Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 23 de febrero de 2010, p. 33
En los tres años de gobierno de Felipe Calderón las familias que viven en el campo han visto reducido su poder adquisitivo 44 por ciento. El deterioro es tal, que el número de agricultores que “no pueden comprar la canasta básica asciende a 28 millones 280 mil, y quienes medianamente lo hacen son muy pocos: apenas 4 millones”.
La investigación Pobreza, marginación y remesas en México, elaborada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, detalla que en 2009, de 33 millones de personas que estaban en el medio rural, sólo 8.5 millones se encontraban ocupadas en actividades agrícolas y ganaderas.
Inclusive, del total de la población rural 35 por ciento no percibe ningún ingreso por su trabajo, es decir, 11 millones 615 mil personas, y 24 por ciento recibe hasta un salario mínimo (entre 55 y 57 pesos al día), lo cual equivale a casi 8 millones de productores.
El análisis, elaborado por los investigadores David Lozano Tovar, Luis Lozano Arredondo y Jaime Vázquez, indica que los problemas de los campesinos para llevar alimento a su mesa son cada vez mayores. El deterioro de los niveles de empleo e ingreso entre la población rural se ha traducido en serias dificultades económicas para esas familias, por lo cual las remesas han sido el proceso para contener los efectos de la política económica nacional, afirma.
Puntualiza que del total de gente que labora en el agro, 27.9 por ciento, es decir 8 millones 421 mil personas, ganan hasta dos salarios mínimos, o sea, poco más de 110 pesos por día. Sólo 7 por ciento de ellas, unas 2 millones 112 mil, tienen ingresos hasta por 250 pesos, y apenas 6 por ciento obtienen recursos superiores a esa cantidad.
Ante ese panorama, la salida que han encontrado millones de mexicanos es dejar tierras y familias para emigrar a las ciudades o hacia Estados Unidos. “El fenómeno de la migración en las comunidades rurales se ha incrementado 41 por ciento en los últimos seis años, y a ello también ha contribuido la actual política para el campo, el empeoramiento de la crisis agrícola, la baja en los precios de los productos y el encarecimiento de los insumos para el agro”, expone el documento.
Resalta que esa situación ha generado una incremento de la cartera vencida en el sector, que llega a 34 por ciento del total de créditos, y se agrava por la falta de financiamiento en 2009, así como por la quiebra de innumerables negocios. Ello abrió las puertas a la especulación en diversos sectores productivos, así como a la importación por los grandes corporativos y cadenas de supermercados.
La investigación expone que, a pesar de las constantes movilizaciones por la reivindicación de los derechos agrícolas locales y regionales, “no se ha mostrado interés genuino por solucionar esas problemáticas por el gobierno federal”, y la salida de campesinos sólo se ha frenado por la falta de empleo en Estados Unidos.
“Esto es porque ante ese oscuro panorama una de las formas que han utilizado las familias del campo –aunque también las de las ciudades– para detener el continuo deterioro de sus condiciones de vida ha sido emigrar de sus comunidades y enviar recursos a sus hogares. Únicamente de 1995 a 2000 el número de hogares que se mantienen por remesas pasó de 600 mil a 1.2 millones.”
Para 2005 esa cifra casi se cuadruplicó: 4.1 millones de hogares. Y para agosto de 2007, casi 10.8 millones de mexicanos que vivían en el país vecino enviaron casi 23 mil millones de dólares, “buscando así compensar el desempleo y el bajo ingreso de sus familias”.
De esos recursos, 78 por ciento eran para alimentos, renta y salud, y sólo 2 por ciento para mejoras de vivienda o instalación de negocios. Pero ya en 2009 la proporción cambió: 81 por ciento fue para adquirir alimentos, pagar renta y cubrir gastos por salud. Ya no hay nada para mejora de casas.
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