finanzas públicas y buen gobierno del Imco advirtió que los problemas políticos en las entidades “son la punta del iceberg de una crisis fiscal en el país”.

Dicha crisis –dijo– se generó en parte por el “incremento exponencial en los gastos de la nómina” en todos los niveles de gobierno, aunque lo más grave ocurre en estados y municipios.

Pardinas detalló en entrevista: “En el gobierno federal se registra una proliferación de direcciones adjuntas. ¿Para qué, si hay una oficina expresa con el cargo de dirección? Por ejemplo –precisó–, en la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, a cargo del yerno de Elba Esther Gordillo, se da una explosión de direcciones adjuntas”. De ello no informa el gobierno federal de manera consistente.

En su ponencia, Pardinas enfatizó que en Tabasco, Veracruz, Jalisco y Michoacán se vive “una crisis fiscal en potencia por el enorme crecimiento de los salarios a la burocracia”, pero hay una caída en el gasto dirigido a obras públicas. Señaló que “en Tabasco subió 36 por ciento el gasto en salarios a la burocracia y cayó 40 por ciento la inversión en infraestructura”.
Otros casos son Guerrero, que cerró oficinas administrativas por falta de recursos, y los conflictos políticos de Oaxaca, a partir de 2006, cuando el magisterio exigió homologación de salarios. En cambio, de último momento el Congreso de la Unión aprobó al estado de México mil 500 millones de pesos para carreteras (el triple de lo que pidió), cuando hay otras prioridades, como la reparación del canal de la Compañía, que en días recientes se desbordó en Chalco, lo que ya había ocurrido desde la presidencia de Ernesto Zedillo.

“Si no ponemos un alto a la forma en que se distribuye el gasto público en los estados se anticiparán muchas crisis en el país”, advirtió.

Tras cuestionar la poca claridad en el rubro de gastos personales en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y otras dependencias, refirió que Jalisco desglosa mejor los datos de la deuda pública que el gobierno federal. “No hay siquiera un mapa de la deuda pública del país”. De no aclarar esos rubros, “continuará el gasto sin saber cómo y para qué”, pero tal situación ocurre porque “se responde a intereses políticos”.

Foncerrada, director general del CEESP; Lomelí, de la UNAM, y Marín, de Fundar, coincidieron en que la aplicación del presupuesto está desvinculado a las prioridades del país, y persisten la “opacidad, la impunidad, la discrecionalidad y la falta de mecanismos de control efectivo”.

Foncerrada exigió que “se diseñe un modelo de presupuesto donde haya castigo y responsabilidad a quien ejerza el gasto”, y desaparezca la Función Pública (SFP) porque “no hace su trabajo. Sería mejor adquirir el software que usa el gobierno de Estados Unidos para dar a conocer cada centavo que del presupuesto se asigna a programas, proyectos y grupos de ese país”, sugirió.