Ante las modificaciones legales en 17 estados de la República que defienden
al producto de la concepción por encima de los derechos de las mujeres,
un grupo de ellas presentó peticiones ante el organismo internacional.
NotieSe | El representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, Magdy Martínez Solimán, respaldó las peticiones que 860 mujeres en edad reproductiva de siete estados de la República presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por considerar que las reformas constitucionales que protegen la vida desde el momento
de la concepción o fecundación, violentan sus derechos humanos.
Estas mujeres argumentan que a escala nacional no existen las instancias ni los mecanismos adecuados que les reconozcan el goce de garantías frente a los ataques a sus derechos humanos, por lo que decidieron recurrir a la justicia internacional.
Hasta el momento, 17 entidades han aprobado leyes que protegen al producto de la concepción por encima del derecho de la mujer. Estos estados son Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.
En conferencia de prensa, el funcionario opinó que dichos cambios a las leyes locales contra la interrupción legal del embarazo (ILE) limitan los derechos de las mujeres y son un riesgo para la salud, por lo que expresó un llamado para que México “mantenga el alto nivel de compromiso en relación con los documentos internacionales” y que no se olvide de los convenios que ha firmado en la materia.
La Organización de las Naciones Unidas hace un llamamiento a legisladores y legisladoras, gobernadores y gobernadoras de los estados, para que no manden a más mujeres a la cárcel, para que sigan manteniendo a México entre los países modernos que respetan los derechos de las mujeres”, dijo Martínez Solimán.
Las peticiones de las mujeres, representadas por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la organización Litiga OLE (Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos), se sustentan en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a la existencia digna para elegir su proyecto de vida, a la integridad personal, el derecho a la vida privada relacionada con las libertades de conciencia y pensamiento e igual protección ante la ley sin discriminación alguna, y en la Convención de Belem do Pará, que avala a las mujeres una vida libre de violencia, incluida la institucional.
La CIDH ya recibió las peticiones y después decidirá si emite una recomendación al gobierno mexicano. Si éste no cumpliera con la recomendación, las peticiones se remitirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si ésta definiera que las reformas locales violan los derechos humanos de las mujeres, el Estado mexicano sería conminado a anular tales reformas.
Los efectos de la penalización del aborto son cada vez más visibles, dijo en su intervención Diana Ibarra, de Quintana Roo. Lamentó que en el municipio de Playa del Carmen se les pida una receta
a las mujeres para que puedan adquirir la anticoncepción de emergencia.
Las 860 mujeres que acudieron a la CIDH son de Colima (43), Morelos (120), Sonora (176), Quintana Roo (27), Guanajuato (57), Durango (274) y Puebla (163).
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